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“De seguir así vamos a quedar en deuda con los delincuentes”: Fiscal
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FOTO COLPRENSA
17 de marzo de 2017
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El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la que se declara “perplejo” por las iniciativas del Gobierno y del partido de La U, para reducir las penas de los procesados del país, debido a la presencia del papa Francisco.
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Martínez dice en la misiva que el proyecto radicado por el senador Armando Benedetti no tiene ningún fundamento teórico o empírico, y rechaza que se propongan beneficios para narcotraficantes, los implicados en el escándalo de Odebrecht y otros casos de corrupción.
“(...) La reclusión efectiva para casos como los de corrupción, con todos los descuentos y beneficios que se contemplan quedaría –quien lo creyera- entre 11 y 20 meses efectivos: un remedo de pena que haría las sentencias algo más parecido a un diploma”, señala.
El jefe del ente investigador aseguró que “de seguir por este camino de beneficios y rebajas punitivas, vamos a terminar en deuda con los delincuentes”, por lo que pidió una reunión con la Comisión de Política Penitenciaria, que es integrada por el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
El fiscal General reprochó que no se haya consultado a los integrantes de la Comisión para analizar el proyecto radicado por el Gobierno, y así conocer la posición de las entidades encargadas de la política carcelaria del país, previó a que fuera llevado al Congreso de la República.
“El Gobierno ha suscrito el proyecto 216 de 2017, que otorga una rebaja de la quinta parte de las condenas, no solamente impactaría el tratamiento criminal del homicidio, el hurto y las lesiones personales, de tanto impacto social, sino que increíblemente favorecería a los miembros de organizaciones criminales imputados por concierto para delinquir e inclusive a narcotraficantes”, indica la carta del jefe del ente investigador.
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Martínez pide que se convoque a los alcaldes y los gobernadores del país para que sean tenidos en cuenta en la Comisión de Política Penitenciaria, dado que ellos conocen de primera mano lo “giros de la política criminal del país y su impacto en el orden social”.
Procuraduría también pide reunión
Por su parte, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, también pidió que se convoque una reunión con la Comisión de Política Penitenciaria, para que se discuta la “efectividad” de los proyectos de ley sobre jubileo.
Carrillo aseguró: “La ley de jubileo no es el punto de partida, sino el punto de llegada de una política penitenciaria que tiene que empezar a discutirse (...) No se trata de abrir las puertas de las cárceles y sacar a 10 mil personas a que salgan a hacer nada”.
Y agrega: “Estamos convencidos que si eso (la Ley del Jubileo) se va a dar como parece que hay un consenso a ese respecto, hay que pensar en qué política penitenciaria en el contexto se tiene que dar para que se apruebe una ley de esa naturaleza, eso tiene que ver por ejemplo con la justicia restaurativa”, indicó Carrillo.
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