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Sigue sin resolverse el lío de los bienes de las Farc
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FOTO ARCHIVO ESTEBAN VANEGAS
08 de junio de 2017
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En medio de la polémica generada por el Decreto 903 expedido por el Gobierno, en el que se contempla una fiducia para administrar los bienes entregados por las Farc, hay algo cierto: todas las preguntas podrán ser resueltas una vez sea firmado el decreto reglamentario que determine, finalmente, qué pasará con esos recursos, cómo se administrarán, qué fin tendrán y qué pasará con los recursos que sean ocultados por la guerrilla.
El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, manifestó, para bajar un poco la marea, que “los bienes que entreguen las Farc no son para su beneficio, son para indemnizar a las víctimas”.
¿Extinción de dominio?
El Decreto explica que los bienes declarados por las Farc irán a una fiducia, pero no está claro el procedimiento para que ello ocurra. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que “el patrimonio de las Farc fue y sigue siendo ilícito, por lo cual tiene que ser objeto de extinción de dominio”.
Contrario opina Wilson Martínez, ex vicefiscal general y director del Observatorio sobre lavado de activos y extinción de dominio de la U. del Rosario, quien explicó que la extinción se da cuando alguien adquiere un bien de manera ilegal y no lo quiere entregar. Por eso, para este caso, es correcto que los recursos entregados voluntariamente por las Farc vayan a un fideicomiso.
No sucede así con los recursos que no entreguen y que sean encontrados por el Gobierno. Ahí aplicaría la extinción, y todo el trámite se realizaría ante la justicia ordinaria. “El problema con la extinción de dominio es que ya está definida la destinación de los bienes: 25 % para las Fiscalía, 25 % para el Consejo Superior de la Judicatura y el 50 % para el Gobierno Nacional, por lo que no podrían ir a la reparación a las víctimas”, señala el ex vicefiscal.
Agregó que en el futuro podría presentarse el mismo problema que ocurrió con los bienes entregados por los paramilitares que quedaron envueltos en tantos líos jurídicos y en medio de reclamaciones que aún hoy, 11 años después, no se sabe si los recursos deben ir a extinción de dominio, restitución de tierras o al Fondo para la reparación de las víctimas.
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