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Una gran zona gris aún indefinida deja el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que amplía el concepto de dosis mínima de consumo personal de estupefacientes.
La decisión establece que es el propio consumidor quien define qué puede considerarse dosis personal de consumo individual, pero no establece ni un piso ni un techo máximo que raye con delitos como el microtráfico o la venta ilegal de estupefacientes.
Por ello, las opiniones de los expertos se mantienen divididas al momento de explicar los alcances de esta decisión que va en la misma dirección de otras sentencias de la Corte Constitucional que despenalizó el porte y consumo de la dosis personas de drogas adictivas.
En primer lugar, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, descalificó el fallo, pues en su opinión este “legaliza de facto el microtráfico en Colombia, es un golpe mortal a la lucha contra el narcotráfico y la impunidad total de para los jíbaros”.
En la otra orilla, está la Fiscalía que desde hace un par de años anunció un cambio en la ofensiva de la lucha contra las drogas: el ente acusador anunció que dedicará sus mayores esfuerzos, no tanto a perseguir y criminalizar a los jíbaros y pequeños expendedores como a las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico.
“La judicialización de los consumidores lo que hace es desviar recursos del aparato penal que podrían estar mejor enfocados en las grandes estructuras criminales”, consideró hoy martes Miguel Larrota, director de Políticas públicas de la Fiscalía General.
Otros expertos también consideran que si bien el fallo es “un avance” en la lucha contra las drogas, pero reconocen que dejó una zona gris que no está delimitada en ninguna norma.
En ese sentido, Manuel Quinche, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, considera que la decisión de la Corte Suprema de Justicia va en la misma dirección de la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional de 1994, que considera que el problema de las drogas “no le corresponde al derecho penal sino al sistema de salud”. Es decir, que el consumo de la dosis mínima no debe considerar un delito como sí lo es la producción y la comercialización de narcóticos.
“La tendencia global es a descriminalizar los narcóticos. Las medidas represivas han sido un total fracaso, los gastos en persecución de narcóticos se disparan sin que disminuya el tráfico ni la comercialización”, agrega el experto.
Quinche comparte la postura de la Fiscalía en el sentido de que penalizar al consumidor no acaba el problema de las drogas, sino que más esos esfuerzos deben destinarse perseguir delitos más graves como ataques a la integridad personal y la corrupción.
Alejandro Aponte Cardona, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, también es partidario de volver a regular el tema de la dosis mínima. “No debe ser de capricho de cada persona, sino que se requieren estudios especializados”, asegura.
El catedrático sostiene que este fallo de la Corte Suprema “busca individualizar el problema del consumo de estupefacientes y dar respuesta a un problema de salud pública, y no como un problema penal”, pero advierte que el tema del microtráfico “es preocupante”, porque involucra a la juventud.
De hecho, así también lo advierte Wilfrido Grajales, director del Instituto Distrital para la defensa de la Niñez y la Juventud (Idiprom).
El funcionario reconoce que es necesario “quitarle el carácter delincuencial al enfermo y considerarlo más bien un adicto”, pero no duda en afirmar que permitir el aumento de la dosis personal de estupefacientes “no es el mensaje que deberíamos estar dando”.
“La droga –dice- es lo que mantiene a muchos jóvenes en las calles, y eso genera desorden público e inseguridad, ingredientes que ayudan a construir una sociedad inviable”.
En su opinión, “lo más grave” de la decisión de la Corte Suprema es “facilitarle las cosas al enfermo para que se enferme cada vez más y enferme a la sociedad... Permitir que un adicto consuma de manera más libre es decir que la droga en dosis mínima es buena”, concluye.
Por su parte, Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación y consultor en temas sociales, coincide que en Colombia el consumo de estupefacientes “no puede manejarse como un tema de salud pública”.
Ávila reconoce que no va a ser fácil para las autoridades distinguir entre una dosis para el consumo personal y otra para la venta al menudeo.
“Ese punto gris es delicado, a pesar de que se trata de una sentencia revoluvionaria. Lo que necesita, entonces, es mayor inteligencia de la Policía para distinguir entre quién es vendedor y quién consumidor”.