Quien compra una botella de licor de contrabando o adulterado no solo está poniendo en riesgo su bienestar físico o le está restando recursos a los programas de salud, educación y deportes de la ciudad, también está ayudando a financiar los grupos armados que delinquen en las calles de Medellín.
Así lo señaló Rubén Fernández Andrade , director del programa Antioquia Legal, durante el Foro sobre Adulteración y Falsificación de Licores, organizado por La República, donde explicó que atrás se quedaron los días en que este negocio ilegal estaba en manos de pequeños productores que fabricaban licor en cocinas y alambiques artesanales, para darle paso a una situación mucho más alarmante en la que el licor es solo un componente dentro de toda una estructura de crimen organizado.
“Hoy tenemos grandes redes criminales, incluso multinacionales, con cadenas de distribución muy bien montadas. Aquí el producto es lo de menos y la cadena es lo de más”, manifestó Fernández.
Y para mostrar la magnitud del panorama, el funcionario señaló que en el mismo camión en que se transporta el licor adulterado, los criminales meten cigarrillos de contrabando entre las botellas para evitar que se quiebren y aprovechan también para mover armas y dólares fruto de su accionar criminal.
Es por esta razón que, desde la Gobernación y a través de la línea Antioquia Legal, se espera poner en ejecución un plan que permita recuperar 275.000 millones de pesos de los cerca de 347.000 millones que se dejan de percibir a causa del contrabando de licor, cigarrillos y gasolina; la evasión del impuesto de degüello de ganado y los derechos de explotación de rifas y chances en negocios por fuera de la legalidad.
“No solo se trata de mejorar la caja del Departamento al recuperar estas rentas perdidas, sino de eliminar un eslabón que hace parte de un fenómeno que perjudica enormemente la sociedad”.
Las cifras del negocio
En un estudio realizado por Fedesarrollo se encontró que la adulteración y contrabando de licor representa cerca del 10,8 por ciento del mercado total nacional y que, entre las causas más significativas del crecimiento de este fenómeno, se encuentra la sobreoferta de alcohol etílico que es poco controlado en el país (por no decir que totalmente libre).
En 2009 se produjeron ilegalmente en Colombia 18,8 millones de botellas de licor 750 centímetros cúbicos, de las cuales, casi la mitad (9 millones) corresponden a Antioquia, donde los grupos armados utilizan la fuerza y la intimidación para obligar a los tenderos, especialmente en Bello y Medellín, a distribuir este producto.
La adulteración, contrabando y falsificación de licores representó un costo fiscal para el Gobierno de 690.500 millones de pesos, de los cuales 448.800 millones de pesos corresponden impuesto al consumo de libre destinación y 241.700 millones de pesos corresponden al IVA que se dejó de percibir.
Juan Gonzalo Zapata , economista experto en temas de economía y política pública, quien presentó el estudio, señaló que en los últimos cinco años se ha aumentado la producción y comercialización ilegal de licor debido, principalmente, a un incremento en la importación de alcohol etílico.
“Cuando el Gobierno decidió impulsar la producción de biocombustibles, indirectamente perjudicó a la producción legal de licores, pues la producción de alcohol nacional se desplazó para esos fines y, entonces, aumentaron las importaciones, que son más difíciles de controlar”.
De acuerdo con cifras del estudio de Fedesarrollo, entre 2005 y 2011 la importación de alcohol etílico potable aumentó aumentó en un 155 por ciento (de 18,8 millones de litros a 47,8 millones de litros), mientras que la de alcohol etílico impotable lo hizo en un 228 por ciento.
Para este experto, todo el alcohol que entre al país o se produzca en el interior debe tener un fin específico, para evitar que termine siendo utilizado en la producción ilegal de licor.
Margarita Calderón de Osorno , quien participó en el foro en representación de la Federación Internacional de Producción de Licores, alarmó sobre la cantidad de licor de contrabando que entra por las trochas de la frontera con Ecuador y que no está bajo control alguno de la policía de carreteras.
“Mi recomendación para frenar este fenómeno es una regulación estatal del alcohol, para controlar la sobreoferta. Hoy se calculan 5 millones de litros de alcohol residual en el país, es decir, que no tiene un fin especificado y ese es el que es utilizado para la producción ilegal de licor”.
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