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El próximo 25 de junio se inicia el periodo de restricciones para la contratación pública debido al proceso electoral de octubre de este año.
Por eso, y en medio de la polémica sobre el futuro de la Ley de Garantías Electorales, el procurador general Alejandro Ordóñez les recordó a los funcionarios la obligatoriedad de cumplir las normas, so pena de ser sancionados.
A través de la Circular 005, el jefe del Ministerio Público les formuló varias recomendaciones a los entes departamental y municipal, entre ellas abstenerse de celebrar, con entidades del orden nacional o de cualquier otro orden, convenios interadministrativos que involucren la ejecución de recursos públicos, durante los cuatro meses anteriores a la jornada electoral del 25 de octubre.
Señaló que los procesos contractuales se deben adelantar según los cronogramas y los planes de desarrollo, de adquisiciones y los respectivos presupuestos, a través de la selección objetiva y de licitaciones públicas, e indicó que en aras de una mayor transparencia deben realizarse en audiencia pública.
En el mismo sentido, recordó que con antelación a cualquier proceso de contratación se debe contar con las autorizaciones de la asamblea o concejo (si así lo dispone la ley), y se deben realizar los análisis de conveniencia y oportunidad, así como los estudios de prefactibilidad y factibilidad, teniendo en cuenta las condiciones especiales en cada modalidad.
El procurador señaló que a través de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales se vigilará el cumplimiento de la ley y les pidió a los ciudadanos ser veedores en este proceso que compromete los recursos públicos.
Hace una semana, el presidente Juan Manuel Santos había anunciado su intención de presentar un proyecto de ley para derogar esta iniciativa, al considerar que se trata de una norma nociva para la gestión de los mandatarios y teniendo en cuenta que está a punto de aprobarse la reforma que elimina la reelección presidencial, que originó la Ley de Garantías.