Antes de finalizar este año, al menos, un centenar de paramilitares desmovilizados, entre ellos 11 exjefes de frentes y bloques, esperan abandonar las cárceles, tras haber cumplido con la penal alternativa de 8 años de prisión, confesar miles de crímenes y entregar bienes para la reparación a víctimas.
Entre los que reclaman su libertad por pena cumplida como postulados a la Ley de Justicia y Paz están reconocidos excomandantes de las autodefensas como Fredy Rendón Herrera, alias “el Alemán”, jefe del bloque Bananero; Ramón María Isaza, alias “el Viejo”, bloque Magdalena Medio; Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, Casa Castaño; Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, bloque Montes de María, y Jorge Iván Laverde Zapata, alias “el Iguano”, bloque Catatumbo.
También Rodrigo Pérez, alias “Julián Bolívar, bloque Central Bolívar; Úber Enrique Banquez, alias “Juancho Dique”, bloque Montes de María; Iván Duque, alias “Ernesto Báez”, bloque Central Bolívar, Édgar Fierro, alias “don Antonio”, bloque Norte; Manuel Pirabán, alias “Pirata”, bloque Héroes del Llano y del Guaviare; Arnubio Triana, alias “ Botalón”, Autodefensas del Magdalena Medio.
Debate jurídico
Las libertades son hoy un pulso jurídico entre los defensores de los desmovilizados, la Fiscalía y los representantes de víctimas, que cuestionan la colaboración de los desmovilizados con la justicia para revelar “los verdaderos instigadores y financiadores del modelo de control social impuesto por el paramilitarismo”.
Así lo señala un documento de varios colectivos de abogados de víctimas y ong de derechos humanos dirigido a la Fiscalía. “La salida de los paramilitares se desarrolla en un contexto en el que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación no han sido satisfechos. Las amenazas a sus organizaciones se mantienen y tenemos especial preocupación por la seguridad de las víctimas en las regiones”.
Defensa de detenidos
En contraste, el abogado Germán Navarrete, defensor de alias “Monoleche”, sostiene que en su caso “confesó delitos, entregó ubicación de fosas, bienes a la reparación”, al tiempo que cuestiona “la improvisación jurídica que vulneró sus derechos y acuerdos de la negociación con el Estado para la desmovilización”.
Este año la Fiscalía se ha concentrado en evitar una excarcelación masiva de 400 postulados de las autodefensas por solo cumplir el requisito del tiempo de condena alternativa de 8 años, pero sin haber sido condenados ni cumplir otros requisitos. Las escasas 19 sentencias son en saldo negativo del proceso de Justicia y Paz.
Desde la Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía explican que se condicionó otorgar la “libertad a prueba” a cooperar con las investigaciones la verdad, entrega de bienes para reparación, cumplir con su resocialización, no delinquir después de su desmovilización y buen comportamiento en prisión.
Así, según la Fiscalía, los desmovilizados que podrían cumplir esos requisitos para salir de prisión serían unos 160 y no 400.
Regístrate al newsletter