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En el aislamiento, la violencia ha cobrado 278 vidas en el país: colectivo José Alvear
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Municipios de Chocó y el Urabá antioqueño han sido de los que más han sufrido la violencia durante el confinamiento. FOTO Colprensa
La situación de violencia en el país en medio de la pandemia generada por la covid-19 ya deja cerca de 8.000 personas afectadas. Así lo afirma en una radiografía de la situación, el Colectivo de Abogados José Alvear.
“Mientras la pandemia de la covid-19 ocupa nuestra vida, el aislamiento social es utilizado en los territorios como una nueva arma de guerra”, precisó el colectivo en el documento que presentó como ‘SOS’ por la paz, por la vida y las garantías de no repetición.
El reporte da cuenta que en menos de dos meses de estar en contingencia, la guerra ha cobrado la vida de 278 colombianos. “Entre tanto y en ocasiones ocultada por el impacto del virus, se vive en nuestro país una guerra en medio de la pandemia”.
A juicio del colectivo, esto ocurre como consecuencia del incumplimiento al Acuerdo de paz en temas sensibles como las garantías para excombatientes, la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, la reforma rural integral, y los mecanismos de participación. Pero también por la persistencia del paramilitarismo y del conflicto armado entre la guerrilla del Eln y las fuerzas armadas.
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El Secretario General Naciones Unidas, Antonio Gutérres, ante el grave impacto global de la pandemia, hizo un llamado al cese del fuego “inmediato y global” de los conflictos armados en el mundo con el objeto de poder concentrar los esfuerzos en controlarla. Si bien este fue acogido por el Eln con impactos importantes, los mismos no fueron satisfactorios.
“Los grupos armados legales e ilegales no están en cuarentena y controlan cada vez más la vida de las personas con la ausencia o complicidad de la actuación estatal. De acuerdo con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, desde el 6 de marzo, fecha en la que se confirmó el primer caso de coronavirus, hasta el 20 de abril, habrían sido asesinadas 21 personas defensoras de derechos humanos, y 13 desde la entrada en vigencia de las medidas de confinamiento”, exponen en el documento.
La información que expone el Colectivo señala que en el mandato de Iván Duque han recibido en promedio una denuncia cada 1,6 días para un total de 1.067 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en 632 días de gobierno.
El SOS
Entre el 1 de febrero y el 1 de mayo, el colectivo recibió denuncias de un total de 175 hechos, una reducción en relación con el trimestre anterior cuando recibieron 193 denuncias en el contexto del Paro Nacional. Estos hechos dejaron en el periodo de febrero a abril 2.421 víctimas, además de 60 colectivos o comunidades cuyo número de individuos afectados no es posible establecer, que fueron víctimas de desplazamientos, presencia paramilitar, amenazas colectivas, erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, abusos de la fuerza pública e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
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“La coyuntura del Paro junto con las actuales medidas de aislamiento, explicaría en parte esta leve reducción que, no obstante, no varía la curva ascendente de denuncias de graves violaciones durante el actual gobierno, y es muy preocupante que se sigan presentando numerosas agresiones de actores armados ilegales pero también de la fuerza pública, en medio de una crisis sanitaria que debería unirnos como nación en el único propósito de superarla”, expone el documento.
Los hechos que dejaron mayor número de víctimas en el periodo del actual SOS, se refieren a seis desplazamientos forzados que dejaron más de 2.190 víctimas, así como el de 847 personas desterradas de 12 veredas de la zona de Cañón del Inglés en el municipio de Ituango por enfrentamientos entre disidencias y paramilitares de las autodenominadas ‘Autodefensas Gaitanistas’, sumado al desplazamiento de 550 personas del municipio de Argelia, Cauca, en medio de enfrentamientos armados, en zonas pobladas, entre guerrillas del Eln y el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.
El reporte también incluye el desplazamiento forzado de casi 400 indígenas en la zona rural del municipio de Bojayá, (Chocó) donde además se denuncia la existencia de minas antipersona, y el desalojo de 300 personas en Urrao, Antioquia, por enfrentamientos entre grupos armados herederos del paramilitarismo y las disidencias.
“También se presentó un desplazamiento forzado de 80 personas de las veredas de Nayita, Zabaleta y Agua Clarita, por acción de grupos paramilitares en Argelia (Cauca) y el de 20 personas de El Tambo (Cauca) por acción del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.
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Otras violaciones masivas a los derechos humanos, que documentan, fueron los asesinatos de 23 personas privadas de la libertad en la cárcel Modelo de Bogotá, el pasado 20 de marzo, en medio de las protestas por la falta de medidas sanitarias para atender la pandemia en este centro de reclusión que ha tenido como contexto huelgas de hambre y protestas en varias penitenciarías y cárceles de todo el país.
“Por tipos de violaciones a los derechos humanos y al DIH, en el periodo del actual recibimos denuncias de 75 asesinatos que dejaron 120 víctimas, 24 casos de abusos de la fuerza pública, 16 de ellos contra comunidades y colectivos, 15 hostigamientos con 54 víctimas, tanto personas como organizaciones y comunidades, 14 amenazas con 35 víctimas, entre individuales y colectivas, y 13 atentados con 16 víctimas”, reseñó el colectivo.
Uno de los atentados colectivos fue contra el equipo de la Guardia Indígena en Toribío, Cauca y otro contra un grupo de campesinos que se manifestaba contra la erradicación forzada en el Catatumbo, Norte de Santander.
En cuanto a la erradicación forzada, el colectivo tiene en su expediente que esta ha sido otra de las agresiones que se ha agravado en el último periodo, luego de que recibieran 12 denuncias de esta práctica contra igual número de comunidades, todas por parte de la fuerza pública.
Según el documento, seis de estas denuncias provienen de comunidades del Putumayo, dos de ellas en Puerto Asís, una de las cuales correspondió a la aspersión aérea con glifosato, una práctica que está suspendida por la Corte Constitucional.
Pese a la suspensión, el colectivo denuncia que este hecho se ha adelantando en Nariño, Antioquia y Norte de Santander, desconociendo el Acuerdo de paz y agravando la crisis humanitaria en medio de las medidas de aislamiento y la insuficiente respuesta institucional en materia social.
Lo que llama la atención de la organización es que se han adelantado numerosas denuncias por abusos de la fuerza pública.
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