El alcalde de un resguardo indígena del departamento del Cauca fue asesinado el pasado viernes a tiros mientras esperaba un bus que lo llevaría a una reunión con su comunidad.
Un comunicado del Ministerio del Interior condenó la muerte del indígena Jaime Mestizo Pito, alcalde mayor del resguardo de Huellas, en el municipio de Caloto.
El indígena, agrega el documento, fue herido de dos impactos de arma de fuego en momentos en que esperaba un vehículo de servicio público.
"Tras el atentado, el líder indígena fue llevado a la clínica Valle del Lili de Cali, donde falleció en la tarde del viernes después de dos cirugías", explica el comunicado.
El Ministerio agregó que no tenía información sobre posibles amenazas contra el líder indígena.
Un total de 118 indígenas fueron asesinados el año pasado en el país, en Colombia existen 102 pueblos aborígenes.
El pasado 30 de agosto, el Gobierno Nacional y los indígenas del cauca abrieron la primera mesa de negociaciones en Popayán.
Tierra y territorio es el nombre dado al comité con el que las partes abrieron sus negociaciones, cuya agenda fue consensuada el pasado 15 de agosto durante una visita a la región del presidente Juan Manuel Santos, que era esperado por unos 15.000 aborígenes.
Santos viajó entonces a La María, emblemático resguardo nasa en la población de Piendamó, para hacerle frente a una creciente protesta de los aborígenes caucanos contra la presencia de militares, policías y guerrilleros en sus tierras ancestrales.
Esa mesa y otras tres, que se han venido reuniendo sucesivamente, entregarán próximamente al presidente Santos los avances en los temas negociados que buscan una salida definitiva a la violencia que azota a la región.
El movimiento lo lidera la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), que reúne a las autoridades nasas, pueblo con unos 100.000 miembros distribuidos en una decena de localidades del norte del Cauca, región que acoge en su parte sur a la etnia de los guambianos.
En julio último, la Acin declaró a su pueblo en "resistencia permanente" para presionar la retirada de las fuerzas de seguridad y los rebeldes.
Aunque el Ejecutivo ha descartado la posibilidad de ordenar la salida de la fuerza pública, esta exigencia indígena fue integrada a la agenda de negociaciones de un segundo comité de trabajo, denominado de derechos humanos, conflicto armado y paz.
