Un total de 327 personas, de 97 familias, hicieron su éxodo masivo de los corregimientos Nabugá y Huaca, en Bahía Solano (Chocó), después de que las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia atentara contra poblaciones indígenas y afrocolombianas, lo que fue calificado por Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del pueblo, como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “dos de los hechos violentos ocurrieron en Nabugá: la desaparición forzada del indígena Daniel Cabrera Lana (4 de diciembre) y el asesinato de Deiber Potes Girón (6 de diciembre). A esto se suma el homicidio y desmembramiento del joven Roberto Jiménez Bocanegra, en Huaca, el pasado lunes 12 de diciembre, cuando también hubo amenazas generalizadas en contra de los pobladores”.
Por eso Negret Mosquera instó al Gobierno Nacional, particularmente a los Ministerios de Defensa y del Interior, para que se fortalezca la capacidad de respuesta actual en materia de seguridad, prevención y protección en Juradó, Bahía Solano y Nuquí, así como de la Unidad de Víctimas, para restablecer los derechos de la población desplazada y en riesgo.
Por ahora, la Defensoría ha desplazado personal en misiones humanitarias a los tres municipios para verificar el riesgo que puede tener la población civil y, especialmente, la posibilidad de que el grupo armado haya instalado minas antipersonal.
Situaciones anteriores
El 3 de junio de 2014 la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el escenario de riesgo en Bahía Solano, Juradó y Nuquí y puso en conocimiento sobre la movilización de unos 500 hombres de las Autodefensas Gaitanistas desde el Urabá y el Bajo Atrato hacia Bahía Solano y Juradó. Y el 7 de junio pasado emitió un informe en el cual se advirtió sobre el riesgo para las comunidades de la Costa Pacífica, en concreto en Nabugá y Huaca.
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