En Cajicá, Cundinamarca, se gastaron $3.117 millones para construir tres aulas de clase. La cifra, aunque alta, es mucho más alarmante cuando se hace el cálculo y se establece que, con esa misma plata, los contratistas pudieron haber terminado 21,3 salones, es decir, solo hicieron el 14 % de lo que pudieron lograr.
A esta conclusión se puede llegar luego de revisar el costo que estableció el Conpes 3831 del 3 de junio de 2015, el cual indicó que cada aula de clase podía valer hasta $146 millones, según el documento.
Esta es la denuncia que dio a conocer la Contraloría General de la República, luego de realizar una serie de indagaciones alrededor de la construcción de aulas de clase en el país, tras conocer reportes y denuncias de juntas de padres de familia, rectores y de los propios alcaldes y gobernadores en los que se veía el flojo panorama de estos proyectos, que se cumplen a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FIE), que hace parte del Ministerio de Educación.
El informe del organismo de control indica que este capítulo se puede convertir en un nuevo carrusel de contratación, como el que afectó a Bogotá en 2007, el cual representó un detrimento patrimonial de al menos $2,2 billones.
¿Qué pasó?
De acuerdo con el organismo de control, el panorama es tan crítico que los dolientes debieron interponer acciones de tutela en el caso de Boyacá, donde, de acuerdo con Carlos Amaya, gobernador de este departamento, los estudiantes deben estudiar en casas y recibir su alimentación escolar hasta en el piso.
Amaya, además, muestra su preocupación porque en 2016 “hicimos un gran esfuerzo al comprometer vigencias futuras por casi $30 mil millones para la contrapartida para la construcción de 28 colegios” en este departamento, bajo la premisa de que “nos dijeron que éramos ineficientes en la ejecución de este tipo de proyectos”, pero, por lo visto, esa no fue la fórmula mágica, pues “no tenemos ningún colegio con un avance que supere el 30 %”.
Por otra parte, explica la Contraloría, con corte a diciembre del año pasado, tan solo habían terminado 73 proyectos de infraestructura educativa en área urbana, de un total de 543 aprobados desde 2016, es decir, solo habían cumplido con el 13 % de la tarea, sin contar que del total de construidos, solo había 12 entregados.
Más irregularidades
Ómar Arango, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), señaló que es gratificante que los organismos de control actúen frente a las denuncias. Además, aprovechó para reclamar que más allá de los hallazgos, lo que se espera es que las sanciones se den y “que los contratistas terminen las obras, porque los afectados son los estudiantes”.
Otro punto que resulta crítico según el informe de la Contraloría es que no todas las aulas que por ahora se han construido son de alta calidad, pues, según indica: “dos de las instituciones terminadas deberán demolerse, porque no es posible certificar si cumplen con los estándares constructivos y de sismorresistencia exigidos”.
En estos proyectos, de acuerdo con la Contraloría, se invierten alrededor de $2,5 billones, que fueron girados entre los años 2015 y 2018.
Regístrate al newsletter