Un arqueólogo submarino apasionado por los naufragios, que lleva más de 40 años dedicado a su estudio, fue quien encontró el galeón San José. Lo dijo el presidente Juan Manuel Santos hace dos semanas.
Lo hizo luego de encontrar un mapa elaborado por un espía español al servicio de los ingleses. El tema se mantiene como secreto de Estado y ha provocado una urdimbre de litigios, misterios y espionajes ligados al San José desde su hundimiento hasta hoy.
En 1982, una empresa caza tesoros declaró que tenía las coordenadas del galeón y la Dirección General Marítima Colombiana (Dimar) reconoció que de encontrarse el tesoro, la mitad de la carga le pertenecería a esa compañía. En 1984, Belisario Betancur decretó que solo tendría derecho al 5 % y no al 50 %. Sea Search Armada (SSA), como se le conoció a los exploradores, demandó y el litigio duró más de 20 años.
En 2010, SSA interpuso otra acción contra Colombia ante las cortes de EE. UU. y pidió la propiedad del 100 % del galeón, estimado para entonces en US$17.000 millones. En 2011 se falló a favor del país y en 2013 se ratificó la decisión en una Corte de Apelaciones norteamericana. Ese mismo año el Gobierno colombiano sacó la Ley 1675, conocida como Ley de Patrimonio Sumergido –vigente todavía–, con la que se blinda de cualquier reclamo internacional y declara como patrimonio y propiedad de Colombia todo lo que esté en sus mares.
Aún así, no se había confirmado la ubicación del pecio (el tesoro) y todo era una hipótesis.
“Esto tiene muchísimos intereses, más de los que uno se pueda imaginar”, dijo la ministra de Cultura, Mariana Garcés, quien siguió durante los últimos ocho años el proceso –o este la siguió a ella–.
La polvareda se volvió a levantar en diciembre de 2015, cuando el Gobierno confirmó que, después de 307 años perdido, un grupo de científicos y arqueólogos subacuáticos había encontrado el galeón San José, uno de los últimos del siglo XVII hundido en aguas colombianas.
Dos años después del hallazgo, el Estado anunció, en el marco de la Ley de Patrimonio, que el rescate de la nave se realizaría bajo una Alianza Público Privada (APP), un mecanismo legal que, según el director jurídico del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas, “se había formalizado en Colombia desde la Ley de Cultura de 1997”.
El proponente
La Ley de Patrimonio Sumergido, el soporte legal sobre el que se contratará una APP y se extraerá el galeón, es la base de todo.
“Las aguas colombianas suman 900.000 kilómetros cuadrados que hay que caracterizar y eso requiere recursos importantes”. Es el primer punto que explica Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y encargado del galeón por parte del Gobierno.
Él explica que la Ley prevé que se pueda hacer el reconocimiento y la caracterización de esas aguas con dineros públicos o privados externos, debido a las dimensiones y costos involucrados en la investigación. “El país no ha tenido procesos de exploración con presupuesto público de manera sistemática que permitan cubrir los costos asociados a la extensión del mar. Toda investigación científica de alto nivel implica la incorporación de recursos privados”.
El Ministerio de Cultura, máxima autoridad para el tema, consideró que no podía realizar la extracción con sus recursos, porque no los había. Ahí es cuando los que dieron con el paradero del galeón –la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MACS)– propusieron una iniciativa para la extracción a través del sistema de APP.
Durante casi dos años esta fue ajustada entre la Nación y el originador –como se le empezó a llamar–. Con base en lo anterior, se construyó un pliego de condiciones con las especificaciones técnicas, científicas, tecnológicas y financieras exigidas, y un equipo multidisciplinario con alta experiencia para las etapas posteriores.
El costo del proyecto está estipulado por ahora en $197.727 millones –alrededor de US$68 millones– y los debe aportar en su totalidad el privado, es decir, sacar el galeón, montar un laboratorio y un museo. Solo como un punto de comparación, hacerlo con dinero del Mincultura se llevaría más de la mitad del presupuesto de inversión y funcionamiento de esta cartera en 2018, estimado en $352.000 millones.
Diferentes reclamaciones llevaron a que el Gobierno abriera un proceso público para que otros proponentes tuvieran la oportunidad de participar. Estos debían presentar un proyecto de extracción igual o mejor que el de MACS. Mañana, 23 de julio de 2018, vence el plazo para que se presenten otras propuestas de APP. Los colombianos sabrán, finalmente, quienes compiten por quedarse con el botín marítimo.
Aquí entra uno de los puntos álgidos en lo que va del proceso. La Ley 1675 de Patrimonio Sumergido le permite al Estado la comercialización de parte del contenido encontrado (oro, principalmente) como pago para la empresa o particular que participe de la investigación a través de la APP. Se podrán usar hasta un tope de 50 % de los bienes encontrados que no sean considerados como patrimonio cultural.
Un sector académico, con representantes de algunas universidades del país, ha lanzado críticas contra el proceso porque podría ser un negocio muy atractivo para los privados, pero no para el Estado. No habría interés ni rigor científico y se pondría en riesgo el patrimonio de la Nación.
“Es urgente que se suspenda el proceso para analizar la situación. Luego se debe hacer una nueva política sobre Patrimonio Cultural Sumergido que lo prepondere como parte de un bien público”, comenta Carlos Emilio Piazzini, investigador del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia.
Para el docente esto permitiría desarrollar una nueva estrategia en materia de investigación local, inventario y formación de capacidades. Además cree que se podría pedir apoyo, a través de convenios, a entidades científicas y culturales internacionales.
“Cuando el Gobierno dice que no hay presupuesto lo único que hace es eludir su responsabilidad como pasa con temas de ciencia y tecnología. Más que un gasto es una inversión. Que sea el país el que recupere, conserve y valore su patrimonio cultural”, dice Piazzini.
Además declara que se van a reunir múltiples actores académicos para sacar un comunicado conjunto sobre el caso en los próximos días.
Por ahora continúa en pie el cronograma del proceso público. Hasta mañana habrá plazo para que otras empresas presenten propuestas de APP. Si no hay otro oferente se contratará con el actual originador y es posible que se firme antes de que inicie el próximo Gobierno.
Hasta ahora lo único que puede detener el proceso es una demanda interpuesta por un ciudadano en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se trata de una acción popular para frenar el proceso y exigir que el Estado, y no un tercero, se encargue de la extracción. Dependiendo de esta decisión se para o continúa.
El Director Jurídico del Ministerio de Cultura precisa que se pueden dar dos posibilidades: la primera, que el Ministerio suscriba el contrato con el originador. La segunda, que se haya presentado una mejor propuesta. En ese caso el originador podrá hacer una contrapropuesta.
El contrato se suscribirá finalmente con el oferente ganador que haya presentado la mejor propuesta. Quien se quede con el contrato de US$68 millones, a lo máximo que podría aspirar, según cálculos que hace Vargas con base en la Ley, es hasta US$147 millones. Se pagaría con lo encontrado
