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La Fiscalía llamó a interrogatorio a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, a la que se adjudicó el contrato por más de un billón de pesos para conectar a 7.000 colegios rurales y cuyo contrato fue caducado por el Ministerio de las Tic luego de haber entregado un anticipo de $70.000 millones.
El llamado del ente acusador obedece a las presuntas irregularidades que envuelven la citada adjudicación, por lo que deberán cesar todos los contratos con el Estado entregados a quienes hagan parte la union.
Ante el escándalo que ha suscitado la caducidad anunciada por MinTic, Centros Poblados comunicó que el anticipo de $70.000 millones no está embolatado y que finalmente se invirtió en equipos y otros insumos para la materialización de las obras adjudicadas.
Estos elementos, según los apoderados de la unión temporal, fueron adquiridos a dos empresas: una nacional y una extranjera, Inselsa y Nuovo Security LLC, respectivamente. A esta última, tal como argumentaron, le desembolsaron $58.301 millones de pesos y la segunda $11.942 millones.
Aseguran además que, con esas entregas, se hizo el montaje de 1.002 centros digitales en Magdalena, Bolívar, Chocó y Boyacá, pero aclararon que esos puntos instalados fueron con recursos diferentes al anticipo y representan más de $4.000 millones. También dijeron que se han invertido más de 7.000 millones, ajenos al anticipo, en 4.365 estudios de campo para un total de $11.964 millones.
De otro lado, Karen Abudinen, ministra de las TIC, ha estado en el ojo del huracán en los últimos días tras declararse la caducidad en el contrato. Sin embargo, esa cartera argumentó en su momento que Centros Poblados se habría ganado la licitación valiéndose de falsa documentación, más exactamente de unas garantías bancarias supuestamente emitidas por Itaú.
La falsedad de las garantías fue confirmada por voceros de la entidad financiera, que ya habían declarado en días pasados que “ni Centros Poblados ni sus miembros fueron objeto de estudio de crédito para esta finalidad (la expedición de garantías bancarias) y, por lo tanto, no existe aprobación de cupo de crédito con exigencia de garantías reales o personales, para esta operación”.
Así mismo, miembros opositores confirmaron que se alistará una moción de censura en contra de Abudinen debido a las presuntas irregularidades en este contrato que, finalmente, podría derivar en la parálisis de las obras para conectar a los colegios rurales en los 15 departamentos priorizados.