La Fiscalía General de la Nación inició las indagaciones por el presunto caso de soborno de Odebrecht. Según las confesiones hechas ante la justicia de Estados Unidos, en Colombia la firma habría pagado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 para conseguir contratos de obras públicas.
Tras la confesión de la empresa ante el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York, la Fiscalía General de la República solicitó un informe relacionado con sobornos que se habrían hecho en el país, con el fin de establecer que personas tienen que responder por los actos de corrupción.
Este jueves la Unidad Anticorrupción del ente investigador ordenó la inspección de las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Cormagdalena), dado el convenio suscrito por la entidad con la firma brasilera en el proyecto Navelena, una sociedad constituida en 2014 con el objetivo de recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
Los integrantes del CTI buscan recolectar la documentación del convenio para establecer si dicho contrato tiene alguna relación con los confesados sobornos.
Los otros contratos
Según informó el Gobierno, en Colombia hay dos convenios más con la firma, aparte del hecho con Cormagdalena.
El segundo convenio mencionado por el Gobierno fue suscrito entre 2009 y 2010, para la obra de la Ruta del Sol sector 2. Adjudicado en diciembre del 2009 por el INCO bajo la administración de Gabriel García Morales.
Adicionalmente, Odebrecht tuvo otro contrato con el Gobierno Nacional para la obra de la Carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá. Adjudicada en abril de 2012 por el INVIAS. Hubo 16 proponentes y la obra fue finalizada.
Hasta las últimas consecuencias: Gobierno
Según el Gobierno solo hubo un contrato con el Estado y la referida firma, esto entre el lapso de tiempo en el que se habrían cancelado grandes sumas de dinero en sobornos. La obra a la que se hace referencia es la Ruta del Sol, Sector 2.
En el pronunciamiento se destaca el interés del Gobierno Nacional para que las investigaciones se surtan y se ‘lleven a sus últimas consecuencias’.
Según se informó una vez estalló el escándalo desde la Casa de Nariño se contactó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para trabajar de manera conjunta tanto con la colaboración que se requiera, como para solicitar información que comprometa a funcionarios con los sobornos.
De la misma manera, se reclamó la intervención pronta de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer la que llamó una “situación inaceptable”, y se pidió agilidad para identificar a todos los responsables. Un actuar similar se presentó hace un año cuando estalló el escándalo. Para entonces la Oficina de Transparencia de la Presidencia le pidió a la fiscalía de Brasil información que le permita conocer las responsabilidades de funcionarios nacionales. “La respuesta no reveló el pago de ningún soborno en Colombia ni la comisión de delito alguno”, se afirma.
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