Las bandas criminales son las principales violadoras de los Derechos Humanos en Colombia y su accionar se ha extendido incluso a nuevas zonas del país en donde antes no delinquían. A esas organizaciones ilegales les siguen los grupos guerrilleros.
Así lo reveló este lunes el Defensor del Pueblo, Jorge Armado Otálora, quien presentó el mapa nacional sobre riesgos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno, con ocasión del Día Nacional de los Derechos Humanos.
Durante el último año se han presentado 46 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento que abarcan 109 municipios de 28 departamentos del país. Pero Otálora destacó el caso de Antioquia, departamento que ocupa el primer lugar del ranking con seis informes de violaciones de Derechos Humanos presentados por la Defensoría. Le siguen Chocó, Casanare, Caldas y Bogotá, con tres informes cada uno, y Risaralda y Nariño, con dos informes cada uno, en el último año.
Según Otálora, los grupos armados ilegales denominados bandas criminales (Bacrim) representan el 76 por ciento de todos los informes de riesgo, y en segundo lugar están las Farc como otro de los grupos que genera más amenazas a la población.
"Las bandas criminales no están aumentando, sino incrementando su accionar criminal, porque han generado más presencia en otros sectores que antes no se habían registrado en el mapa político del país", dijo Otálora. "Se han venido enquistando en algunos sectores con amenazas a los defensores de derechos humanos, incluso ya la han extendido contra los educadores en todo el país", añadió.
"Antioquia se destaca porque, como se sabe, es uno de los departamentos donde más han tenido desarrollo las bandas criminales y donde se gestaron estos grupos armados ilegales, que son los que producen el mayor número de amenazas contra la población civil. De ahí que Antioquia tenga el mayor número de informes de riesgo de la Defensoría", dijo Otálora.
Los derechos han estado amenazados por conductas delictivas como el uso de minas antipersonal, acciones para generar terror, amenazas de muerte, ataques indiscriminados, ataques contra la infraestructura, confinamientos, desaparición forzada, destrucción de bienes civiles, enfrentamientos, extorsión, homicidios, masacres, reclutamiento forzado y violencia sexual.
Pero Otálora llamó especialmente la atención en cuanto a la extorsión, el boleteo y el microtráficio, delitos que según dijo, se han venido disparando en el país, "porque los pequeños comerciantes, e incluso ciudadanos, han venido siendo objeto de boleteo y extorsión".
Los informes de la Defensoría no son por cada delito ni relacionan el número de delitos cometidos en una región determinada. Más bien, varias conductas punibles pueden hacer parte de un informe. Así, por ejemplo, si una persona es amenazada, luego extorsionada y después desplazada, las tres conductas están incluidas en un mismo informe.
Cuando se emite un informe de riesgo, la Defensoría lo dirige al Ministro del Interior, que debe convocar al Comité Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) y a partir de ahí se cita a todas las instituciones que están vinculadas en el informe por recomendaciones de la Defensoría (Gobernador, alcalde, Icbf, Fuerzas Armadas, Policía). A partir de ahí se debe generar una política para enfrentar el problema. La Defensoría, dos meses después, hace una solicitud para que se le informe qué han hecho las instituciones y cómo va el trámite del informe de riesgo.
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