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En el Andén Pacífico las reglas las ponen los ilegales
EL COLOMBIANO recorrió con la Defensoría la costa pacífica caucana y nariñense. Registró como los armados acorralan a los pobladores.
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Buenaventura. Esta ciudad es de las más afectadas por el accionar de las bandas criminales. Hace dos años, la Defensoría denunció casas de pique en esta zona. -
Iscuandé. El barrio de los desplazados (foto) es de los más afectados por la presencia de grupos ilegales. -
Aunque la Fuerza Pública hace presencia en el río Naya, no es suficiente.
20 de noviembre de 2018
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En los 58 años que lleva Joaquina Guzmán arrancándole el oro al río Micay, nunca le había dolido parte alguna de su cuerpo menudo y ya arrugado, pese a que se levanta a las 4:30 de la madrugada y agita la batea hasta las 12 del mediodía para quedarse con las pepitas amarillas que terminan en el fondo de su platón.
Hace dos meses sintió que el corazón se le desprendía y se quedaba sin fuerzas para ir a sacar el oro del río, cuando hasta su casa, ubicada en el corregimiento San Antonio, zona rural de López de Micay, en el Cauca, hombres armados que se identificaron como disidentes de las Farc llegaron para llevarse a su hijo.
“Lo corretiaron dos semanas, primero en el Colegio y luego en el parque”, cuenta misiá Joaquina, como es conocida en su pueblo, un municipio que ostenta el título del más lluvioso de Colombia, donde en un año pueden caer hasta 13.000 milímetros de agua según datos del Ideam, e inundar las calles, algunas polpolvorientas y otras tapizadas de adoquines que dan un aire colonial.
Por eso es común ver dos tanques gigantes en cada una de las casas de esta localidad caucana. Allí recogen el agua para bañarse, hacer aseo y cocinar. En uno de esos tanques abordaron al hijo de Joaquina los hombres armados, cuando se disponía a lavar el colosal recipiente plástico. “Le dijeron que si no se iba, venían por él”, cuenta, mientras enjuga sus lágrimas.
Es la tercera vez, en 11 meses, que los grupos ilegales quieren llevarse “al monte” al hijo de Joaquina, y es la tercera vez que lo envía a otra ciudad para evitar que termine enrolado. “Y esa lejura es lo que más triste me pone”, dice misiá Joaquina.
¿Por qué los quieren?
El reclutamiento de menores de edad es una práctica que, desde la salida de las Farc del denominado Andén Pacífico, que incluye a los municipios López de Micay, Timbiquí y Guapi en Cauca, y Tumaco en Nariño, ha tomado auge no solo por las disidencias de las Farc, sino por los grupos que buscan quedarse con las rutas del narcotráfico y la coca.
Es por esto que las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Clan del Golfo y el Eln, ven en los menores de edad los actores perfectos para desarrollar las tareas en los centros urbanos, como relata uno de los líderes de Guapi, que, como todos los habitantes de este corredor de la costa Pacífica caucana, piden reserva del nombre, pues darlo a conocer es ponerse una bala en el pecho y una lápida en el cementerio.
“Usted puede ver a muchos niños en las calles. Ellos son usados como carritos, o los obligan a llevar las drogas que se venden en los centros urbanos. A los más grandes les enseñan a manejar armas y los engolosinan con 600 mil pesos para llevar cosas a sus casas”, relata el líder comunal. Pero el problema no es solo de este municipio que vive de la pesca, la coca y la minería.
El alcalde de Guapi, Danny Eudoxio Prada Granja, cuenta que los menores de edad en su municipio sí son vulnerables a estas agrupaciones ilegales, caso contrario ocurrió con el de López de Micay, Wilder Riascos, quien expresó desconocer esas denuncias.
A 133 kilómetros de Guapi, en Tumaco, está el barrio El Morrito. Para llegar a él se debe pasar por un basurero en el que se ven a las mujeres recoger lo que botan los pescadores. Como si fuera una fila de hormigas, se ven las cabezas de las negras cubiertas con grandes sombreros caminar entre las montañas de deshechos buscando sustento.
Justo a la entrada, donde este suburbio limita con una de las bases militares, en una curva cerrada por un camino de piedras resbaladizas, ocho jóvenes juegan sentados sobre sus motos. Vigilan cada paso que se da, y quien entra y sale del territorio en disputa entre las disidencias al mando de alias “Guacho” y los carteles mexicanos que se lucran del narcotráfico.
“Ellos están usando a los niños de 13 y 14 años y les pagan para que sean campaneros”, cuenta Albeiro, un líder social tumaqueño quien también denuncia el aumento de prostitución infantil “en la que se están llenando de plata mafias muy poderosas que están acá en Tumaco”.
Albeiro recalca que niñas de 10 y 11 años se están involucrando en esta práctica y vienen desde los barrios más vulnerables: Nuevo Milenio, Panamá, Viento Libre y Ciudad 2000, todos bajo el asedio de los ilegales, los que elevaron los asesinatos en esta ciudad. En 2017, según datos de la Policía, fueron asesinadas 222 personas. En el momento de hacer esta reportería, en el colegio Siberia de Tumaco, un joven de 18 años caía bajo las balas de un bando enemigo.
Confinados y con miedo
Por las calles de Iscuandé, Nariño, María Teresa Arcila se gana la vida vendiendo rifas en una cartulina de color verde. Para hacerse el día, debe vender mínimo 100 números a 2.000 pesos para que le queden $20 mil. Con estos debe comprar una libra de arroz, $3.000 de huesos de pescado, pagar la EPS y enviar a su hija de trece años a estudiar.
Pero hace una semana que la venta ha sido poca y la deuda que se acumula con cada noche que llega, le agobia en su rancho de madera. María no ha vendido no porque no quiera, sino porque en este municipio ribereño del río Iscuandé, los grupos milicianos del Eln, las disidencias de las Farc y de los “paramilitares” rondan los caseríos de civil y armados, y si ven a alguien desconocido, “entra al territorio, pero no sale”.
Además, le cobran por cada boleta vendida, lo que no le deja para llevar el pan a su mesa, o como pasa en Guapi, donde los ilegales les cobran extorsiones a todos los comerciantes y por productos de la canasta básica como el huevo, deben pagar un impuesto a los grupos armados.
El secretario de Gobierno de Iscuandé, Simón Estupiñán, dice que esta situación es como un león dormido. “Sabemos que están pero no podemos decir quiénes son, pero están. Hemos manifestado que se intensifique el pie de fuerza para dormir tranquilos, tenemos 15 ó 16 policías y eso es poco”, dice el funcionario.
La llegada de bandas criminales y ahora los grupos nacidos tras la desmovilización de las Farc no es un asunto nuevo. La Defensoría del Pueblo y la Personería han recibido denuncias desde hace más de nueve años. Desde 2008 ha lanzado alertas tempranas que dejan en evidencia el copamiento de territorios dejados por las Farc, por estos grupos que confinan a la gente en el territorio y les cobran, incluso, por sacar sus productos al río para venderlos.
Son documentos que reciben las denuncias de los habitantes en los que han quedado plasmados la llegada gradual de las bacrim como el Clan Úsuga o Agc. Los testimonios recogidos por la Defensoría y otras Ong señalan que desde 2012 se incrementó la presencia de estos hombres armados, pero en 2017 y 2018 los han visto movilizarse en canoas y pangas por grupos.
Carlos Negret, defensor del pueblo, realizó un recorrido de siete días por el Andén Pacífico y corroboró las denuncias de las comunidades, afectadas por el accionar de estos grupos ilegales.
“Hemos recibido las denuncias de reclutamiento, confinamiento y desplazamiento de estas comunidades alejadas. Con esas denuncias hemos hecho un llamado al Gobierno para que la institucionalidad se haga presente en el territorio y buscar soluciones a estos problemas”, enfatizó el defensor Negret.
A él le llegaron las quejas de María Teresa, del líder de Guapi y de Joaquina, quien desde que le duele el corazón por la lejanía de su hijo exiliado por los fusiles, no quiere volver a arrancarle el oro al río.
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