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La Jurisdicción Especial para la Paz recibió formalmente una petición de la exsenadora Piedad Córdoba en la que solicita ser reconocida como víctima en el macrocaso “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros”, creado recientemente por la Jurisdicción.
En ese mismo comunicado, Córdoba también aseguró tener cosas por contar en el macrocaso 01 –relacionado con los secuestros de las Farc– y se puso a disposición de la Jurisdicción para declarar en calidad de testigo.
Según ella, durante su “labor humanitaria” como mediadora entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano para permitir las liberaciones de los secuestrados, pudo “conocer situaciones y acceder a testimonios que podrían contribuir en el desarrollo final de ese macrocaso”.
Precisamente, la exsenadora Piedad Córdoba ha atravesado por una crisis política durante toda esta semana tras ser acusada, por uno de sus exasesores, de retrasar algunas liberaciones dependiendo de la carga política que tuvieran. Una acusación que ha negado desde 2014, cuando salió esa misma hipótesis tras la muerte del excomandante guerrillero Raúl Reyes.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación preliminar en su contra dentro del caso de “Farc-política” en el que ha escuchado a los expresidente Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez.
En cuanto a su petición de ser aceptada como víctima dentro del nuevo macrocaso de la Fuerza Pública, la política aseguró que padeció los delitos de privación de la libertad, tortura y exilio por parte de agentes del Estado en asocio con paramilitares.
Pese a sus acercamientos con la JEP, Córdoba aseguró que por ningún motivo pretende ser admitida como compareciente de la Jurisdicción y que su solicitud no implica “aceptación de culpabilidad ni de responsabilidad, sino el compromiso de otorgar verdad plena para la reparación integral de quienes hemos sido víctimas de la guerra”.
Por ahora, la Jurisdicción no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, su petición deberá ser evaluada como cualquier otra para decidir si tiene cabida como víctima o como testigo dentro de alguno de los casos de la Jurisdicción Especial para la Paz.