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Niñez y adultos mayores, en el foco de la legislatura virtual
Hacemos un balance de cómo culminó el periodo de sesiones en el Congreso. Nuevas leyes.
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FOTO: COLPRENSA
22 de junio de 2020
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No es una exageración afirmar que esta fue una legislatura sin precedentes en el Congreso de la República. Entre la cuarentena, el debate sobre si sesionar o no de manera virtual y todos los contratiempos que trajo la covid para la política colombiana, el pasado sábado 20 de junio terminó el periodo legislativo que tiene la particularidad de haber sido el primero que se desarrolló de manera virtual y que, a pesar de ese escenario antes inexplorado para los congresistas, llevó a buen terminó varios proyectos de ley.
Si bien las sesiones de esta fase debieron comenzar el 16 de marzo, esa fecha coincidió con el inicio del aislamiento obligatorio nacional que adoptó el Gobierno como una medida de protección ante la pandemia. Así las cosas, solo a partir del 13 de abril se reunieron las cámaras en pleno por primera vez y usando plataformas digitales, aunque hubo congresistas como el representante a la Cámara por Caldas del Partido Liberal, José Luis Correa, que continuaron asistiendo de manera presencial. Este dio positivo para covid a comienzos de junio.
Con prácticamente un mes sin plenarias, desde mediados de abril hasta este fin de semana, los debates se dieron contra reloj y en esta última semana de sesiones se aprobaron proyectos que estuvieron en el debate del país en congresos anteriores, como el de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Esta es una iniciativa que, si bien ya tiene la luz verde del Legislativo, pasará a revisión de la Corte Constitucional, tan pronto se presenten las demandas ya anunciadas contra esta reforma.
Hay otros proyectos de ley que consiguieron su aval en los últimos días. Una es la Ley de pliegos tipo, que ya pasó a sanción presidencial y busca adoptar documentos estandarizados para combatir la corrupción en la contratación pública. Por otro lado, la iniciativa para la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca también tuvo su aval.
Hay otras más cercanas a la gente: la Ley Jacobo, llamada así en honor a Jacobo Latorre Silva, un niño de 14 años que falleció por cuenta de un tumor, para reducir los trámites para los tratamientos en salud de los menores de edad que padecen cáncer; la apodada como “borrón y cuenta nueva”, que dará a los morosos reportados en centrales de riesgo una amnistía para ponerse al día con sus cuentas pendientes; y la de pago a plazo justos, que facilitará a emprendedores y pequeñas empresas recibir los pagos por sus servicios en un plazo máximo de 60 días, garantizando el flujo de caja de las compañías.
El analista político y docente de la Universidad politécnico Gran Colombiano, Gabriel Clavijo, apunta que la principal lección que deja la aprobación de proyectos de manera virtual es que “la institucionalidad no puede parar dentro de sus funciones por efectos de la cuarentena”.
Clavijo afirma que, aún en el escenario de la virtualidad, es fundamental que la efectividad en el transcurso de los proyectos en el legislativo se dé bajo la total asistencia de los votantes de los proyectos. Con esta legislatura virtual, dice, “se dio el primer paso para adaptarse a los cambios que traerá la nueva realidad mundial en el funcionamiento de la institucionalidad”.
Ideas cercanas a la gente
Una ley más que tendrá impacto social es la que incentiva que las empresas contraten a adultos mayores que no cuentan con una pensión. Lo que esta busca es dar beneficios tributarios a las compañías que le den trabajo a esta población. Según el representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, autor del proyecto, la proposición dará oportunidades de empleo a 95 mil adultos mayores que no tienen un ingreso fijo.
“Habrá un sello amigable pro-adulto mayor que distinguirá a las marcas que le apuesten al empleo para estas personas. La discriminación por edad debe erradicarse de nuestra sociedad”, aseguró López el pasado sábado.
Entre tanto, el Congreso también dio el sí a un proyecto que presentó la representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus, que fija disposiciones especiales para la prestación del servicio de transporte escolar en zonas rurales del país, teniendo en cuenta que hay niños y niñas que deben pasar travesías de hasta tres horas o más para poder llegar a clases, por zonas montañosas y hasta en balsa cruzando los ríos, según lo ha constatado la propia Defensoría del Pueblo.
Este garantizará que haya reglas flexibles para la contratación del transporte en zonas rurales de difícil acceso donde no operan empresas de transporte legalmente constituidas, o en aquellos en los que, dependiendo de la geografía, no es posible que haya vehículos de transporte motor. Así, “los niños y niñas no tendrán que caminar más de tres horas o remar para llegar a estudiar”, dijo Goebertus.
Finalmente, al marco constitucional también llega la Ley Jacobo, que garantizará que los pacientes con cáncer de hasta 18 años de edad reciban atención prioritaria, así como una ruta más eficiente que permitirá detectar a tiempo la enfermedad.
“Buscamos eliminar las barreras administrativas que cuestan tiempo valioso en el tratamiento de niños y adolescentes. Ni los familiares ni los pacientes tendrán que seguir haciendo engorrosos trámites, largas filas y autorizaciones para garantizar sus radioterapias, quimioterapias, consultas y medicamentos”, explica la senadora Claudia Castellanos, coautora de la ley.
Con esto, no solo se optimizará el tiempo para los pacientes, sino que se reducirán riesgos. Por ejemplo, la Fundación María José alertó el mes pasado que, tras una encuesta con ONG, en seis ciudades, hallaron que el 69 % de los menores de edad pacientes oncológicos en el país se expusieron a salir de sus hogares e ir a los centros médicos por largas horas junto a sus familiares, en plena emergencia sanitaria por la covid-19, para pedir sus citas. Así las cosas, al menos en el papel, queda abonado un mejor terreno para el acceso a derechos.
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