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Por consultas, Defensor ve fallas en el fast track

Carlos Alfonso Negret escuchó a los representantes de distintos pueblos indígenas y advirtió que se les debe consultar a ellos.

  • Los pueblos indígenas, como los emberá (en la foto), consideran que no deben ser excluidos de la implementación, toda vez que en esta se incluye el respeto a sus derechos. FOTO Donaldo Zuluaga
    Los pueblos indígenas, como los emberá (en la foto), consideran que no deben ser excluidos de la implementación, toda vez que en esta se incluye el respeto a sus derechos. FOTO Donaldo Zuluaga
09 de mayo de 2017
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Tras reunirse con representantes de las cinco organizaciones que tienen asiento en la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, atendió su preocupación por que consideran que hay un incumplimiento en el mecanismo de consulta previa en la implementación legislativa a través del fast track.

Dichos líderes — los cuales hacen parte de la Organización de los pueblos indígenas de la Amazonía; la Confederación indígena Tayrona; la Organización de autoridades tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor; las autoridades indígenas de Colombia y la Organización indígena de Colombia — argumentaron que el derecho a la consulta previa es crucial para la protección de sus comunidades, al tener en cuenta la historia de desconocimiento y olvido que el país ha tenido frente a su cultura.

De hecho, advirtieron que la consulta a los pueblos indígenas es un derecho fundamental y no subsidiario en virtud de lo acordado entre el Gobierno y las Farc.

Por este motivo, el defensor Negret, después de escucharlos y teniendo en cuenta sus atribuciones constitucionales, le hizo un llamado al Gobierno y a todos los actores en relación con el mecanismo del fast track para que hagan una construcción conjunta de las iniciativas legislativas”, afirmó la Defensoría en comunicado de prensa.

“Negret reconoció el espíritu de paz expresado por los pueblos en el sentido de su compromiso de no levantarse de la Mesa Permanente de Concertación. Consideró que el camino de la implementación de los acuerdos de paz no es fácil de recorrer e hizo un llamado a las partes para que se hagan las correcciones necesarias”, agrega el texto.

Pedro Santiago Posada, defensor Delegado para Indígenas y las Minorías Étnicas, añadió que hicieron un llamado muy respetuoso, “conociendo las dificultades de una implementación que se da por primera vez, al diálogo y a la concertación. Fundamentalmente a respetar el derecho a la consulta previa, para que esto no se pueda volver un óbice que ponga en riesgo la normatividad que tiene que ser desarrollada para la implementación de los acuerdos”.

Paz desde las raíces

Consultado por EL COLOMBIANO, Luis Alberto Domicó, activista indígena, consideró que cualquier acción que vele por la protección de esas comunidades será fundamental para el éxito de los acuerdos. En caso contrario, el olvido de dichos pueblos significaría un grave obstáculo.

“La Defensoría debe albergar las necesidades prioritarias de los pueblos indígenas y más en tiempos de violencia. Pero para ello debe realizar un estudio socioeconómico, cultural y político en profundidad. Por eso los acompañamientos quedan en el olvido, por la ausencia de estudios previos”, dijo.

Dijo que en cuanto a los acuerdos es lo mismo. “La paz se debe inculcar en las comunidades. Que de ellos parta la construcción de paz, y por eso los pueblos no están de acuerdo con que solo se imponga desde afuera”, agregó.

Justicia indígena

Tal como informó este diario el pasado 4 de mayo, los reclamos de las comunidades indígenas frente al proceso van incluso más allá, toda vez que estas han solicitado poder juzgar de forma autónoma a los guerrilleros pertenecientes a dichas etnias.

José Leonardo Domicó Domicó, consejero mayor de la Organización Indígena de Antioquia, expresó que “nos corresponde a nosotros determinar la sanción, la resocialización desde una óptica cultural, de identidad y espiritual, y, bajo la jurisdicción propia, aplicar medidas a los guerrilleros indígenas”.

Por esto, los indígenas de Antioquia pidieron al Gobierno que incluya dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a un magistrado indígena para que aplique su justicia a quienes corresponda.

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