La Defensoría del Pueblo anunció que presentará queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al gerente del Fondo Nacional de la Salud para la Población Privada de la Libertad, por la gravedad de la crisis sanitaria y de medicamentos en las cárceles del país.
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Además, esta entidad informará a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación los hallazgos de las visitas humanitarias las distintas regionales de la Defensoría para que se revise el manejo de los recursos asignados y la actuación de los funcionarios responsables.
La Defensoría recordó que a partir de 2014 el Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad la atención de los pacientes en calidad de reclusos.
La entidad aseguró que pese a que los recursos del Fondo están siendo manejados por las fiduciarias Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A.,contratadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), “el panorama es completamente desalentador y refleja a juicio de la Defensoría, la indolencia con una población que pese a su condición de estar privada de la libertad, tiene en todo caso unos derechos fundamentales”.
Según la entidad, estas falencias se reflejan en los registros oficiales, los cuales advierten cómo por ejemplo por cada 496 internos apenas hay un médico disponible.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo pidió reportes sobre algunos aspectos puntuales relacionados con la asistencia sanitaria en las prisiones, y encontró que de los 134 establecimientos que respondieron, el 55 % no cumple con el suministro de medicamentos, más del 83 % no lo hace frente al aprovisionamiento de insumos médicos y el 88 % no aplica los protocolos para la recolección de residuos hospitalarios.
La Defensoría aseguró que estos factores, sumados al represamiento en los procedimientos solicitados, generan un detrimento de la salud, la integridad y la dignidad de casi 10 mil pacientes oficialmente registrados.
De estos pacientes, la entidad manifestó que 4215 personas padecen hipertensión arterial, 2.084 son pacientes psiquiátricos, 1112 están diagnosticados con diabetes, 611 con VIH, 312 tienen complicaciones cardiovasculares y 251 sufren tuberculosis.
Además, la entidad constató que una parte de las cárceles de San Andrés, Bellavista, Girón, Cúcuta, Melgar, Popayán, Villahermosa, Jamundí y La Modelo de Bogotá; el personal médico contratado por el Fondo no ha recibido el pago de sus honorarios.
Es así como la entidad conoció que IPS GIH, encargada de la asistencia en salud y el suministro de medicamentos para los internos con patologías siquiátricas, elevó esta semana un requerimiento al Fondo para exigir el pago de los honorarios, para evitar la suspensión en la prestación del servicio.
En lo que tiene que ver con los medicamentos, la Defensoría aseguró que la situación es igualmente crítica, particularmente en las cárceles del Meta, Antioquia, Chocó, Magdalena, Cauca, Norte de Santander y San Andrés.
Esta situación se agrava, según la entidad en aquellos centros de reclusión donde hay pacientes con enfermedades de alto costo como el VIH, lo cual sucede por ejemplo en la Penitenciaría de Acacías y la Cárcel Modelo de Bogotá, donde de los 51 pacientes diagnosticados 45 no reciben los antiretrovirales desde hace más de tres meses.
Asimismo, la entidad anunció que solicitará a la Corte Constitucional que reasuma la competencia para revisar el cumplimiento de la sentencia sobre el tema carcelario, para que se adopten decisiones de fondo ante el incumplimiento de lo que las autoridades han exigido.
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