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Facultades extraordinarias y “micos” para adelantar las reformas: así está el Plan Nacional de Desarrollo de Petro
El presidente busca tener 14 superpoderes en la Casa de Nariño. La oposición lo acusa de querer gobernar por decreto para saltarse el trámite de las leyes en el Congreso.
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El presidente Gustavo Petro presentó el Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso buscando facultades especiales. FOTO: Cortesía Presidencia
07 de febrero de 2023
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) que radicó el presidente Gustavo Petro en el Congreso quedó con 60 artículos más a los 240 que se habían estipulado en su borrador y con perlas que buscan que el mandatario tenga facultades extraordinarias para reorganizar la burocracia del Estado y hasta para tomar partido en las penas de cárcel a los indígenas que están presos.
El articulado es la base de los cuatro años de su Gobierno y será tramitado en las sesiones extras del legislativo que empezaron esta semana. De su aprobación depende que él pueda poder poner en marcha su paz total y su reformatón, en medio de llamados de atención de los opositores sobre las implicaciones para la democracia de los superpoderes con los que terminaría el Ejecutivo.
Se trata de un proyecto de 166 páginas que se complementa con un documento más de 321 cuartillas que detallan las bases de ese PND, además de un Plan Purinacional de Inversiones con otras 125 hojas. El grueso de ese documento da cuenta de que el presidente quiere abonar el terreno para sus reformas y la paz total con artículos que quedaron dentro del PND y que, hasta ahora, se habían perfilado para tener un debate individual. Estos son algunos de esos puntos.
Un nuevo sistema de paz y memoria: ¿habrá discusión?
El Gobierno pretende crear un “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica” que va a articular la información de los acuerdos de paz que se surtan en la administración. Ese tendrá la tarea de producir informes a partir de los pactos de paz y de sometimiento a la justicia que se firmen en su administración y le da facultad al Ejecutivo para que difunda esa información de forma “pedagógica”.
Uno de los puntos de la “paz total” que se trazó la Casa de Nariño es la propuesta de reforma agraria, cuya radicación fue una promesa de campaña, pero de la que aún no se conoce ni un texto de borrador. No obstante, esa reforma aparece en cuatro artículos del PND que buscan crear un Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Incluso el Plan reglamenta toda la compra de las tierras que se planeaban adquirir con la aprobación de la reforma y de la jurisdicción agraria. Mejor dicho: el articulado deja bases para que la discusión de la reforma en el Congreso sea más expedita.
El representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Julio César Triana, sentencia que ese artículo es un “atentando contra el derecho a la propiedad privada, que es de rango Constitucional. Pareciera que el Gobierno desconociera que en Colombia existen mafias para ocupar bienes inmuebles de manera ilegal”.
El suprapresidente: 14 facultades extraordinarias
Si bien en el borrador del PND se habían trazado 10 facultades extraordinarias para el mandatario, en el documento final quedaron consagradas 14 que ampliarían los poderes de Petro haciendo que tenga más margen de maniobra en la Casa de Nariño que el que tuvieron sus antecesores.
El Ejecutivo busca modificar la estructura del Estado, desde la rama Ejecutiva, pasando por las entidades y los organismos descentralizados, además de realizar modificaciones presupuestales.
Esas medidas también pretenden que Palacio pueda capitalizar las empresas que se creen dentro de la arquitectura pública, definir la administración de los patrimonios, determinar los objetivos de los fondos del Estado y realizar las modificaciones presupuestales que él considera necesarias.
El representante a la Cámara por el Valle, Christian Garceés, advirtió que esa determinación haría que “el Congreso sea un accesorio, una decoración para acompañar al Gobierno, pasando por encima de su función constitucional legitimada por el voto popular (...) El articulado pretende modificar infinidad de leyes sin pasar por los respectivos controles legislativos y constitucionales”.
De las 14 facultades extraordinarias 13 están relacionadas con cuestiones administrativas de la plata pública y una más busca que el Ejecutivo pueda reglamentar las condiciones de reclusión y de resocialización de las personas indígenas que están privadas de su libertad.
Gobierno quiere modificar la Fuerza Pública
No es una cuestión nueva la pretensión del “Gobierno del cambio” de modificar la estructura de la Fuerza Pública, pero el mandatario incluyó ese objetivo en el PND y no como un articulado independiente a debatir en el Capitolio.
El Gobierno quiere “promover una nueva arquitectura institucional de la Policía Nacional, que incluirá la revisión de su traslado a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil”. Desde la oposición llaman la atención sobre que esa medida politizaría los cuarteles y le quitaría las capacidades técnicas de cooperar con las Fuerzas Armadas, una posibilidad que ha permitido que las tropas y los uniformados de la policía hagan operaciones conjuntas.
La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, cuestionó que el Ejecutivo “no quiere que se debata sino que se le den facultades al presidente para legislar vía decreto y eso atenta contra la democracia, sobre todo para ellos que se la dan de demócratas, pero que uno ve que no quieren el debate”.
El sistema de basuras de la Bogotá de Petro 2.0
Uno de los momentos que marcó la Alcaldía de Petro en Bogotá fueron las imágenes de 2012 que mostraron a la ciudad repleta de basuras porque el sistema de recolección que implementó como mandatario local no dio a basto. En ese momento la oficina distrital tuvo que disponer de volquetas para recoger las bolsas que pasaron hasta una semana tiradas en la calle sin quién les diera una disposición final.
A pesar de esa experiencia, el artículo 182 del PND fomenta un “programa basura cero” que liderará el Ministerio de Vivienda y que tendrá la tarea de controlar y crear “parques tecnológicos ambientales y definirá un plan estratégico para el cierre definitivo de los botaderos a cielo abierto”.
¿Datos financieros en riesgo?
El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, llama la atención sobre el contenido del artículo 55 que busca crear un Registro Universal de Ingresos que será administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para determinar a partir de esa información cómo se distribuyen los subsidios entre las personas necesitadas.
Ese ítem contempla que el DNP pueda usar los datos del Registro Social de Hogares y le da al Departamento la posibilidad de pedirle información a las entidades públicas y privadas para alimentar esa base de datos.
Ramírez asegura que esa medida implicaría darle “un control total al Estado de la información con el nombre y los ingresos de todas las personas”. Actualmente, los subsidios se otorgan según la información de la Encuesta Nacional de Hogares y el Sisben 4, sistemas que miden la pobreza monetaria y multidimensional.
Ese artículo 55 del PND detalla que la “Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– compartirá con el Departamento Nacional de Planeación –DNP–, la información de las declaraciones tributarias, aduaneras y cambiarias, información exógena y la información del sistema de factura electrónica de que trata el artículo 616-1 del Estatuto Tributario”.
El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida” será debatido en las primeras sesiones legislativas de este 2023 y de su aprobación depende que la Casa de Nariño pueda poner en marcha sus promesas de campaña. El Congreso apenas está haciendo una evaluación preliminar del documento que sienta las bases de los cuatro años del “Gobierno del cambio”.
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