La Fiscalía General de la Nación congeló acciones estimadas en 4 billones de pesos que aparecían en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas y que, al parecer, serían del ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales.
Según el organismo, los recursos provendrían de los presuntos sobornos que recibió el García Morales de la compañía Odebrecht para obtener de forma irregular el contrato de obra del Tramo II de la Ruta del Sol, firmado con el entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO) en el 2009. Según la Fiscalía esta es la primera vez que se logra que un gobierno extranjero congele este tipo de acciones.
El exviceministro habría contactado a los detenidos hermanos Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur, para que a través de su empresa Oil & Gas Logistics realizaran una transacción para supuestamente legalizar dineros recibidos de la firma brasileña, una operación que se configuraría como lavado de activos.
Según la investigación, los cuatro millones de dólares recibidos y depositados en la firma Oil & Gas Logistics fueron invertidos en acciones en la empresa Pacific Infrastructure, que a su vez los envió a una de sus sedes en Islas Vírgenes.
Dentro de la trama de blanqueo de activos, Gabriel García Morales contactó a sus amigos empresarios Marco Gianpaoli y Menzel Amín, quienes aportaron 2 millones de dólares adicionales, para quedarse con el 85% de la panameña Oil & Gas Logistics, que forjó un patrimonio ilícito de 4 millones de dólares. Esos recursos invertidos en acciones en Pacific Infrastructure, fueron los afectados por la Fiscalía con fines de extinción de dominio.
Con esa decisión, la Fiscalía General de la Nación inició los trámites de medidas cautelares sobre las acciones de la sociedad OIL & Gas Logistics para proceder a la extinción de dominio y que el dinero sea trasladado al gobierno colombiano.
Como el trámite para que un juez de las Islas Vírgenes emita un fallo, podría durar más de cinco (5) años, la Fiscalía logró un acuerdo con Enrique José Ghisays, quien como parte de su colaboración con la justicia, a través de una carta a la empresa Pacific Infrastructure facilitó la recuperación de los 4 millones de dólares que se espera lleguen a las arcas del gobierno colombiano en un año.
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