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Gobierno podría degradar al Eln como una bacrim
Si la guerrilla deja de ser un grupo armado al margen de la ley, el Ejecutivo ya no podría sentarse en la mesa de diálogos a negociar la paz.
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FOTO ARCHIVO COLPRENSA
18 de enero de 2019
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Desde que se instaló la mesa de negociación con el Eln, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el proceso ha sido accidentado y sin mayores avances. Con la llegada de Iván Duque al poder no se cerró la puerta, pero hubo condiciones claras: entregar a los secuestrados y dejar los actos terroristas. Ahora, que esta guerrilla se atribuyó el derribo del helicóptero en el Catatumbo y el secuestro de los tres tripulantes, recibieron un ultimátum que además promete cerrar cualquier tipo de negociación futura.
El Gobierno discute si reconocer o no a esta insurgencia como actor político, porque no ha conseguido que el Eln deje su accionar criminal y la ley de orden público lo facultó para calificar nuevamente a los grupos armados.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, aseguró que en un mes el Consejo de Seguridad Nacional definirá el estatus de esa organización y determinará si es un grupo armado al margen de la ley o un grupo armado organizado.
“Con conductas como el secuestro, el Eln aleja cada vez más la posibilidad para que el Gobierno pueda sentarse a negociar, porque son conductas que de ninguna manera tienen relación con un conflicto, que tenga inspiración en la rebelión y en el cambio político de un país”, dijo.
Y agregó que la guerrilla debe tomar una decisión ética y política de manera urgente, para definir si es un grupo que quiere dejar las armas. “El reloj corre en contra del Eln”, expresó a manera de ultimátum.
Hay que tener en cuenta que, como explicó la representante a la Cámara Juanita Goebertus, el Gobierno solo puede adelantar negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley porque su nivel de organización y de hostilidad amerita a que tomen la decisión de negociar, “la ley no habla de un estatus político”, que es lo que el alto comisionado quiere hacer creer.
Para el analista del conflicto armado Carlos Arturo Velandia, el fin de la mesa de diálogos está marcado, “las cosas están en un punto donde cada cual dibujó sus rayas rojas y no están dispuestos a cruzarlas, no veo que ninguno esté en condición de ceder, el escenario más probable es que se dé la ruptura de la mesa de diálogos con el Eln”.
¿Era el plan del Gobierno?
Desde que el presidente Iván Duque se posesionó puso contra las cuerdas a la guerrilla al condicionar cualquier tipo de negociación. Esa es una premisa que el Ejecutivo ha cumplido a rajatabla a pesar de los coqueteos de la insurgencia que, de un momento otro y sin aviso libera a un secuestrado, o declara un cese el fuego unilateral, pero el Gobierno insiste que “no es suficiente”.
En cambio ha reforzado la presión para que los países que supuestamente protegen a los máximos jefes guerrilleros (Cuba y Venezuela) los entreguen a Interpol para que regresen a Colombia a responder ante la justicia.
Nada de eso es gratuito. El profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, explicó que durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, todas las guerrillas eran consideradas terroristas y aquí está instalada esa idea de que con el terrorismo no se negocia.
Velandia, por su parte, agregó que “el gobierno ha venido desarrollando una política en materia de paz que viene desde la época de la oposición del Centro Democrático y desde el discurso del candidato Iván Duque. Esta posición tiene mucho que ver con lo que él planteo desde la campaña”.
“Ese es un tema que puede cambiarse en cualquier momento”, anotó Vargas, quien recordó cómo el gobierno de Juan Manuel Santos degradó al Epl (disidencia de la guerrilla del Epl desmovilizada hace 27 años) a una banda criminal, a la que además le cambió el nombre por “Los Pelusos”. “Eso no fue otra cosa que tratar de quitarles ese estatus y situarlo como un grupo de crimen organizado”, aclaró.
Por su parte, Luis Eduardo Celis, asesor en Posconflicto de la Red Prodepaz, advirtió que “el Gobierno libremente puede definir que no quiere negociar con el Eln porque ellos no tienen voluntad, pero ahí viene la otra cara, si usted no negocia es porque tiene una mejor fórmula y los puede controlar. El Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad. ¿Cuál es la fórmula? si no la tienen vamos a continuar así cuatro años más”.
No obstante, Vargas consideró que el Gobierno ha tenido un ánimo de dilatar porque no quiere negociar, pero se ha encontrado a nivel internacional que es de gran interés que se mantengan esas conversaciones. “Ahora, es verdad que es muy difícil que haya un colombiano que no esté de acuerdo con las exigencias que ha hecho el Gobierno, el presidente ahí tiene toda la razón, el secuestro no tiene ninguna justificación, menos cuando las Farc tomaron esa decisión por su cuenta antes de iniciar las conversaciones”.
¿Cómo se da el estatus?
La Ley 1941 de 2018, la nueva Ley de Orden Público, establece que “de conformidad con las normas del Derechos Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende como grupo armado al margen de la ley, aquel que bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
Al respecto, Celis opinó que la insurgencia debe mantener su estatus: “Si bien es cierto que han recurrido a muchas formas de criminalidad, a secuestrar, a extorsionar y al narcotráfico, su esencia sigue siendo la de un agente rebelde, su motivación no es la acumulación de recursos, así lo hagan, porque hacer la guerra demanda recursos, eso los diferencia de otros actores como las mafias y los herederos del paramilitarismo”. Aunque aclaró que esta no es una organización que esté luchando contra el poder global, más bien ha decidido resistir.
Además, la normativa agrega que una vez el Consejo Nacional de Seguridad califique a una organización como tal, el Gobierno Nacional puede “examinar la posibilidad de decidir si adelanta diálogos conducentes a acuerdos para la desmovilización, desarme y reintegración del grupo”.
Cada seis meses el Consejo determinará si mantiene la calificación de los grupos.
Así que si el objetivo del Gobierno es que el Eln deje de ser considerada una guerrilla, “tendrá que demostrarle a la sociedad que ya no es una organización rebelde”, lo que Celis consideró muy difícil. “Es una organización que tiene gente, motivación, historia y capacidad”.
Pero, como están las cosas, todo apunta a que en un mes el Eln dejará de ser considerado una guerrilla, y será declarada una banda criminal, de eso no le queda ninguna duda a Velandia, mientras la representante Goebertus cree que será un grupo armado al margen de la ley con el que decidirán no negociar.
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