Una línea delgada entre lo que sería una campaña sin partidos por el plebiscito refrendatorio de los acuerdos de paz de La Habana, pero que en esencia es un acto electoral y político, es el nuevo motivo de discordia entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.
Ayer, desde Cali, durante la posesión de la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán; Santos, en tono airado, la invitó a hacer campaña por la paz, junto con los demás funcionarios y servidores públicos de todos los niveles del Estado.
“El Procurador no está por encima de la ley y la ley del plebiscito autoriza a todos los funcionarios de Colombia a participar en la campaña por la paz (...) Llamo a todos los funcionarios a que trabajemos como un ejército para sacar esta paz adelante”.
Así respondió Santos a la Viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda, quien expresó el martes que mientras no exista una ley habilitante, los funcionarios que promuevan el plebiscito podrían incurrir en una falta disciplinaria, por participar en política. Desde Medellín, ayer Ordóñez le pidió al Presidente no hacer “drama”, pues acatará lo que la Corte Constitucional decida sobre este tema.
¿Es campaña política?
En ese contexto, EL COLOMBIANO consultó distintas orillas acerca de las implicaciones de la futura campaña de un plebiscito que aún no ha sido aprobado por la Corte y que tiene concepto negativo de la Procuraduría.
Académicos advierten que el Ministerio Público no dejará de ejercer su función disciplinaria, más allá de que la Corte declare exequible el Acto Legislativo por la Paz.
De otro lado, mandatarios locales y congresistas dividen opiniones ante el alcance de su rol frente a la promoción del plebiscito por la paz.
Miguel García, codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, afirmó que el plebiscito no es una contienda política, porque no es entre candidatos. Por eso el mismo Santos está haciendo campaña, como cuando pide respaldo de partidos a sus iniciativas: “si hay mandatarios territoriales que comparten esta iniciativa, están en todo su derecho de acompañarla. Otros también llamarán a la oposición o a la abstención”, explicó García.
Pero otra cosa interpreta Alejandro Cortés, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit. Considera que si los mandatarios hacen campaña abierta, se podría interpretar como participación en política, dada la regulación actual y más cuando el asunto es competencia del procurador Ordóñez, crítico del proceso de paz.
“Deberían poder participar en el plebiscito, pero con la restricción de que no usen dineros públicos para hacer la campaña”, acotó Cortés.
En el plano jurídico, los funcionarios no correrían ningún riesgo, según el abogado Fernando Peláez, de la Universidad de Medellín. Explicó que el posible plebiscito no es una campaña política, en que partidos o movimientos hacen proselitismo pidiendo votos para sus candidatos, sino que Santos busca respaldo popular a una iniciativa de gobierno.
“Vivimos en una democracia participativa y si se trata de un tema de interés nacional, cualquier ciudadano puede manifestarse y los mandatarios también pueden ayudar. Lo que no podrán hacer es financiar la campaña por el plebiscito con dineros públicos, pues incurrirían en un delito”, agregó Peláez.
Para la docente Patricia Muñoz Yi, de la Universidad Javeriana, Santos pretende buscar adhesiones a su propuesta de paz, más que poner a funcionarios a buscar votos para el plebiscito.
“Tenemos tareas definidas”
Llegado ese escenario de refrendación, también será decisión de alcaldes y gobernadores cuál postura tomarán, sin dejar de observar la ley.
Consultado sobre el particular, el alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón (Centro Democrático), considera que los funcionarios tienen restricciones para participar en actividades políticas, y el plebiscito lo es, porque reflejará la posición ciudadana respecto a los diálogos de La Habana.
“Tenemos competencias definidas en la Constitución. Que no nos embarque en eso. La paz es el imperio de la ley”, puntualizó Rendón.
Lo contrario piensa Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca (La U y Cambio Radical): “no podemos ser invitados de piedra; debemos contar los alcances del plebiscito por la paz. Si más adelante aparecen restricciones jurídicas, tocará limitarnos”, precisó Rey.
Para el senador Carlos Felipe Mejía (C. Democrático) el Gobierno está usando recursos públicos para apoyar el plebiscito: “alcaldes y gobernadores deberían marginarse del proselitismo. Santos los hará incurrir en participación en política”.
De otro lado, el representante Horacio Gallón (Partido Conservador), expresó que los funcionarios no se expondrían a sanciones, al contrario deben buscar la paz en cada una de sus jurisdicciones
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