A escasos 15 días hábiles de empezar la vigencia de las disposiciones contenidas en la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, que busca que las decisiones públicas sean objetivas y que garanticen toda la transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en la forma como se van a desarrollar los próximos procesos electorales para el Congreso de la República y para la elección del presidente y vicepresidente, se aprecia en todas las oficinas públicas un corre-corre, apurando trámites administrativos en materias de contratación, convenios interadministrativos, traslados y adiciones presupuestales, vinculación de personal a la nómina estatal, inauguración de obras e inicio de programas sociales, etc., para soslayar así las restricciones, prohibiciones e inhabilidades contempladas en la Constitución y en la Ley.
En los radio-pasillos de las entidades públicas, en los mentideros políticos, de tramitadores y contratistas, no se habla sino de una sola cosa: la Ley de Garantías Electorales, por el apremio que les impone de coronar los trámites antes de que ésta entre en vigencia con las talanqueras que ella contiene y que les impediría cumplir promesas electorales, hacer efectivas ayudas a eventuales votantes, el pago de apoyos políticos y favorecimiento a candidatos, ante la semi-parálisis que opera en las administraciones durante los cuatros meses anteriores a las elecciones.
Los funcionarios de apoyo y asistenciales del Estado viven por esta época un estrés insoportable ante la presión y el acoso de directivos que, de manera arbitraria, les ordenan darle trámite a procesos que durante el año dejaron de hacerse y que en tiempo récord pretenden realizar, sacrificando términos y procedimientos administrativos y legales.
Si existiese disciplina e imparcialidad y se trabajara realmente sobre estándares de calidad, las administraciones no pasarían por estos agites y las restricciones de la ley transitarían sin pena ni gloria, ya que ésta no afectaría el normal desarrollo de la actividad pública, ni se convertiría en un caos y un mar de nerviosismo en las oficinas y pasillos de los entes estatales.
Lo prescrito en la ley es muy loable en aras de lograr un debate electoral en paz y con todas las garantías para quienes deseen participar en él, lo deseable es que en estos días previos a la aplicación de la misma, los administradores públicos actúen con total transparencia, sin ningún esguince a las normas vigentes para favorecimientos personales o partidistas que privilegien algún candidato; de esta manera le estarían jugando limpio a la democracia y a la patria.
Igualmente los órganos de control, especialmente las personerías y la Procuraduría General de la Nación, deberían estar atentas, con todo su potencial humano y técnico, realizando todos los controles previos y de advertencia para evitar que se reserven radicados de contratos, convenios y registros presupuestales etc. para utilizarlos en vigencia de la ley de garantías electorales; así como a todos los posibles excesos y eventuales transgresiones a la normas.
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