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En más de 12.500 millones de pesos fueron avaluados los bienes que, ayer, la Fiscalía General les incautó al exviceministro Gabriel García y a los hermanos Enrique y Eduar Ghisays Manzur, empresarios cartageneros, dentro de la investigación por los sobornos de Odebrecht.
El proceso de extinción de dominio se hizo sobre cuatro inmuebles (parqueadero, apartamentos y locales comerciales), dos vehículos y cuatro millones de acciones que habrían sido obtenidos producto del soborno de 6,5 millones de dólares que le hizo la firma brasileña a García para obtener, de manera irregular, el contrato de obra del Tramo II de la Ruta del Sol, firmado con el INCO en 2009.
Según la directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón, los inmuebles investigados fueron en Cartagena (Bolívar): “Se ha podido rastrear la trazabilidad del dinero, que fue depositado en Panamá. Estamos en contacto con las autoridades extranjeras para que hagan efectivas las medidas cautelares, dado que estas empresas habrían sido utilizadas para cometer un ilícito”.
Por este caso ya fueron enviados a la cárcel García y Enrique José Ghisays Manzur. En los próximos días deberá asistir a una audiencia de imputación Eduardo Ghisays Manzur.
Según la investigación, los hermanos Ghisays Manzur habrían recibido una comisión de 700 mil dólares para que se creara en 2010 la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero de Odebrecht.
El ente investigador tiene abiertas tiene abiertas once líneas de investigación, en las que indaga sobre la participación en los sobornos del funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
No obstante, Andrés Úsuga Marín, docente de Derecho Constitucional de Bolivariana, afirmó que el número de personas mencionadas es tan grande (receptor, gestor, lobbista, enlace, triangulador, participe de reuniones, entre otros), “que no se ve que se quiera investigar todo sino favorecer unas líneas de investigación para la tribuna o que convengan a unos grupos y dejar en la oscuridad a otras”.
Úsuga agrega que la Fiscalía quiere mostrar como eficiente su trabajo mostrando resultados.
En una línea parecida se ubica David Suárez, docente de Contratación Estatal de Eafit. Sobre los últimos avances dice que “algo es algo”, pero que lo ideal sería que se dieran sanciones a las campañas como tal, a los partidos políticos. Precisa que es importante que se investigue a otros posibles implicados.
“Son más de los 3 o 4 implicados que se tienen ahora, y no solo en el caso Odebrecht. Lo importante sería que se depuraran las maneras de hacer política y campaña, y que no todo quede en unos chivos expiatorios, con quienes el fiscal “se lave las manos y la conciencia. Ojalá fueran más lejos y más profundo y con más funcionarios, exfuncionarios, contratistas, excontratistas”.
Ernesto Matallana, docente en Contratación Pública del Externado, considera que primero se debe recuperar la totalidad de lo que se pagó en comisiones, pues es producto del ilícito. “No creo que el exviceministro se haya quedado con todo el dinero; faltan todavía piezas”.
El senador José Obdulio Gaviria (CD) le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que abra una investigación por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Santos en el 2010.
La Fiscalía investiga las declaraciones hechas por María Fernanda Valencia, exesposa del Félix Otto Rodríguez, empresario de artes gráficas, quien dijo que en las elecciones presidenciales del 2010, la empresa Odebrecht asumió el pago de 400 mil dólares para pagar no menos de dos millones de afiches de la campaña presidencial.
Esta publicidad, al parecer, fue elaborada en la empresa extranjera sin sucursal en Colombia, Impressa Group Corp. Rodríguez fue escuchado ayer por la Fiscalía. Este órgano confirmó que ese pago se hizo a una empresa panameña, de la cual hace parte la firma, y los afiches fueron impresos por Indagraf.
Sobre esta línea de investigación el profesor Suárez no cree que se vayan a presentar muchos avances, porque es difícil probar la relación del presidente con los mencionados.
“Odebrecht no es el único caso. Ojalá el CNE y la Procuraduría General no se queden solo investigando las campañas presidenciales, sino que investiguen campañas al congreso, alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas”.