El duro cuestionamiento del Centro Democrático a la falta de garantías para Santiago Uribe Vélez, capturado el lunes por presuntos nexos con el grupo paramilitar “los 12 apóstoles”, y por su presunta participación en el asesinato de Camilo Barrientos (un conductor señalado de ser auxiliador de la guerrilla), llevó a que el presidente Juan Manuel Santos exigiera garantías para el debido proceso.
El Jefe de Estado le pidió a la Procuraduría acompañar el caso contra el hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe, y a su vez, solicitó una veeduría internacional para “rodearlo de todas las garantías constitucionales y legales”.
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Más allá de una veeduría, explica José Fernando Toledo, profesor de derecho internacional en las universidades de Antioquia y Medellín, se contaría con un acompañamiento, cuya función sería complementaria en este caso.
“La defensa podría solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de unas medidas cautelares el acompañamiento, para evitar que el debido proceso y el derecho a la defensa a la que tiene el doctor Uribe se vea vulnerado toda vez que en Colombia la Fiscalía, según ellos, y pruebas que aporten los abogados de la defensa, tiene serios motivos para proferir decisiones amañadas o no acordes para menoscabar el derecho a la libertad que tiene el sindicado”, dice el abogado.
Toledo hace una claridad y es que no se trataría de una veeduría, pues estos organismos internacionales no coadyuvan en la justicia interna sino que cumplen una función complementaria “y legitiman al ciudadano para actuar ante la justicia internacional cuando sus derechos y la justicia no han sido respetados en el Estado interno o en el Estado en el que ha sido acusado de violar ese debido proceso”.
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Cambian medidas para Uribe
Nuevas medidas para garantizar la seguridad procesal en el caso de Santiago Uribe, fueron solicitadas por el abogado defensor, Jaime Granados, quien expresó que la Fiscalía autorizó ayer el traslado de su defendido a una guarnición militar —sin definir— por seguridad.
Igualmente, por considerar que la captura del hermano del expresidente Uribe obedece a una “persecución política”, Granados anunció que acudirá a instancias internacionales, pues en Colombia “la justicia está politizada”.
En rueda de prensa en la sede del Centro Democrático en Bogotá, el jurista defensor indicó que en la actuación de la Fiscalía se ha demostrado “a la defensa y a la opinión pública que no hay garantías para Santiago Uribe”.
En esta vía, explica Juan Carlos Álvarez, profesor en derecho penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, que aunque la figura de una veeduría no existe “desde el punto de vista estrictamente legal no hay una norma en la ley procesal penal colombiana que establezca esa figura, sí existe como normas constitucionales y en los tratados de derechos humanos internacionales que tiene Colombia suscritos”; razón por la cual la petición del abogado es completamente válida.
Agrega Álvarez que por el tipo de delitos que es sindicado Uribe, de lesa humanidad o de homicidios en persona protegida, “se hace necesario tener garantías para evitar que se puedan llegar a cometer injusticias en ese caso, sobre todo porque se trata de hechos de hace más de 20 años”.
La detención de Uribe generó nuevos rechazos por los seguidores del Centro Democrático, quienes una vez más sostuvieron que los motivos de la captura solo obedecen a una persecución política del gobierno actual.
