Gobierno o Farc, ¿quién responde por la cocaína?

En Colombia, según la ONU, los cultivos de mata de coca aumentaron en un 52%. FOTO ARCHIVO ESTEBAN VANEGAS

Mientras continúa la polémica entre el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, y algunos integrantes de Farc Rodrigo Londoño “Timochenko” y Luciano Marín “Iván Márquez”, sobre el supuesto incumplimiento de ese grupo con el tema del narcotráfico, lo único que es cierto hasta el momento, es que el Gobierno del país norteamericano sigue teniendo en su lista de organizaciones terroristas a esa antigua guerrilla, ahora movimiento político.

Según el funcionario estadounidense, quien dio declaraciones al diario El Tiempo, ese grupo no ha cumplido en el tema de drogas por lo que su país aún los considera terroristas hasta que demuestren con hechos el compromiso para la lucha contra ese flagelo.

A esas palabras, la respuesta vía Twitter del exjefe de la delegación guerrillera en los diálogos de paz, “Iván Márquez”, fue clara: “embajador Whitaker debiera leer primero el Acuerdo de Paz antes de hacer pronunciamientos sin fundamento sobre sustitución”, y agregó que “el principal error es combinar sustitución con erradicación forzosa. Debieran primero titular tierras a los campesinos cultivadores”.

Germán Sahíd, analista Político y de defensa, explica que la decisión de Estados Unidos de dejar en la lista de terroristas a Farc tiene que ver directamente con la creación y puesta en funcionamiento de la Justicia Especial de Paz, con la que se espera que se aclaren todo los temas judiciales y delitos conexos como el narcotráfico, si este fue utilizado para financiar el conflicto.

Otra cosa piensa Jeremy McDermott, cofundador y director de InSight Crime, quien no cree que tenga relación el que las Farc sigan en esa lista de terroristas con que no estén colaborando con los temas de narcotráfico.

“Ha pasado muy poco tiempo desde la dejación de armas, ni las Farc han aportado mucha información, ni las autoridades han preguntado. Este proceso de declaración de ese grupo puede tardar años. No veo raro que Farc sigan en esa lista, pero no creo que una cosa tenga que ver con la otra”, agregó McDermott.

¿Quién tiene la culpa?

Aunque la polémica se centra entre el embajador Whitaker y las Farc, para los expertos consultados por este diario, el Gobierno tiene una gran responsabilidad en todo lo que está ocurriendo con la producción y la comercialización de la cocaína.

Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia cree que el Gobierno de Estados Unidos está presionando a las Farc, que ya son partido político y también al Gobierno Nacional, que en últimas es tal vez el que más responsabilidad tiene en todo lo relacionado con el narcotráfico.

“Acá el Gobierno tiene una gran responsabilidad, desde Estados Unidos se está presionando. Nosotros hemos detectado que el punto de drogas es el que menos avance tiene de todos los puntos del acuerdo entre el Gobierno y las Farc”, dice el académico, quien agrega que el grupo exguerrillero ha cumplido con lo relacionado en el punto de drogas, por eso el peso recae en la administración del presidente Juan Manuel Santos y su gabinete.

EL COLOMBIANO consultó con “Olmedo Ruiz”, encargado del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación para Farc en Chocó, insiste en que ese grupo no tiene información sobre rutas de narcotráfico. “Cómo vamos a entregar rutas o laboratorios si es que nosotros nunca hemos sido comercializadores, nosotros estábamos en la región y cómo estábamos allí vivíamos de la economía que se vive en esas zonas pero no éramos narcotraficantes, nosotros simplemente cobrábamos impuesto, nosotros no tenemos rutas”, dijo el exinsurgente.

Al ser consultado sobre este tema, el Alto Comisionado para la Paz, Guillermo Rivera, afirmó que el Gobierno comparte las “inquietudes” del embajador de Estados Unidos, “en el sentido que todos los integrantes de Farc que tuvieron que ver con algún eslabón de la cadena del narcotráfico deben suministrar toda esa información a las autoridades correspondientes, que en este caso es la Justicia Especial para la Paz. Esperamos que cumplan con esa obligación”.