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Clan del Golfo tapona a migrantes en el Darién
Este diario entró al corazón del drama y del negocio del tráfico de personas entre Panamá y Colombia.
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En la placa deportiva de la escuela de Puerto Obaldía se concentra el mayor número de migrantes. FOTOS JULIO CÉSAR HERRERA -
A la oficina de Migración en Turbo (Antioquia) llegan a diario migrantes de las Antillas, África y Asia. -
El muelle de Capurganá, en Acandí (Chocó). El Clan del Golfo prohibió a los “coyotes” embarcar migrantes. -
La costa de Puerto Obaldía (Panamá). Al fondo se aprecia la selva que deben recorrer los migrantes. -
Los extranjeros que llegaron a Puerto Obaldía usan agua de los caños para bañarse y cocinar. -
Este grupo de haitianos llegó a Obaldía el 13 de febrero, después de dos días de trayecto a pie por el monte. -
Los migrantes ocuparon la parte exterior y corredores de la única escuela que hay en el poblado de Obaldía.
“En un mes, me puedo ganar 10 millones de pesos”, dijo Benigno*, esgrimiendo una sonrisita. Cada que hablaba, el “coyote” miraba las chanclas y trazaba círculos con el pie, como si eso le ayudara a escoger mejor las palabras. Cuatro traficantes de migrantes asesinados en el último año disuaden a cualquiera, pero no a este joven de 20 años, cuya facha descuidada disimula bien los ingresos.
- “Y en un mes malo, ¿cuánto se gana?”, le pregunto, tomando apuntes en una residencia del corregimiento de Capurganá, en Acandí (Chocó).
- “Esto no tiene época mala”, afirma rascando el incipiente bigote, “aunque... puede cambiar, porque los señores de arriba dijeron que nadie puede embarcar a esa gente hasta nueva orden”.
- “¿Y esos quiénes son?”. Silencio. El “coyote” frunce los labios y el ceño, encogiendo los hombros. Es el gesto típico de los lugareños cuando alguien indaga por el Clan del Golfo, la organización narcoparamilitar que controla los negocios ilegales de la región.
(Vea aquí La crisis de migrantes en el Darién en fotos)
La estructura delinque desde 2007 y convirtió al Golfo de Urabá y sus habitantes en una ubre que ordeña a diario, a punta de extorsiones, amenazas y perversión de las costumbres. Ni siquiera los que delinquen escapan a su control, pues tienen que pagarle un “diezmo” los contrabandistas, narcos, pandilleros y traficantes de migrantes que subsisten en sus dominios.
Desde el pasado 28 de enero, la facción prohibió a los “coyotes” o “chilingueros” transportar más desarraigados por la ruta marítima de Chocó a Panamá. El motivo fue un accidente que atrajo la atención de las autoridades, en el que una embarcación sin permisos naufragó contra los peñascos en la costa de Acandí y fallecieron 19 extranjeros. La tripulación estaba ebria y no pagó la “vacuna” al Clan.
La decisión de los mafiosos provocó que los migrantes tuvieran que elegir la selva, a merced de las enfermedades tropicales, guías embaucadores, trochas resbaladizas y la inclemente humedad. La crisis humanitaria, que ajusta dos semanas, se sintió con más fuerza en Puerto Obaldía, un poblado panameño de 432 habitantes, que en este tiempo vio cómo 838 forasteros acamparon en sus callejuelas, colapsando todos los servicios.
La caravana peligrosa
Puerto Obaldía pertenece a la comarca indígena de los Guna Yala, en el Darién. Tiene una orilla rocosa, que acuchilla al mar, y una vasta jungla que lo rodea. La comunidad, conformada por campesinos y pescadores, vive de manera apacible entre las gallinas, la brisa y los senderos polvorientos.
Por eso, cuando el 8 de febrero emergió del monte una muchedumbre de desconocidos, enarbolando banderas blancas, la incertidumbre se apoderó de muchos. “Es que en Obaldía no aguantamos ni un resfriado, ¿qué vamos a hacer con tanta gente?”, dijo el señor Torres*, uno de los nativos más veteranos.
La mayoría de migrantes salió en dos grandes grupos de 400 y 200 personas desde Capurganá, entre el 6 y el 9 de febrero. Con ancianos, enfermos y niños a cuestas, blandieron machetes para forjar un camino y cruzar por los poblados de Sapzurro y La Miel, en la difusa frontera de Colombia con la nación vecina. A su ritmo, el trayecto puede durar dos días a pie hasta Puerto Obaldía.
El 10 de febrero el mundo supo de la crisis. Militares del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) instalaron un retén en La Miel. La gente protestó y le llovió gas lacrimógeno, generando una estampida que dejó varios heridos.
Algunos alcanzaron a grabar con celulares y transmitir las imágenes a la prensa internacional. Buscando evitar mayores escándalos, los uniformados prohibieron el acceso a los periodistas, y los primeros afectados fueron unos reporteros franceses, a quienes no dejaron pasar el martes.
EL COLOMBIANO recorrió el área entre el 12 y 14 de febrero. El viaje coincidió con una visita de Christian Krüger, director de Migración Colombia, quien estuvo en Capurganá, Sapzurro y Acandí, y el día 12 declaró: “no hay migrantes represados en la región”.
En efecto, del lado colombiano no había emergencia, el problema estaba a 10 minutos por agua, en la franja panameña. Este diario, mediante una misión encubierta, logró llegar a Puerto Obaldía y constatar lo que allí sucedía.
Los migrantes, en su mayoría cubanos y haitianos, se concentraron en la placa deportiva de la escuela Octavio Ceballos. Unos consiguieron colchones y carpas, otros aplastaron su humanidad contra el pavimento, buscando un pedacito de sombra.
En el patio de una casa antigua, resguardados de la mirada helada de los militares, un puñado de isleños se atrevió a narrar la odisea. Tenían el rostro demacrado por la inanición y algunos mostraron las cicatrices y extremidades hinchadas que dejó el brutal recorrido por la maraña.
Mariela Hernández y su esposo José Rodríguez huyeron hace un año de Cuba, tras la persecución por su activismo político. Como la mayoría de sus compatriotas, deambularon por la ruta Guyana-Brasil-Ecuador, para ingresar a Colombia por Ipiales y rodar hasta Turbo. Desde allí, una lancha los llevó a Capurganá.
En esta época del año el mar se agita con brusquedad, como una sábana que alguien trata de tender con rabia. Las lanchas acometen la marea dando botes y cada impacto con las olas se siente cual martillazo en la cadera.
La pareja vio cuando los 32 extranjeros se apiñaron en una embarcación con capacidad para 20, al mando de unos marineros borrachos; luego sintió terror al saber que naufragaron y que los “paracos” ordenaron suspender los viajes acuáticos.
Su travesía selvática inició aquel 28 de enero, con un subgrupo de 56 andariegos. “Cuando llegamos a un sitio que le dicen Manigüita, nos asaltaron unos hombres con rifles. Nos pegaron con palos y nos quitaron hasta los pasaportes”, recordó Mariela. Volvieron a intentarlo el 7 de febrero, en la caravana de 400 que encalló en Obaldía.
Jhon del Río es presidente del Movimiento de DD.HH. Manuel de la Peña, opositor del régimen cubano. Viaja por estos parajes con su madre de 60 años, quien lo motiva a no desfallecer. Es uno de los voceros de los caminantes y confesó que ajustaba tres días sin probar bocado. “No le estamos pidiendo nada al Gobierno de Panamá. Solo que nos dejen seguir nuestro camino”, comentó, indicando que los militares evitaron que siguieran la marcha y por eso estaban represados en Obaldía.
Por la precariedad del caserío, les ha tocado consumir agua de caños, orando para no agarrar una peste. Las autoridades del istmo emitieron alertas sobre probables casos de tos ferina y malaria africana, razón por la cual intentaron cerrar el paso fronterizo.
Para los migrantes, eso contribuye a su estigmatización. “Todos convivimos pegados y no hemos visto a esos supuestos contagiados”, indicó Jhon.
El riesgo de ayudar
No todos consiguieron llegar a suelo panameño. En Sapzurro quedó varada Marie*, una haitiana de 27 años, con su bebé de 14 meses. Conversamos con ella sentados en la acera, cerca del muelle del lugar.
Es delgada y de rasgos fuertes, con una belleza que no ha muerto a pesar de tanta tristeza. Cuando hablaba, en un castellano balbuceante, a veces perdía el hilo del relato mirando el mar. Como si, pese a haber nacido en el Caribe, no reconociera ese inmensa manta de agua.
Abandonó la isla antillana en 2018, cuando un monstruo la sometió con violencia y la embarazó. Trasegó por Guyana y Brasil, donde la niña vio la luz en un mundo desconocido.
Al llegar a Capurganá, ella y siete compatriotas fueron estafados por un “coyote”, quien les pidió de a US25 para conducirlos por la maraña, pero escapó con el dinero y los dejó ilusionados.
Desesperada, se unió a un grupo de 20 caminantes. Partieron rumbo a Obaldía y en el camino, por estar pendiente de la bebé, no pudo seguirles el paso y se extravió, devorada por árboles tan gigantes que impedían el paso del reflejo lunar.
Al final de esta entrevista, los nativos de Sapzurro le rogaron que no se volviera a meter a la selva con la niña, mas Marie estaba resuelta.
Sentía pena con ellos, porque sabía que arriesgaban el pellejo si le daban albergue: “tienen miedo de que los metan presos, porque los confunden con ‘coyotes’”.
Ese temor se propagó desde la crisis de migrantes de 2016, cuando más de 2.000 desamparados se represaron en Turbo. Varios desadaptados aprovecharon para estafarlos y cobrarles el 50% del dinero que les enviaban las familias del exterior, a cambio de recibirles la remesa a quienes carecían del estatus legal.
El abogado Jairo Álvarez recordó que hubo múltiples operativos en los que, si bien cayeron tenebrosos traficantes, también personas caritativas que solo tuvieron compasión con los desdichados.
“Está el caso de la profesora Vilma Flórez y la señora Migdonia Bolaños, que indignó a la gente de Turbo. Solo les dieron albergue y recibieron giros del exterior para unos cubanos, sin pedir nada a cambio, y fueron detenidas (en agosto de 2016)”, contó el jurista, agregando que eso evita que hoy exista una mayor colaboración de la ciudadanía hacia los foráneos.
Ese municipio antioqueño es un lugar de paso obligado. Fabricio Marín, administrador del muelle turístico, precisó que en 2019 han embarcado 1.733 migrantes (hasta febrero 12). La mayoría son haitianos (470) y cubanos (270), seguidos de africanos (Congo, Sierra Leona, Angola, Etiopía y Eritrea) y asiáticos (Afganistán, Pakistán y Bangladesh).
Según sus cuentas, el flujo migratorio ha mermado. En 2016 despacharon desde el muelle a 39.851 migrantes, mientras que en 2018 fueron 8.000.
Cada que habla del tema, por la mente de Fabricio ronda la escena más dramática que sus ojos han contemplado: “esa vez, en 2016, llegué temprano a la oficina y había muchos extranjeros esperando conseguir un pasaje. Me impresionó una joven de 17 años, que cargaba a su hijo de tres. El niño lloraba como si le doliera algo y ella trataba de consolarlo, dándole pecho. Pero llevaba dos días aguantando hambre y no le salía leche”. El administrador se encerró en el baño a llorar.
Economía “chilinguera”
El “coyote” Benigno se rascó unos granos imaginarios en el antebrazo, más por nerviosismo que por una picadura real. “El lunes mataron a uno, esto está bravo”, acotó. Se refería a “Kike”, un muchacho acribillado por sicarios del Clan del Golfo en el barrio Las Flores de Turbo, el 11 de febrero. Jugaba cartas en la vía pública, cuando los proyectiles le cortaron el aliento.
En el pueblo, autoridades y mototaxistas contaron que al parecer era “chilinguero” y que lo ejecutaron por no pagar el “impuesto” a la banda. Por un motivo similar aniquilaron a otros tres el año anterior.
El tráfico de migrantes en el Golfo de Urabá agita una economía clandestina de cifras elevadas. Para pasar desde Turbo hasta Panamá vía mar, a un viajante le pueden cobrar entre US200 y US400; los trayectos por tierra, desde Capurganá, valen de US25 a US100.
Un taxista de Turbo*, que conoce la dinámica, explicó que si un migrante no tiene cómo pagar, puede transportar entre 5 y 10 kilos de cocaína por la trocha, a manera de compensación para el Clan.
Benigno señaló que en la cadena de ganancias se involucran los lancheros y sus ayudantes, como él, que llevan a los pasajeros hasta el caserío indígena Ana Chukuna (más allá de Obaldía); también ganan los indios que los recogen ahí, para llevarlos por una trocha de dos días hasta la vía Panamericana;los que cargan el equipaje en los botes, los que aportan la gasolina y “los dueños de la línea”, es decir, quienes administran la red desde Ipiales. Estos últimos reciben US1.500 por persona.
Y por cabeza, el Clan les cobra un “tributo” de US31 a US50. “Esos manes tienen tipos que vigilan, que les avisan cuánta gente embarca uno. Así saben cuándo les hacen contrabando”, detalló el joven.
Frente a la presión internacional, la crisis en aquel poblado comenzó a mermar desde el viernes pasado. Líderes comunitarios de Obaldía informaron que el Gobierno panameño evacuó a 55 migrantes en avión y 450 en barco. Al cierre de esta edición quedaban 283.
El Ministerio de Seguridad Pública de ese país anunció que acondicionará un albergue para 400 migrantes en Metetí (Darién), para atender los éxodos futuros.
Porque los habrá, mientras exista detrás un negocio tan lucrativo y persista el sueño americano de los migrantes.
Este fin de semana, cuando la gente de Obaldía se despedía de los primeros evacuados, veía llegar a otros 50, con las huellas de haber atravesado el infierno de la selva.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
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