En Guadalajara alterno mi trabajo en el taller de los periodistas con la lectura de sus informaciones, para hacerme una idea de lo que pasa en un país en donde narcotraficantes y corruptos luchan por defender sus intereses a sangre, fuego y corrupción.
Las cifras son abrumadoras: durante el gobierno del presidente Calderón los narcotraficantes han asesinado a 4.000 personas, de ellas 450 son policías. En Chihuahua las autoridades contabilizan 400 muertos; y el caso más reciente lo informa La Jornada: "en dos días asesinaron a 11 personas en Ciudad Juárez." "Ejecutan a tiros a dos más en la carretera entre Tecate y Mexicali".
Les planteo a los colegas el dilema del periodista que desde algún lugar de México pregunta: ¿qué debo hacer? Sé que un compañero de la redacción y un editor andan en tratos con gente del Cartel. ¿Es mi deber denunciarlos ante el director, con peligro de mi vida? ¿Debo callar para proteger a los míos? ¿Deberé cambiar de trabajo? La discusión es pobre y difícil, porque temen revelar por completo su pensamiento; pero la atención es intensa cuando se proponen respuestas desde la ética.
El narcotráfico cada vez cierra más el cerco sobre esta sociedad. Los medios estimulan por todo el país la discusión sobre la Iniciativa Mérida, una propuesta de México a Estados Unidos en 2007. Se trata de frenar el tráfico de armas que cruzan desde la frontera de Estados Unidos; proponer una acción bilateral que tenga en cuenta el impacto destructor de la vecindad mexicana con el mercado de consumidores de droga más grande del mundo; pero la respuesta de Estados Unidos es la de siempre: entregar 350 millones de dólares, pero bajo sus condiciones.
México ha reaccionado rechazando esas condiciones. "La dignidad del ejército vale más que 350 millones de dólares," exclamó un senador. El ataque es por dos flancos: mientras los narcos asesinan a los mexicanos, los Estados Unidos amenazan su dignidad.
La prensa de Estados Unidos reconoce la valentía e inteligencia del presidente Calderón "pero parece que la situación lo rebasa", sentencia el editorialista del New York Times, quien concluye premonitorio, que el narcotráfico "amenaza con aplastar al gobierno democráticamente electo". El pronóstico es grave y humillante. Un puñado de delincuentes ha llegado a convertirse en una amenaza tan grave, que pone en peligro la estabilidad democrática de esta nación.
El periódico lo ve posible porque el narcotráfico infiltra poderes, instituciones y personajes influyentes con el arma letal del soborno. La política comienza a ser contaminada con los dólares de la coca, también están contaminados gobiernos locales y policías mientras la población, al parecer anestesiada, contempla el crecimiento del mal como si sucediera en cuerpo ajeno. Ante el titular de primera página que da cuenta del escándalo del día (300 millones de dólares que irán a los bolsillos de los políticos) pregunto a un colega: ¿servirá de algo esa denuncia? ¿Movilizará a las instituciones contra la corrupción? Su respuesta es no. La prensa sólo llega a una mínima parte de la población; la repetición de denuncias de corrupción ha insensibilizado y a los políticos el asunto no parece interesarles.
En efecto, una población indiferente es una eficaz aliada de quienes se han propuesto aplastar una democracia. Pero es allí, en la población, donde están la solución y el trabajo de la prensa. Más que en los dólares de dudosa efectividad que llegarán de Estados Unidos, la esperanza está en lo que puedan hacer los propios mexicanos contra la ofensiva de la droga.
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