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A Bucaramanga, Santander, llegó ayer el ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, a cumplir con la orden de la Corte Constitucional de incluir a todas las comunidades afectadas por la delimitación del páramo de Santurbán, el primero de estos ecosistemas en garantizarse un área de protección.
Sin embargo, a los pocos minutos de haber tomado el micrófono para avanzar con esta primera socialización con los habitantes de la ciudad, ubicada a unos 70 kilómetros del páramo, el funcionario tuvo que suspenderla a causa de las rechiflas de las cerca de 500 personas que se encontraban en el coliseo designado para la reunión.
“Se ha establecido una metodología y eso es lo que queremos aplicar, esta es una muestra de que no tenemos la madurez de diálogo, hay que hacerlo para construir un proceso participativo, la Corte estableció siete pasos de la metodología y aquí lo estamos cumpliendo; el primer paso de eso es conocer cómo se hizo la delimitación, y luego de conocerse se podrán hacer sugerencias y observaciones y nos podemos sentar a construir conjuntamente”, recalcó Murillo antes de abandonar el recinto bumangués.
No era la única reunión que se estaba dando para que el Gobierno diera a conocer en qué va la nueva delimitación, sin embargo, las realizadas en los municipios de California y Guaca, también en Santander, sí se cumplieron con normalidad, según los reportes.
Esto refleja el clima de tensión entre los actores que se sienten con voz y voto en la decisión sobre el páramo.
Vale recordar que en noviembre pasado la Corte decidió tumbar esta línea de protección, tan solo tres años después de conocida, por considerar que la misma no tuvo en cuenta a todas las comunidades afectadas por las explotaciones mineras que se puedan dar cerca al ecosistema paramuro.
Sin embargo, en este caso, el tiempo no es aliado del Gobierno, pues además de que el alto tribunal le dio solo un año para cumplir con una tarea que demoró cinco originalmente, el presidente Juan Manuel Santos, prometió dejar los 36 páramos del país delimitados antes de irse de la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto.
Aunque lleva ya 30 con decreto de protección, terminar su gobierno sin haber podido mantener el plan sobre el que fue el “paciente cero” de su política de páramos, delimitado en 2014, sería un revés significativo.
Erwing Rodríguez-Salah, uno de los accionantes de la demanda que generó la decisión de la Corte, resaltó que sí existió un ánimo caldeado fundado por la decisión de Minesa de retirar su solicitud de explotación en la zona de Santurbán, pero recalcando que volverá a tramitar la licencia dentro de un mes.
“Nosotros estábamos allá cumpliendo con la orden de la Corte, pero lo que venimos recalcando desde que se conoció la delimitación es que esto no puede ser una dictadura ambiental, no puede ser una socialización, como siempre dice el Gobierno, sino una concertación”, reclamó.
Agregó que “lo fundamental reside en que no debió haber una delimitación y no puede haber ningún proyecto de explotación minera cerca a un páramo”, por eso, “este tema ya es más de Gobierno central, porque ayer fue Greystar, hoy fue Minesa y mañana será otro diferente”.
Así las cosas, existen varias voces, como la del gobernador de Santander, Didier Tavera, que temen que hacer las cosas a las carreras y con el cambio de administración a la vuelta de la esquina provoquen que Santurbán termine en un limbo jurídico.