El alto gobierno, encabezado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, junto con el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y los exguerrilleros Iván Márquez y Pastor Alape, se reunieron en la vicepresidencia para ajustar el texto de la ponencia que se presentará a las plenarias de Senado y Cámara para la discusión de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
En la reunión, que se desarrolló en un ambiente cordial, según aseguraron los mismos asistentes, también estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo; y los ministros del Interior, Guillermo Rivera y Enrique Gil Botero.
La cita buscaba, aparte de corregir la redacción del texto para presentar a las plenarias, tratar de superar los enconados debates que suscitó la iniciativa durante la discusión de las Comisiones Primeras.
El ministro Rivera aseguró que todas las partes están satisfechas con la manera en que se adelantó la discusión y que “estábamos de acuerdo en los objetivos. Queríamos que no hubiera dudas en las competencias de la JEP y de la justicia ordinaria”.
Según dijo, todos los asistentes estaban de acuerdo en lo sustancial, “queríamos delimitar las competencias de una y otra y lo que había que hacer eran precisiones sobre la redacción”. Rivera agregó que la ponencia se presentará el martes mientras se terminan de ajustar los textos.
El Fiscal General sostuvo, por su parte, que la reunión fue muy positiva. “Queríamos mostrarle a las Farc la importancia que tienen las proposiciones que ha llevado el ente acusador a consideración del Congreso, lo más importante los temas que tienen que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con los valores del proceso Paz.
“Ha sido una reunión muy positiva, la Fiscalía ha tenido una oportunidad muy provechosa para mostrarle a las Farc la importancia que tienen las proposiciones que llevamos a consideración del Congreso. Lo más importante, los temas que tienen que ver con quitar los beneficios para desertores, disidentes, se ha entendido cabalmente; que si no se presentan los testaferros o los activos de las organizaciones es un incumplimiento grave, también se aceptó”, agregó el fiscal.
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