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“La JEP está sobre la roca más fuerte, nadie puede derogarla”: Cifuentes
El nuevo presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, defiende la gestión de la entidad.
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El presidente de la JEP, magistrado Cifuentes, en entrevista con EL COLOMBIANO, aseguró que antes de mediados de enero de 2021 se dará la acusación a los excomandantes de Farc ante el Tribunal de Paz por secuestros. FOTO Colprensa
07 de diciembre de 2020
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Garantizar la imposición de penas de prisión de hasta 20 años para los máximos responsables que no aporten verdad plena ni reconozcan su responsabilidad en los hechos ocurridos durante el conflicto es el objetivo del magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Un mes después de la posesión en el cargo, el magistrado explicó a EL COLOMBIANO las próximas grandes decisiones que se tomarán y por qué es imposible derogar la jurisdicción, a propósito de la propuesta que salió del partido de gobierno, el Centro Democrático, planteada por el expresidente Álvaro Uribe a inicios de noviembre.
Se esperaba que este año se dieran las primeras resoluciones de conclusiones ante el Tribunal para La Paz y no ha ocurrido, ¿cuándo podemos tener las primeras acusaciones?
“Es inminente la expedición de la primera determinación de hechos y conductas, en el caso de secuestros, un macrocaso que involucra a miles de víctimas, que se inició hace más de 2 años y que concluye en esta primera fase inicial con esa decisión, similar a la acusación en la justicia ordinaria. Esperamos que esto ocurra en cualquier momento de este mes o a principios del mes de enero. Los otros seis macrocasos avanzan sostenidamente, yo creo que el próximo año igualmente se irán conociendo otros autos de este tipo, bajo el supuesto de que los comparecientes reconozcan los hechos y asuman responsabilidades, pero si a juicio de la JEP sentimos que se oculta la verdad y que no existe cooperación, vamos a la imposición de 20 años de prisión”.
¿Cómo se evalúa que la verdad sea suficiente?
“Se trata de no asumir una actitud ingenua frente a las versiones de los comparecientes y que estas puedan ser contrastadas, por eso en la JEP la participación de las víctimas es protagónica, justamente para que las víctimas también expresen cuáles fueron las interacciones violentas que sufrieron, pueden interactuar frente a sus victimarios; pero los magistrados de las salas son los que ponderan si hay que hacer la contrastación. Esto se hace también con muchas pruebas que se han practicado y uno de los principales insumos provienen de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía y los jueces, así que la JEP es la depositaria de la verdad que ha podido establecer el poder judicial”.
Las víctimas de violencia sexual, de desapariciones forzadas y de desplazamientos le piden a la JEP que priorice sus casos, pero la JEP lleva más de un año y tres meses sin priorizar ninguno, ¿cuándo lo hará?
“Nos estamos haciendo cargo de 50 años de guerra y no se puede esperar que en apenas tres años de funcionamiento de la JEP se hayan abierto todos los macrocasos. Realmente, los siete casos abiertos por la JEP ya están permitiendo la participación de más de 200.000 víctimas y esto supone un trabajo enorme de procesamiento de verdad, de contrastación y por consiguiente vamos con un paso firme y célere. El próximo año se van a abrir otros casos. Bajo mi dirección estamos potenciando el Grupo de Análisis de Información, que se ocupa de establecer patrones y contextos de victimización y creo que vamos a satisfacer esta justa demanda de las víctimas muy pronto”.
¿Cuáles casos serán priorizados el próximo año?
“Eso le corresponde a la Sala de Reconocimiento, pero sé que la investigación de los hechos avanza muchísimo, de suerte que los temas que usted me ha señalado son asuntos que seguramente se priorizarán en 2021. Esto hay que tratar de hacerlo pronto, porque hay que garantizar un debido proceso a los comparecientes, quienes no pueden quedar expuestos indefinidamente a que concluyan todos los casos para poder resolver su situación jurídica, y porque las víctimas también tienen que cerrar esos ciclos de dolor y no pueden estar siempre a la expectativa de la verdad”.
El expresidente Álvaro Uribe propuso un referendo para revocar la JEP, ¿qué tan firme legal y jurídicamente está la Jurisdicción para que estos pronunciamientos no la afecten?
“La JEP está edificada sobre la roca más firme que se puede desde el punto de vista jurídico. Es inviable un referendo constitucional para derogarla por muchísimas razones: en el acuerdo de paz el Estado colombiano se comprometió, no solamente con las Farc sino también con la comunidad internacional, para poner fin a un conflicto armado. Esto en términos de derecho interno y de derecho internacional supone compromisos irrevocables, que además son exigidos por el derecho a la paz y por el deber de paz de todos los colombianos. Aquí tampoco podría aplicarse un referendo, porque va completamente en contra de los principios que la misma Constitución contempla. Ya desde el punto de vista real, la paz de un país puede ser muy frágil, y puede entrar en una situación de desorden y de caos mayor. Esa sí es la otra roca sobre la cual tiene que estar edificada una sociedad, pero que puede ser de arena y muy inestable, si la paz no comienza con nosotros y se extiende a lo largo de la sociedad”.
¿Cómo avanza el sometimiento de terceros?
“Avanza muy bien en el sentido de que nosotros no podemos tener la pintura del conflicto sin tener a terceros, quienes directa o indirectamente han apoyado a los actores armados y naturalmente lo han hecho violando normas. Las atrocidades cometidas no son ajenas a la actuación de los terceros. Desafortunadamente ellos quedaron como comparecientes voluntarios, pero quienes no se sometan a la JEP deben ser investigados por la Fiscalía. Ya en la jurisdicción han empezado a ofrecer verdad, sobre eso también se tendrán que dictar resoluciones de conclusiones que van habilitar las sentencias”.
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casos ha priorizado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde 2017.
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