Tras cuatro meses de investigación,
EL COLOMBIANO identificó cómo funciona cada uno
de los eslabones de la cadena de comercialización de
oro ilegal y a dónde van a parar sus recursos.

De la minería ancestral a la ilegal

Tener paciencia, persistencia, resistir altas temperaturas y desarrollar un olfato capaz de encontrar el punto correcto para encontrar oro entre barro y piedras es la única herencia que hombres y mujeres han recibido por generaciones, y por la cual se conocen como mineros ancestrales. Aunque esta práctica es tradicional, a la luz de las leyes, solo hay dos tipos de minería: una con título y licencia ambiental, requisitos imposibles de conseguir para quienes no cuentan con recursos económicos, y la de subsistencia, que busca oro en ríos y en desperdicios de los títulos sin ningún tipo de maquinaria.

Retroexcavadoras, dragas y socavones que no cuenten con permisos son ilegales y, por lo general, están financiados por capitales irregulares. Esto se explica porque operar es costoso y los verdaderos mineros están tan empobrecidos como las poblaciones en donde se explota el metal. En 170 de los 300 municipios del país con vocación extractiva hay grupos armados ilegales que se financian con el oro o la extorsión. Los grupos criminales pueden tener ganancias por más de 3 billones de pesos al año, según la Fiscalía.

El Ejército y la Policía realizaron, en 2018, 276 operaciones. En cada una, invirtieron al menos 210 millones de pesos, pero la explotación ilícita sigue intacta, incluso creciendo.

Se comercia con engaño y trampa

El negocio no funciona si el oro no se convierte en dinero, por eso una vez extraído de los ríos o de las entrañas de la tierra inicia la cadena de comercialización para darle apariencia de legalidad. En los municipios hay comercializadores locales que suplantan o falsifican identidades a mineros de subsistencia que fueron previamente inscritos ante la Agencia Nacional de Minería por los alcaldes, que mantienen un silencio que manifiesta complicidad. Hay personas que ni siquiera saben que están comercializando oro en su nombre, otras lo hacen gustosas, a cambio de una insignificante suma de dinero.

Otra parte del oro ilegal ingresa por los registros de títulos mineros improductivos o con mínima operación. Una parte más pequeña entra como oro chatarra: las joyas que supuestamente fueron vendidas en prenderías y son fundidas para vender el metal.

Hay un porcentaje imposible de calcular de oro ilegal que se va de contrabando hacia Panamá. Afirman algunos estudiosos del tema que una parte termina en Perú y Venezuela para pagar armas.

El metal precioso va al exterior

Los comercializadores locales venden el metal a las comercializadoras internacionales (C.I.) encargadas de exportarlo a Estados Unidos y Suiza, principalmente, que a su vez abastecen a los bancos que acuñan monedas en oro, lo venden a grandes joyerías o para los fabricantes de tecnología, previo pago de las regalías.

En la cadena afirman que las C.I. conocen las prácticas del mercado local y las acolitan, por lo que los controles estatales se han vuelto más estrictos. Por eso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dice que toda la cadena de suministro debe estar segura del origen del oro y de a dónde va de vuelta el dinero. Eso no se cumple en Colombia.

La Fiscalía ha abierto 26 indagaciones contra exportadores y cuatro procesos judiciales por lavado de activos a empresas comercializadoras. Hay un proceso, en etapa de acusación, por concierto para delinquir. La Dian, por su parte, ha declarado ocho exportaciones falsas por más de una tonelada de oro, procesos que implican a la C.I. Gutiérrez, la más grande exportadora de oro de Colombia, que el año pasado envió al extranjero más de 10 toneladas de oro y a la C.I. Anexpo, ambas antioqueñas. EL COLOMBIANO entiende que estas decisiones de la Dian no están en firme.

En los bancos termina el dinero

Cuando el oro llega a su destino el comprador en el exterior paga y el dinero, que sale del sistema financiero extranjero, entra al colombiano. Una labor de lavandería y blanqueamiento de recursos.

Una vez el pago se ejecuta y entra a Colombia, la C.I. devuelve el dinero, dejando una tajada para el comercializador local, a través de cuentas bancarias o cheques. Los bancos son reacios a abrir cuentas en las zonas mineras para evitar ser utilizados lavado de activos y financiación del terrorismo, aunque, como ya se mostró, no logran escapar de ello.

El comercializador local paga en efectivo, por eso es imposible hacer la trazabilidad del dinero hasta el origen del oro, así aparece la ilegalidad que impera, y termina en bolsillos de los criminales, mientras el oro ilegal se dispersa por el mundo.