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La tormenta que prueba a Duque
Semana atípica vivió el país por decisiones judiciales. Así queda la situación para el presidente.
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En la última declaración oficial, el presidente Iván Duque cuestionó el fallo de la JEP sobre “Jesús Santrich” y recordó nuevamente sus objeciones a la ley estatutaria de la JEP. FOTO Colprensa
18 de mayo de 2019
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Reunirse el próximo lunes con los jefes de algunos partidos, será la jugada del presidente Iván Duque para calmar las aguas y buscar respaldo de las bancadas, que le ayuden a fortalecer la institucionalidad después del choque de trenes entre el Congreso y las Cortes, y la polémica con la situación judicial del exguerrillero de las Farc, alias “Jesús Santrich”.
A esto se le sumó la renuncia del fiscal Néstor H. Martínez, según él por la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de liberar a “Santrich”, y al día siguiente la salida de Gloria María Borrero, como ministra de Justicia.
Además, Duque experimenta una nueva caída en su imagen según las últimas encuestas, como sucedió a finales de 2018 cuando la contrarrestó con acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
¿Cuál fue la causa?
Más allá de las renuncias de Martínez y Borrero, hay integrantes del gabinete como los ministros de Defensa, Ambiente e Interior, que han sido objeto de críticas por su desempeño y experticia política.
A raíz de los acontecimientos, el Gobierno reforzó su discurso contra la JEP y el Acuerdo de paz, como lo indicó la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en su cuenta de Twitter. “La crisis de hoy es la consecuencia del entramado que nos montaron por cuenta del Acuerdo con Farc”.
Según Jaime Duarte, docente del área de gobierno de la Universidad Externado, “ellos mismos tratan de hacer ver como si las instituciones se estuvieran derrumbando por una decisión judicial que todavía no está firme. Crean la ilusión de crisis, cuando la crisis del fiscal ya estaba por Odebrecht, y la ministra ya había sido derrotada varias veces en el Congreso”.
César Eugenio Martínez, representante del Centro Democrático, dice que sí hay crisis “generada por el desconocimiento de un delito por parte de la JEP. La sociedad está cansada. Está bien defender el Acuerdo, pero no caer en alcahuetería”.
No obstante, el tribunal transicional está presente en la Constitución y sus decisiones son de obligatorio acatamiento. Así lo ratificó la JEP luego de la recaptura de Santrich cuando advirtió que “debe quedar claro en el caso Hernández Solarte actuó como garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad, como es su función.
La influencia uribista
El expresidente Álvaro Uribe dijo ayer: “la reforma a la justicia empieza con la extradición de Santrich”.
También sectores del uribismo y del conservatismo le pidieron que se acudieran a la figura de la conmoción interior para enfrentar la crisis.
Ambas peticiones las recibió Duque de los partidos más cercanos al gobierno. “Quieren ambientar el terreno para la Constituyente. Crean rumores y emergencias, quieren acabar la JEP y cumplirle a Uribe de tener una sola Corte”, manifestó Duarte.
Para el analista político, León Valencia, la suerte de Duque está atada a Uribe. “El Centro Democrático, que le dio el triunfo a Duque, lo regresa a una posición que va en contravía de la realidad del país. Dependemos de una fuga hacia adelante de Duque, pero no tiene el peso político”, opinó.
La presión de Trump
La relación de Colombia y Estados Unidos está fracturada. Desde septiembre de 2018 el Departamento de Estado norteamericano publicó un informe en el que reseñó el aumento de los cultivos ilícitos. El presidente Donald Trump envió un memorando a esa cartera en el que manifestó su “preocupación”.
En marzo de este año Trump se convirtió en un aliado incómodo para el Gobierno. Aumentó el tono y aseguró que Duque “no ha hecho nada” y que los cultivos han aumentado un 50 %.
Este antecedente, sumado a la no extradición de Santrich, tienen al país en riesgo de perder su certificación, un instrumento de diplomacia coercitiva que utiliza Washington para presionar conductas en la lucha antidrogas.
Según la analista estadounidense y profesora de la Universidad del Rosario, Arlene B. Tickner, “es posible que Colombia sea descertificada. Las implicaciones de esto generalmente no sobrepasan el castigo y humillación en público, sobre todo en un caso como Colombia que es aliada en la lucha antidrogas”.
Por ahora el viento sopla en contra, y el momento requerirá de un timonazo del jefe de Estado, la decisión que tome puede incluso reestablecer el rumbo de su gobierno.
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