En el FORTÍN de

Luego de semanas de conversaciones EL COLOMBIANO estuvo en exclusiva con este grupo ilegal que hace
parte de una guerra que desangra al Bajo Cauca. Es el primer contacto que tiene un medio con sus cabecillas.

De frente con los Caparrapos, una amenaza en Tarazá

La guerra no quiere dejar en paz al Bajo Cauca. Su territorio está en disputa por los ilegales y los fusiles se siguen disparando en esta región abrazada por las brisas del río Cauca. Allí se esconden 422 hombres armados que, según la Séptima División del Ejército, pertenecen a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, Caparrapos, disidencias de las Farc y el Eln. Una mezcla de todos los males, que tiene de fondo el negocio del narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Para combatirlos, el Ministerio de Defensa anunció, el pasado viernes, la creación de un mando conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía “para enfrentar y someter a la criminalidad de esa zona del país”. Esto se suma a otras estrategias como la Fuerza de Tarea Aquiles y la Operación Agamenón que cuentan, desde hace más de dos años, con un pie de fuerza cercano a los cinco mil efectivos. Aun así, la guerra la protagonizan Caparrapos y el Clan del Golfo en un enfrentamiento sin tregua.

De esa lucha armada participa Estiven*. Recibió un viejo fusil hace menos de 15 días. Nunca había empuñado un AK 47. En teoría sabe cómo se dispara y funciona, desconoce el sonido de sus balas, pero es consciente del daño que puede ocasionar.

Tiene 16 años y a sus prendas diarias de vestir -una sudadera y camisa deportiva-, les sumó unas botas de caucho, un chaleco lleno de bolsillos para cargar munición y un brazalete con los colores de la bandera de Colombia en el que se lee Bloque Virgilio Peralta Arenas. Hace parte del grupo armado ilegal los Caparrapos o “Caparros”, como lo llaman las autoridades.

Estiven porta su fusil en el filo de una de las montañas de la zona rural de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, hasta donde llegó EL COLOMBIANO el pasado 9 de enero -único medio que pudo acceder a su territorio- para encontrarse con los integrantes de uno de los tres frentes de ese grupo armado ilegal, cuya confrontación con el Clan del Golfo ha dejado desde 2018 hasta el 17 de enero de 2020, 199 personas asesinadas según la Policía Antioquia.

A esto se suman 10 desplazamientos masivos registrados por la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, en 2019.

“No llegué acá solo, me vine con mi papá”, dice el joven, quien mira de reojo a su padre. A unos 50 metros, en medio de la maraña que poco a poco cubre una abandonada carretera veredal hay otros dos combatientes, quienes igual que Estiven, están encargados de la seguridad. Uno de ellos es el papá del menor de edad. Asegura que no vio otra opción que empuñar las armas con su hijo para evitar lo que, asevera, era una “muerte segura” a manos del Clan del Golfo.

“Esta gente me había intentado matar dos veces”, confiesa el señor que, a diferencia de su hijo, sí sabe manipular un fusil. Es consciente que llevó a Estiven a convivir con el horror de la guerra y la muerte, pero sin vacilar expresa que le explicó cómo es la situación: “no es mazamorra que uno se va a comer y a dormir, no, acá hay que trabajar duro”.

Esta historia es tan solo una muestra de lo que se vive al interior del conflicto armado que protagonizan los ilegales y que sufren los habitantes del municipio de Tarazá donde, desde el 2018, se concentran los choques armados.

El comandante “40”

Por su aspecto, “40” podría pasar por el progenitor de cualquiera de los casi 20 combatientes que lo cuidan con diferentes tipos de fusiles como los Galil que utiliza el Ejército, Ak47 y una carabina M14.

Todos estos hombres visten de una manera similar, pantalón negro o azul oscuro de tela impermeable, botas de caucho o botas cortas con medias hasta las rodillas y camisas con manga larga, también de color oscuro. Aunque todos cubren sus rostros con pañoletas camufladas, por su acento se puede distinguir que son de la región. A diferencia de Estiven, estas personas dan la impresión de que la guerra los tiene curtidos.

“40” se sienta en un banco de madera en el interior de una caseta comunal cuyo techo está lleno de agujeros de balas. A su lado, en una mesa improvisada, las moscas invaden los restos de un pollo asado que la tropa acaba de devorar como si no hubiera un mañana.

“Somos los herederos directos del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por la persecución del Clan del Golfo, que empezó a matar gente nuestra que estaba desarmada, desmovilizada y dedicada a trabajar, nos tocó rearmarnos y defender este territorio”, dice alias 40, uno de los comandantes de los Caparrapos, quien con esas palabras coincide con la principal razón por la que Estiven y su papá vigilan esas montañas de Tarazá.

Con poco tiempo para hablar, porque asegura que el Ejército empezó a subir la montaña en la que conversamos, “40” le explica a EL COLOMBIANO que la guerra que libran es por la “defensa del territorio”, y reconoce que vejámenes ocurridos como la muerte de civiles, decapitaciones de combatientes y desplazamientos de comunidades enteras “son prácticas” que no deberían estar ocurriendo. Se atreve a pedir perdón a las familias de las víctimas.

-Pero usted pide perdón y la guerra sigue, ¿entonces siguen pasando cosas y ustedes seguirán pidiendo perdón?, replica el equipo de este diario.

-Lamentablemente, sí. A veces toca a Dios rogando y con el mazo dando, porque tenemos que sobrevivir. Las muertes nuestras que se dan son porque hay una confrontación y es la vida de ellos o la nuestra. Lo que si no está bien es que caigan civiles, porque ellos ni siquiera conviven con nosotros, ellos coexisten, que es diferente. Viven en una zona donde existen organizaciones que están en disputa.

-¿Y cuál es el motivo de esa lucha? ¿Cuál es el interés de ustedes de seguir existiendo con armas?

-Sin armas nos matan. No crea que es una cultura, nosotros combatimos por necesidad. Si en estos momentos yo tuviera la oportunidad de dedicarme a algo diferente, donde estuviera lejos de los demás actores, lo haría.

-Ustedes están acusados de matar líderes sociales, ¿hace parte de su estrategia?

-Con relación a los líderes, es muy lamentable la muerte de esas personas. Es uno de los factores que ha movido la fibra de esta organización para buscar puntos de equilibrio que nos permitan llegar a una subsistencia en la región. La muerte de un líder a manos del Bloque Virgilio Peralta Arenas tiene que ser por tener un grado de compromiso muy identificado con el otro bando, tiene que ser un enemigo en potencia.

La muerte de un líder a manos de nosotros tiene que ser por tener un grado de compromiso muy identificado con el otro bando. Tiene que ser un enemigo en potencia”. Alias "40", cabecilla de "los Caparrapos"

Este comandante de los Caparrapos reconoce que la extorsión, o impuesto de guerra como ellos lo llaman, es la principal renta ilegal para sostener el brazo armado de ese grupo delictivo que también tiene presencia en Caucasia y Cáceres, en Antioquia, y San José de Uré, en Córdoba.

La Fiscalía y el Ejército afirman que ese bloque se beneficia de las cerca de 12.055 hectáreas de cultivos de uso ilícito que según Naciones Unidas aún crecen en el Sur de Córdoba y Bajo Cauca de Antioquia. Además, comerciantes, ganaderos, cocaleros y mineros pagan la llamada vacuna, sin excepción.

A pesar de esto, “40” no acepta que el narcotráfico sea una de las principales entradas. “Acá solamente subsistimos, no hay narcos. Esta zona fue muy rica y aprovecho la oportunidad de hacerle llegar un mensaje al señor ‘Otoniel’, comandante del Clan del Golfo. Que se dé cuenta que la información que a él le llega puede no ser completa, porque acá no hay riqueza, lo que dicen las noticias sobre carteles de Sinaloa no es cierto, esa gente debe pedir coca por toneladas y acá no da para eso”, afirma.

La conversación no dura mucho más. Algunos de sus hombres le recuerdan a “40” que es el momento de volver al monte, lejos de la carretera, pero alcanza a hablar sobre la posibilidad de un sometimiento a la justicia por parte de los Caparrapos.

“Si hay (sic) la posibilidad de que se pueda entender que estamos acá porque nos tenemos que defender y que todo surgió por un abandono estatal, y el Estado nos recibe arreglando nuestra situación jurídica, aunque tengamos que pagar un poco de cárcel, estaríamos dispuestos”, asegura.

“40”, Estiven y su papá, y los demás combatientes de los Caparrapos, caminan hacia la espesa maleza que enmarca las montañas junto al río Cauca y se extiende hasta el Nudo de Paramillo. Su rastro se pierde en segundos.

Tan cerca, pero tan lejos

A horas de camino de esa maraña que camufla a los ilegales, está uno de los pelotones del Batallón de Operaciones Terrestres N°24 de la Séptima División del Ejército.

Este grupo, integrado por unos 35 soldados, permanece hasta cinco meses internado en el monte en búsqueda de las estructuras ilegales, con una misión: proteger a la población civil.

El pelotón es liderado por el subteniente Miguel Ángel Castro López. En el Bajo Cauca lleva un año y dos meses, de los cuales ha patrullado más de la mitad por las montañas y extensos campos ganaderos y mineros empuñando su fusil Galil de dotación y con un morral que puede pesar hasta 60 kilos.

El enemigo no es uno solo, el Ejército está tras los guerrilleros del Eln, los integrantes del Clan del Golfo y Caparros, y por la zona que debe proteger el subteniente, específicamente las áreas rurales de Tarazá y Cáceres, donde están los tres.

En toda esa extensión de más de 3.500 kilómetros cuadrados, que equivale al tamaño de un departamento como Atlántico, el contacto entre los actores armados está muy cerca, pero a la vez muy lejos.

“Desde que estoy en esta región he tenido tres combates directos con los GAO (grupos armados organizados), nosotros mantenemos operaciones ofensivas y de control territorial, pero estos grupos, especialmente los Caparros, evitan la confrontación, prefieren huir. Esconderse”, explica el oficial.

En esos enfrentamientos tuvo el infortunio de ver a uno de sus soldados recibir un balazo en una pierna. “No fue grave y lo logramos evacuar rápido”, dice. A pesar de esto, recuerda que aunque la persecución a los GAO puede ser difícil por la complejidad del territorio y el conocimiento de este por parte de los ilegales, “no hay satisfacción mayor que cuando logramos evitar acciones de esta gente contra la población civil. No hay nada mejor que cuando un campesino te agradece porque estás allí, porque evitaste que algo malo ocurriera”.

Siempre estamos en movimiento, hablando con la comunidad, que se note la presencia de la tropa del Ejército Nacional. Teniente Miguel Ángel Castro, comandante Pelotón del Batot N°24

En el Bajo Cauca se habla de guerra hace, por lo menos, 40 años. Las Farc y el Eln; paramilitares como el Bloque Mineros, entre otros, y ahora grupos como el Clan del Golfo y los Caparrapos, dominan la desesperanza en esta región donde, a pesar del conflicto, sus habitantes (260.681 según las proyecciones del censo para 2020 del Dane) se levantan con la ilusión de tener paz en su terruño, con ganas de trabajar sus tierras, que aún con tanto maltrato, están llenas de riqueza y prosperidad.

Y conservan la esperanza de que no se aumenten las más de 12 mil hectáreas de hoja de coca que ya hay sembradas en la zona y que son el principal combustible de los grupos armados ilegales, así los Caparrapos lo nieguen. Con ello, las familias podrían enviar a muchachos como Estiven a la escuela y los padres solo empuñarían azadones y no fusiles, los mismos que disparan contra su propio pueblo.

La guerra ahuyenta a las familias de la zona rural de Tarazá

Las balas asustan, pero los muertos espantan, y como en la zona rural de Tarazá los fusiles de los violentos disparan y matan, las veredas en la zona se han venido quedando solas.

Entre las extensas tierras de las fincas ganaderas, sobre la polvorienta y rocosa vía al corregimiento La Caucana, de Tarazá, está la vereda Pecoralia. El desvío para encontrar las primeras casas se toma por una propiedad conocida como “El 90”, tierra que perteneció al Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia justo entre los años 90 y 2000.

Tras cruzar varios potreros de la finca, ahora en manos del Fondo de Reparación de Víctimas, se divisan algunas viviendas.

La primera es una estructura de ladrillos. Es de una sola planta con techo de láminas y un pequeño quiosco de paja que se ha convertido en un punto de encuentro de la comunidad para jugar billar, dominó y tomar cerveza y ron a ritmo de vallenatos.

Las ventanas, puertas e incluso la persiana de la tienda están abiertas. Sobre el paño del billar están los palos y algunas de las bolas sin embocar. Al lado de la mesa varias sillas patas arriba. Allí alguien se tuvo que ir de afán, dejándolo todo atrás.

“Sí, es que acá llegó esa gente a finales del año pasado y mataron a dos muchachos. Eso y la plomacera entre ilegales que puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento fueron suficientes para que todos se fueran, unas 25 familias. ¡Vea, ahí viene Arroyo, el único que se quedó en esta zona!”, narra un líder de la comunidad.

Arroyo llega montado en su caballo. Sostiene una cuerda con la que arrastra otra bestia que carga tres bultos que parecen abono para el pasto.

Este hombre, de unos 70 años, piel trigueña con las marcas que dejan sobre la piel las altas temperaturas, bigote y barba sombreada de canas, viste una camisa manga larga y pantalones que le quedan grandes, pero por su estado, se nota que son de trabajo, están rotos y manchados de sudor.

Deja sus animales justo al lado de la mesa de billar para darles sombra. “Estaba dando vuelta a varias parcelas que tienen sus animales ahí sin que nadie les ponga cuidado”, dice refiriéndose a las propiedades abandonadas por los recientes hechos de violencia. “Yo les hago el favor de darles vuelta”, reitera Arroyo.

Al preguntarle si no le daba temor seguir en la zona por la actual situación generada por el conflicto armado entre el Clan del Golfo y los Caparrapos, sin vacilar responde con su acento costeño lento y entendible, típico de alguien de su edad, que aunque muchas veces ha sentido miedo, prefiere asegurar la comida y no tener que llegar a rebuscarla al pueblo.

“Todo el mundo me dijo: ‘Arroyo, vamos, vamos, vamos’, pero uno campesino, se va pa’l pueblo y una gota de agua vale 300, más una cosa y la otra. Yo estoy acostumbrado a comer tres chombitos (comidas) al día y en el pueblo si mucho uno. Mantengo piloso para cuidar el cuerito (su vida), porque después de muerto se acabó todo”, argumenta.

El desplazamiento forzado se volvió una constante en Tarazá, donde según la Unidad para las Víctimas se registraron entre 2018 y el 22 de enero de 2020, nueve eventos que afectaron a 282 familias, es decir, 829 personas.

El corregimiento La Caucana es uno de los más afectados. En sus calles era normal ver personas, los negocios permanecían abiertos y la zona central, donde está la Inspección de Policía y un pequeño parque con juegos infantiles, era la de más vida.

Ahora todo está deshabitado, el polvo domina las vías, los candados evidencian que muchos negocios llevan semanas cerrados y en el parque apenas juega un par de niños.

A media cuadra, dos señores, se esconden del intenso Sol del mediodía, se sientan en el muro de uno de los tantos locales comerciales cerrados y recuerdan, hablan de aquellas épocas en las que había vida en el corregimiento.

“Es que póngale cuidado, aquí no más, en este local, en una noche de bastante gentío y recocha llegaron y sin decirle nada a nadie, taque taque taque, con toítico ese gentío, mataron a uno y hubieron (sic) siete heridos. Por ese tipo de cosas es que la gente tiene miedo y por eso usted ve todo esto solo”, expresan.

La muerte y los constantes combates fueron suficientes para que muchas familias decidieran irse de esta zona. Líder comunitario de Tarazá

Paradójicamente, el mayor grupo de personas que se observa en el corregimiento son familias desplazadas de las veredas La Envidia, La Esmeralda y Villavicencio. En total, 30 familias, algunas de ellas con más de un año lejos de sus casas.

Una integrante de la Pastoral Social, que se ha encargado del bienestar de estas personas, explica que “hemos encontrado a estas comunidades muy golpeadas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Nos han pedido apoyo para atender a los menores de edad porque tienen miedo, sienten que puede pasar algo en cualquier momento. Tenemos 60 niños y jóvenes, entre 5 y 12 años aproximadamente”.

¿Cuál es la solución?

Para William Muñoz, representante de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, es claro quiénes son los grupos armados ilegales responsables, pero cuestiona la respuesta del Gobierno y la Fuerza Pública.

“En esta región hay más de cinco mil efectivos pero sigue ocurriendo todo tipo de vejámenes. ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotros creemos que es una falta de gobernabilidad institucional en el territorio”, expresa William Muñoz.

Aparte de las operaciones militares que sostiene la Séptima División del Ejército en la zona rural de Tarazá, el comandante de esa unidad, general Juan Carlos Ramírez, afirma que también se busca consolidar la presencia militar en los centros poblados de los corregimientos para “cortar cualquier intención” de los grupos armados ilegales contra la población civil.

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, afirmó que “duele” lo que está ocurriendo con el Bajo Cauca, especialmente con Tarazá. Por ello prometió un trabajo arduo para atacar las estructuras criminales. “El trabajo debe ser integral con las autoridades, también con el Gobierno Nacional, para asegurar más oportunidades”.

El presidente Iván Duque conoció de primera mano la crisis humanitaria que vive Tarazá por cuenta de la guerra y anunció que habrá inversión social, pero principalmente dijo que “hay que acabar con las bandas de narcotraficantes que amenazan a la población”.

El plan del Gobierno para recuperar esta región es de largo aliento y se respalda en el plan denominado Zonas Futuro, con las que busca hacer intervenciones integrales.

Con las Zonas Futuro vendremos con los bienes públicos a acelerar la provisión de seguridad y de justicia. Iván Duque, presidente de la República

Además de esto, el presidente también se comprometió con un plan que buscará recuperar las vías terciarias. “Nuestra meta es que, en estos próximos 3 años, garanticemos que el país tenga la más importante inversión que se ha hecho en vías terciarias, son 3 billones de pesos”.

Antes que nada, para que esas mesas de billar vuelvan a tener jugadores, los animales dueños que los alimenten, y al destartalado parque vuelvan los niños, es necesario que las garantías de seguridad sean visibles para las decenas de familias que tuvieron que abandonar sus hogares y que sobreviven con lo mínimo en lugares a los que no pertenecen.

Cualquier estrategia o plan podría estar condenado al fracaso si los corregimientos o veredas no tienen su principal motor: sus habitantes. La vida.

*Nombres cambiados por seguridad de las personas.

El origen

Los Caparrapos y su historia criminal en el bajo cauca Aunque las autoridades afirman que los Caparros es un grupo que hizo parte del Clan del Golfo y que sus integrantes se convirtieron en blanco de “Otoniel”, principal cabecilla del Clan, por supuestamente querer independencia, “40” afirma que eso no es cierto. “Defendemos un territorio en el que llevamos 30 años. El Clan del Golfo nos ataca y quiere esta zona”, afirma ese cabecilla. Actualmente los Caparros tienen alianzas con las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc y un pacto de no agresión con el Eln. Según el Ejército, en 2019, tanto Caparros como Clan del Golfo, tuvieron 404 capturas, 26 de sus integrantes se sometieron a la justicia y 14 murieron en combates.

¿Qué sigue?

Mesa de trabajo por la paz de Tarazá Con la voluntad de buscar el diálogo y la paz para el municipio de Tarazá, un grupo de personas, en el que se encuentran profesores, comerciantes, empleados públicos, religiosos y otros ciudadanos, conformó la Mesa de Trabajo por la Paz. “Nos duele y preocupa la situación de nuestra tierra, la población está temerosa y esto se debe cambiar, debemos buscar soluciones y creemos que el diálogo es la mejor opción”, afirma Roque Toro, uno de los representantes de la mesa. Entre las actividades realizadas por esta mesa están las últimas marchas por la paz, además de los acercamientos con las estructuras armadas ilegales y sus comandantes con la intención de buscar un cese al fuego que excluya a la población civil de las constantes hostilidades.

La estrategia

Zonas Futuro es la apuesta para Bajo Cauca

Miguel Ceballos Alto Comisionado para la Paz

“La zonas futuro son una estrategia creada por la Ley de Orden Público, que fue prorrogada el año pasado, y lo que buscan es dar un apoyo a las zonas con mayor afectación de presencia de grupos criminales y hacer una aproximación de tres componentes: seguridad, justicia y desarrollo social y económico. En el país hay cinco Zonas Futuro, una de esas es la que incluye 11 municipios del Bajo Cauca antioqueño y cuatro del sur de Córdoba. Esas 15 poblaciones van a tener una intervención integral que comprende un componente de seguridad, a través de una focalización en veredas de mayor afectación de esos municipios donde se va a tener mayor presencia de la Fuerza Pública combinada con la Fiscalía, los jueces de la República y las agencias del Gobierno que se encargan del fortalecimiento del desarrollo social que son la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, el Departamento de Prosperidad Social y las tres altas consejerías de la Presidencia (Seguridad Nacional, Estabilización y Comisionado para la Paz). En el caso del Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba el coordinador soy yo, Miguel Ceballos. Sobre los desplazamientos hay que garantizar la seguridad y por eso las Zonas Futuro buscan una coordinación interna de las agencias del Gobierno, pero también con las distintas gobernaciones y alcaldías de las regiones. Para que existan condiciones de retorno hay que garantizar mayor presencia de la Fuerza Pública y también de la justicia. Estas Zonas Futuro van hasta el final del Gobierno y más allá, porque fueron creadas por ley y estarán hasta que sea necesario que funcionen, no tienen límite en el tiempo”.

Créditos:

  • Periodista: Ricardo Monsalve Gaviria
  • Fotografía y video: Julio César Herrera
  • Edición de video: Juan Sebastián Carvajal - Alejandro Bermúdez
  • Infografía y mapas: Adriana Lucía Puentes
  • Diseño web: Camilo Giraldo