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Varios dirigentes del partido Farc mostraron su rechazo por el asesinato de Juan Carlos Castillo, que fue conocido este martes. El hombre que hacia parte del Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación en Putumayo, había desaparecido días atrás sin que se supiera de su paradero.
Nos confirman asesinato de Juan Carlos Castillo exguerrillero en proceso de reincorporación del ETCR Heiler Mosquera Carmelita, Putumayo. En medio de la pandemia los asesinos no se detienen y gobierno sigue sin dar garantías para la vida. #DuquePareElGenocidio pic.twitter.com/5nRyXVUFhW
— Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) March 31, 2020
#Denuncia Juan Carlos Castillo, firmante de Paz fue asesinado en Puerto Asís #Putumayo. La incapacidad del gobierno para garantizar la vida de las y los colombianos es evidente. La vida no es un juego! #DuquePareElGenocidio pic.twitter.com/WaFmZaKkiC
— Pablo Catatumbo (@PCatatumbo_FARC) March 31, 2020
Castillo fue hallado sobre límites del resguardo Kwisna Cxhab y la vereda Alto Lorenzo en Puerto Asís (Putumayo), luego de que también encontraran en una fosa común los cuerpos de una mujer y dos hombres quienes serían venezolanos y habrían llegado al país hace una semana.
La Red de Derechos Humanos anunció que ante esta “oleada de asesinatos” se evidencia no solo la alteración de bienestar y tranquilidad de la sociedad en esa zona del país, sino también la falta de garantías y seguridad en los territorios. Pese a que existe presencia de policía y ejército denuncia que esto no es suficiente para evitar o prevenir este flagelo.
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De acuerdo con último informe de la Misión de la ONU en Colombia, que será próximamente presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinado 190 excombatientes, lista a la que se suma Castillo.
“El reto principal es la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes. No se deben escatimar esfuerzos para garantizar la protección y la seguridad de quienes enfrentan riesgos específicos debido a su papel en la promoción de los derechos humanos, en la implementación del Acuerdo de Paz y en la defensa de los intereses de sus comunidades, y de quienes dejaron las armas y siguen comprometidos con el proceso de paz”, advierte el informe.