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Aunque esta es la vez en la que ha estado más cerca de aprobarse, de las 13 que ha sido radicado, el proyecto de acto legislativo (modificar la Constitución) que busca establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, volvió a tener un traspié.
Ayer llegó una recusación (documento para rechazar una acción) contra los 22 congresistas de la Comisión Primera, en la que, quien los acusa, Esteban Alexander Salazar Giraldo, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, los señala de debatir ese proyecto con fines electorales y critica que no puede ser de manera virtual.
Yohana Jiménez, promotora de la iniciativa, y la senadora Angélica Lozano, aunque está en contra, coincidieron en calificar la recusación como “una jugadita política” que buscaba hacerle zancadilla al trámite de la iniciativa, que tiene mayoría asegurada en la Comisión Primera para que dé el salto a la Plenaria.
“Con el corazón roto siento que un sector del ‘no’ está muy interesado en hacer lo que sea para que no pase”, dijo Jiménez.
El debate ha ganado espacio en el país, teniendo en cuenta las cifras de Medicina Legal, las cuales apuntan a que en esta década el año en que más hubo casos de presunto abuso sexual contra menores de edad fue 2018, con 10.540 casos (ver infografía).
El proyecto ha sacado ampolla en el país, entre quienes se dividen en apoyar la cadena perpetua como una medida severa, pero justa contra las violadores y asesinos de niños, y quienes la califican de populismo punitivo a costa de no reducir los delitos, como lo planteó el senador Roy Barreras en la sesión del viernes.
El exfiscal General de la Nación Mario Iguarán recuerda la Sentencia C-565 de 1993, la cual no concibe la cadena perpetua como medida de justicia. Al respecto, Iguarán señala que el derecho a la dignidad humana “lo tenemos todos, incluso quienes hayan cometido delitos abominables”.
Sobe este punto, Jiménez sostiene que la cadena “es el principio del fin de la violencia contra esta población”.
Otra duda está en si la medida es efectiva o no para lograr la reducción de los delitos.
El concepto del Consejo de Política Criminal de Colombia en 2016 la calificó de inconveniente, al destacar que en el mundo, en países como China, Vietnam o Egipto, por ejemplo, no había una relación de reducción de delitos pese a que la cadena perpetua o la pena de muerte existe.
Por ejemplo, en China, entre el 8 y el 12 % de los 270 millones de menores de edad sufrieron algún tipo de agresión sexual el año pasado, según el Centro de Investigación de la Familia y el Niño de la Universidad Normal de Pekín.
Sin embargo, es necesario mencionar que un nuevo concepto de esta Comisión, del año pasado, le dio vía libre a la cadena perpetua en Colombia, justificando que era un camino que se debía tomar para enfrentar estos delitos.
El presidente Iván Duque también apoya la iniciativa desde que era candidato y el 20 de febrero pasado, cuando le volvió a dar un impulso, señalando que si los derechos de los niños están por encima de los demás, quien cometa este tipo de delitos “debe tener la sanción más alta”.
El debate estuvo suspendido durante por lo menos cuatro horas, mientras esperaban una respuesta de la Comisión de Ética para determinar cómo proceder.
Carlos Abraham Jiménez, presidente de esa Comisión, en oficio enviado en la tarde de ayer, les dijo a los congresistas que podían continuar, pues la recusación tenía vicios y por eso lo rechazaba.
Luego de leerla, el presidente de la Comisión Primera, Santiago Valencia, abrió la votación para continuar la discusión, que logró 13 votos por el sí y nueve que no respondieron, incluyendo a algunos como Alexander López, Julián Gallo y Barreras, quienes se abstuvieron, argumentando que la recusación no había sido resuelta y preferían no tomar partida del debate para aprobar o no la iniciativa en séptimo debate.
Ante esto, congresistas que incluso apoyaban la cadena perpetua le pidieron a Valencia que convocara para este martes, esperando que pasaran 24 horas de la decisión de la Comisión de Ética y ahí sí continuar, como finalmente sucedió a las 6:24 p.m.
El presidente de la Comisión Primera manifestó: “Hoy no hay ambiente ni condiciones para votar”.
La discusión continuará hoy y tiene por lo menos 13 votos asegurados para pasar al octavo debate y llegar a Plenaria antes del 20 de junio, donde necesitará mayoría calificada para que el acto legislativo sea una realidad y pase a control de constitucionalidad.