El tráfico de flora y fauna ha tenido un papel secundario en la cumbre de cambio climático en París (COP21). En términos generales, los esfuerzos se han centrado en alcanzar un acuerdo para que 195 países se comprometan a reducir la emisión de gases efecto invernadero. El problema de traficar especies silvestres, como lo han manifestado algunas entidades internacionales, ha sido subestimado. Según la organización ambiental WWF (World Wildlife Fund), “el tráfico de especies es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, después de la destrucción de hábitat”. Además, dice la misma fuente, “el mercado ilegal de especies es el tercer crimen organizado a escala global, después de las drogas y las armas”.
En Colombia, el tráfico silvestre es un negocio silencioso, del que solo se habla esporádicamente. La mayoría de información proviene de la Policía, autoridad encargada de decomisar las especies de fauna silvestre que son comercializadas ilegalmente. Las estadísticas del Ministerio de Ambiente señalan que en Colombia son incautados, en promedio, 113 animales diarios. En el primer trimestre de 2015 se incautaron “alrededor de 13.600 ejemplares de fauna silvestre”, dice el Ministerio. De otro lado, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) reportaron 211.571 animales decomisados por tráfico ilegal entre 2009 y 2012.
El problema no es nuevo. En materia de flora, según el ministerio, se decomisaron unos 66 mil metros cúbicos de madera entre 2005 y 2009. En ese mismo periodo decomisaron un total de 211 mil animales vivos. Las organizaciones ambientales le han pedido a la Policía y al Ministerio una información precisa sobre el tráfico ambiental: ¿qué rutas utilizan estas redes de tráfico? ¿Cuál es su cercanía con los bandas criminales? ¿En dónde están ubicados? Se sabe, hasta el momento, que el tráfico de flora se concentra en Córdoba, Cauca, Boyacá, Atlántico, Córdoba y Sucre.
Las otras preguntas no han sido resueltas por Policía ni por el Ministerio. El viceministro de Ambiente, Pablo Vieira Samper, se refirió al tema en el Seminario Nacional de Seguridad Medio Ambiental: “A escala internacional, la Policía Nacional con el apoyo del Ministerio de Ambiente, viene trabajando con la Interpol en el cumplimiento de su misión referente al Programa de Crímenes Ambientales. Este programa busca brindar asistencia y soporte efectivo a las fuerzas internacionales que buscan la protección de las leyes y tratados en torno al ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales”. Según el viceministro, entre 2014 y 2015 se han capacitado a 800 funcionarios en materia de tráfico de especies.
Las críticas
Para algunas organizaciones ambientales, la tarea conjunta entre la Policía y la Interpol no arrojado mayores resultados. Prueba de ello es la ausencia de estadísticas en el segundo semestre de 2015. El COLOMBIANO se contactó con la Policía Nacional para conocer las incautaciones realizadas este año y no obtuvo respuesta. Diego Amorocho, coordinador del programa de especies de WWF en América latina y el Caribe, cuenta que las tortugas Carey (especie en extinción) son comercializadas abiertamente en Cartagena: “Las autoridades aún no distinguen entre el Carey original y el falso. En Cartagena hay más de 20 puesto de venta ilegal abiertos y están funcionando”.
Para Natalia Parra, directora de la Plataforma Alto (Animales libres de Tortura), las leyes existen pero no están siendo aplicadas: “ Por fortuna está la ley 99 que protege la fauna silvestre y la flora nacional. Sin embargo, el Estado se ha quedado muy corto a la hora de aplicar la legislación. En la mayoría de municipios no existen secretarías de ambiente por ejemplo. En Bogotá existe una subdivisión de silvicultura, flora y fauna, en donde hay miles de procesos por incautaciones. En los municipios no existe esta figura”.
En efecto, Colombia se adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora en 1981. Desde entonces el gobierno se comprometió a implementar medidas para evitar el tráfico ilegal de especies. A la ley 17 de 1981 se suma la ley 99 de 1993, en la que el Gobierno asume la responsabilidad de preservar la flora y fauna en el país.
“La Policía ambiental o ecológica se dedica más que todo al control de la madera. Por lo demás no se ha atacado el comercio ilegal de animales. Se necesitan más recursos para que funcione. Lo preocupante es que en zonas donde ni siquiera existen secretarías de ambiente, los traficantes cazan el triple para que el negocio sea rentable. Se llevan un cargamento con 500 loros, y de esos loros solo 200 van a sobrevivir. Los demás mueren en el viaje hacia el exterior por las condiciones precarias en las que los transportan”, agrega Parra.
Las aves hacen parte de las especies más afectadas por el tráfico ilegal. Además de guacamayas y loros, el Ministerio de Ambiente ha reportado un alto índice en el tráfico de tortugas, caimanes, iguanas verdes, pericos, ardillas de cola roja y armadillos (ver infografía). Cerca del 35 por ciento de estas especies, según el Minambiente, están en riesgo de extinción.
Una recomendación que le han hecho al Gobierno es aumentar la inversión en las zonas rurales para evitar el tráfico de especies. Edison Duque, representante de la organización internacional AnimaNaturalis en Medellín, explica en el campo no existe una consciencia sobre los daños que está generando el tráfico de especies: “En las zonas rurales están extrayendo a los animales de su hábitat para obtener dinero. Asesinan a las madres, obtienen las crías que ‘ no son tan agresivas y se ven más bonitas’ y salen a las carreteras a venderlas. Muchas de estas especies son dispersoras de semillas. Cuando se las arrebatan al ecosistema están cortando un ciclo importante”.
En Antioquia, las especies más perjudicadas han sido las aves: “los loros y las guacamayas son las aves que más trafican, por los cantos y los sonidos. También hemos reportado osos perezosos, primates, tortugas, armadillos y reptiles”, cuenta Mónica Gil, bióloga de Corantioquia. La entidad, dice Gil, “ha visitado los municipios para sensibilizar a la población sobre las repercusiones de extraer a las especies de su hábitat natural. Nosotros no somos una autoridad policial, si las personas no entregan las especies voluntariamente, le avisamos a la Policía”. El problema, como han denunciado los ambientalistas, es que la Policía no atiende todas las peticiones.
Las cifras de Cornare (Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare) demuestran que los municipios en donde se presentan más problemas por tráficos de especies son: San Luis, San Carlos, Guarne y San Rafael. Durante 2015 han sido incautados 357,46 metros cúbicos de madera por Cornare.
María Berrío Ruiz, coordinadora del grupo de Bosques y Biodiversidad de Coranare, le dijo a EL COLOMBIANO que la mayoría de decomisos corresponden a “especies de bosque plantado, como ciprés, eucalipto y pino”. Esto ha sumado un volumen de 79,85 metros cúbicos de madera decomisada. “El mayor volumen decomisado (229,54 metros cúbicos) corresponde a especies del bosque natural, de especies como chingalé, soto, caimo, carate, siete cueros, punte lance, chagualo, arrayán, dormilón, palmicho, pategallina y mortiño”.
Minambiente responde
En materia de tráfico silvestre, el Ministerio está concentrado consolidar la información que necesita la Interpol para descubrir las rutas y los modos de tráfico ilegal de flora y fauna en Colombia. “La idea es planificar unas operaciones conjuntas para evitar este tráfico. Hemos encontrado que las ranas son extraídas hacia varios países de Europa, Estados Unidos y Asia....” , dice Marshall Corzo, profesional de la Dirección de Bosques del Ministerio. La especie a la que se refería es la rana Phyllobates Terribilis, catalogada como la más venenosa del mundo. Su veneno ha sido utilizado para aliviar los dolores del cáncer. Dicen que es más efectivo que la morfina.
Corzo reconoce que hay temas por precisar con la Interpol: “Necesitamos cooperación porque en algunos casos quedamos maniatados cuando los animales o la flora pasa otro país. Están sacando madera de Colombia a Centroamérica y Suramérica y necesitamos ayuda de los otros países. Ese tema lo estamos trabajando con la Interpol y en tres agendas binacionales: con Perú, Ecuador y Brasil”. La estrategia conjunta con los tres países, dice Corzo, será revisada el próximo 15 de diciembre.
Ese día presentarán algunas rutas que ha identificado el Ministerio en los últimos meses. “En la costa atlántica hay mucho tráfico de caimanes. También existe tráfico de iguanas, tortugas y otros animales que son utilizados por su piel. En el Amazonas nos preocupa el tráfico de aves”, agrega Corzo. Un punto que se tocará en estas reuniones tiene que ver con el tráfico de flora: “nos preocupan especies de colección como las orquídeas y las bromelias. Están siendo traficadas por un valor bastante alto. Detrás hay toda una red de operación y tráfico de especies”.
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