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La tarea de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, más que estructurar nuevos proyectos será poner, realmente en marcha, todas las obras que están estancadas y que vienen de gobiernos anteriores. Este no es un trabajo menor –subraya ella misma– y más cuando tiene sobre su escritorio todas las concesiones de las vías de Cuarta Generación, 4G, y proyectos como el puente Pumarejo, el túnel de la Línea, la Ruta del Sol y la navegabilidad del río Magdalena.
Sin embargo, la prioridad hasta ahora es una y básicamente es por orden del presidente Iván Duque: que en marzo de este año los 29 proyectos de 4G estén andando. EL COLOMBIANO conversó con la ministra Orozco sobre estos retos y sobre cómo encontró la cartera.
Uno de sus primeros anuncios fue que realizaría un revolcón institucional, ¿en qué va eso?
“La primera entidad que fue objeto de revisión fue la Superintendencia de Puertos y Transporte. Lo que se hizo fue cambiarle el enfoque y darle un añadido en el tema de protección de usuarios, que era una cosa que estaba totalmente alejada del foco de la entidad. Se visitaron las principales 10 concesiones mirando los temas que pueden afectar al usuario. El cambio que haremos será total en la medida en que el 80 % de la actividad de la entidad estaba dedicada solamente a sancionar transportadores, como si eso fuera la supervisión del sector. Eso era lo único que hacía. No es así. El sector involucra a todos los actores de la cadena logística, los concesionarios viales y portuarios, hay que supervisarlos a todos”.
¿Usted está contenta con las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Se lo pregunto porque en el país se siguen muriendo las personas en las vías...
“Esa agencia es mi prioridad. Hay que elevarle el perfil al tema de seguridad vial dentro de la política pública porque esta es la segunda causa de muerte en Colombia. Las metas que el país se propuso internacionalmente hay que cumplirlas y es que en 2020 hay que reducir al 20 % la accidentalidad. Esto, no solamente no se ha logrado, sino que hemos crecido. Hay que recuperar la senda de reducción. Hay que elevar el perfil de la discusión. Por eso lanzamos el plan de choque contra la siniestralidad y la ilegalidad. Lo que se realizó fue mapear los 35 municipios de mayor accidentalidad de seis departamentos y monitorearlos”.
Le insisto. Recientemente el Gobierno anunció una reducción de accidentes viales. Sin embargo, por ejemplo, en el fin de año, según la Policía de Transporte, murieron 65 personas en las carreteras y eso que la Agencia lleva 10 años de creada...
“Es la primera vez que como directora de la Agencia hay una experta en el tema, Hilda María Gómez. Considero que eso da una visión sobre la prioridad que le estamos dando. Nos encontramos, además, que la Agencia no tenía intervención en las concesiones. Me he dado cuenta que había una errónea idea de considerar que una concesión era privatizar la vía. Cuando se le preguntaba a la ANI qué pasa en una vía, la respuesta que yo tenía era: ‘pregúntele al concesionario’, Lo que estoy diciendo es ‘no’, porque la ANI vigila la concesión. Una cosa es que se concesione la operación y el mantenimiento y otra es que deje de ser una vía pública. Tenemos que actuar como sector”.
El 6 de diciembre EL COLOMBIANO publicó un informe sobre las grandes obras que tienen problemas de atrasos y otras de calidad, por ejemplo, la caída del puente Chirajara o las fallas de Hisgaura. ¿Cómo ve esas obras?
“Creo que lo que hay es una percepción de que concesionar es privatizar, es decir: ‘es su problema y no nuestro’. A lo que se le suman los retos de ejecución, este no es un país fácil, tenemos una geografía compleja. Pensar que nos podemos sentar en Bogotá a diseñar sin saber lo que pasa en la región, no puede ser la regla. Eso ha pasado porque ha habido una gran distancia entre el Gobierno central y el territorio. Hemos visto, por ejemplo, que 6 vías 4G van muy bien, es más, dos (Pacífico 1 y 2) van muy bien, tres tenían problemas delicados y la verdad recibimos 21 vías paradas con avances de 5 % o hasta en 0 %. Mi propuesta es que hay que acercar a las entidades a las regiones. Encontré una ANI muy alejada del territorio, claro, es muy cercana a los banqueros, pero muy alejada de la gente. Nosotros vamos a cumplir el reto de hacer realidad las 4G, en el sentido de que estén todas andando y de terminar lo que sea posible. Si alguna de esas vías no funciona, no será porque no hicimos todo lo posible”.
“No es agradable. Le he planteado a la Sociedad Colombiana de Ingenieros organizar un foro para revisar el tema. Creo que es necesario que hagamos una revisión del papel de las interventorías. Este sector tiene que recuperar su prestigio y eso depende de que aquí cada quien haga lo que le corresponde. Debemos actuar como Estado. No acepto que la ANI diga que es culpa de la Anla o que la Anla diga que es culpa de la ANI. Somos el Estado, eso lo debemos entender”.
Pero entonces, ¿en el túnel falló la interventoría?
“Pues a mí sí me llama la atención que contrataran un estudio, el cual yo lo encontré, sobre las obras que hizo el primer contratista y ahí lo que encontramos fue que había que reforzarlas todas y que el interventor las hubiera recibido. Entonces, me pregunto por ese rol: ¿cómo así que las recibimos a satisfacción y pagamos y ahora nos dicen que tenemos que reforzar los cimientos de muchas de las obras? Entonces, sí me cuestionó: ¿cuál es el rol del interventor?”.
¿Por qué no se pregunta por el rol de la ingeniería?
“Son ambas cosas. Esa es una discusión que se la he planteado a la Asociación Colombiana de Ingenieros”.
Hasta ahora la lectura que se hace es que este gobierno se va a dedicar a destrabar las obras. Pero entonces, ¿cuál será la gran apuesta en infraestructura del gobierno Duque?
“Tenemos que dar un debate presupuestal. En 2018 tuvimos que conseguir los recursos para terminar las obras que dejaron. Mire yo le pregunto: ¿Usted cree que es serio que yo presente nuevos proyectos sin poder terminar el puente Pumarejo o sin concluir el túnel de la Línea? ¿La sociedad va admitir eso? No. Somos el Estado. Me entregaron el Pumarejo sin recursos, lo encontramos desfinanciado, la gran pelea que se dio es que necesitaba presupuesto para terminarlo. Pues, perdóneme, pero no es serio si no lo termino. Le pongo un ejemplo, las vigencias futuras de la ANI están copadas hasta 2022”.
¿Pero entonces, qué obra se sueña?
“El Canal del Dique. Ese es un gran proyecto cuyos estudios ya están y que son fundamentales para el país. No tenemos los recursos para eso, estamos buscando aliados. Estas iniciativas no nos las inventaremos de cero, no, para eso existe un plan maestro intermodal, el cual es un ejercicio de varios gobiernos y que fue hecho con consultores externos y ahí tenemos los 65 proyectos más importantes y todavía faltan más de la mitad por ejecutarse”.
¿Les ve interés a los bancos de financiar 4G?
“Hemos recuperado credibilidad, sin embargo, hay un reto enorme. Hay una dinámica distinta. Nos están creyendo cuando decimos que sí queremos sacar adelante los proyectos. Esperamos, para febrero o marzo, lograr el cierre financiero de la mayoría”.
¿Qué tiene pensando para Antioquia?
“Acá hemos venido trabajando de la mano con la Gobernación y la Alcaldía en muchos proyectos. Realmente las concesiones de 4G que están acá van bien. Las que tenían problemas de gestión son las que más están teniendo atención como Pacífico 1 y Mar 2”.
¿Al fin qué va a pasar con los recursos que faltan del túnel del Toyo?
“Lo que ocurrió fue que con la actualización del proyecto ahora está valiendo 1,2 billones. Ante esa realidad se creó una mesa de trabajo para mirar alternativas, como, por ejemplo, que eso lo asuma una concesión, involucrar el concepto de peaje en alguna de esas vías. Podemos cumplir con lo que hemos comprometido, pero no tenemos 700 mil millones de pesos”.