Mientras en el país los cultivos de coca pasaron de 62.000 hectáreas en 2010 a 64.000 en 2011 en Antioquia se registró una disminución del 42 por ciento, al pasar de 5.350 hectáreas en 2010 a 3.104 en 2011.
¿La razón? De acuerdo con la medición anual realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), la disminución obedece a que en los últimos dos años en Antioquia se concentraron el 11 por ciento de los recursos del Plan de Consolidación Territorial de la Presidencia.
Santiago Londoño, secretario de Gobierno departamental, considera que esta reducción hay que mirarla desde dos aspectos: las inversiones en proyectos productivos, infraestructura, educación, vías y otros temas coyunturales para las comunidades a través del Programa de Consolidación Territorial y el auge de la minería ilegal en Antioquia y Córdoba que, en buena parte, es manejada por los grupos armados.
Y es que según el informe de Unodc, Córdoba es el departamento con mayor reducción en los cultivos, pues pasó de 3.889 hectáreas sembradas en 2010 a 1.088 hectáreas en 2011. Esta reducción se presentó también en el área del parque Nacional Nudo de Paramillo.
Diez pueblos de Antioquia
El informe de la Unodc señala que 2007 fue el año en el que se detectaron más cultivos de coca en Antioquia: 9.926 hectáreas. A partir de ahí comenzó una reducción que fue considerada como “drástica en 2011” porque alcanzó el 42 por ciento.
Para el Secretario de Gobierno de Antioquia, la inversión a través del Programa de Consolidación Territorial ha sido importante para el departamento. “Estamos articulando los esfuerzos del Gobierno Nacional para que no vaya cada cual por su lado. (...) Son 10 municipios en los que se harán inversiones: todo el Bajo Cauca, Ituango, Briceño, Valdivia y Anorí. Con Álvaro Balcázar, director de Consolidación, logramos que incluyeran a los municipios de Remedios y Segovia que aunque no tienen áreas significativas de cultivos ilícitos tienen problemas de minería ilegal”.
Una de las buenas experiencias, recordó Londoño, se tuvo hace dos semanas con las comunidades de Ituango hubo líderes de El Aro y Santa Rita que hicieron un mapeo de las necesidades de la comunidad.
Sin embargo, la preocupación de la administración departamental radica en que la minería ilegal se convirtió en una forma de financiación para los ilegales. “A una persona la pueden detener por tener una cocina o tener unos kilos de cocaína pero si tiene el oro, que es legal, no le pueden hacer nada”, explicó Londoño.
Cultivos en las fronteras
Aunque el aumento en las áreas sembradas con coca puede resultar desalentador, Aldo Lale-Demoz, representante en Colombia de Unodc, explicó que esto obedece a que el incremento en los cultivos del Putumayo (108%) y Norte de Santander (85%) “neutralizó” la disminución que se presentó en 14 de los 23 departamentos con cultivos.
Lale-Demoz señaló que el informe muestra tres señales positivas: que la tendencia a la reducción de áreas sembradas que se venía presentando en los últimos años se sostiene; que cinco departamentos tienen menos de 100 hectáreas sembradas con coca (Boyacá, Caldas, Magdalena, Cundinamarca y La Guajira) y avanzan hacia la consolidación de territorios libres de cultivos de coca; y que se ha reducido el fenómeno de deforestación para expandir los sembrados.
El informe precisa que disminuyó la producción de cocaína en 1 por ciento y que cada vez es más difícil y más caro sacar un kilogramo de cocaína. “Es preocupante que los cultivos estén creciendo precisamente en zonas donde también se realiza la transformación de hoja de coca y el tráfico de cocaína. En estas regiones, se está integrando toda la cadena del narcotráfico, lo que representa retos importantes para el gobierno de Colombia y para la comunidad internacional comprometida en la lucha contra el tráfico de drogas”, advirtió Lale-Demoz.
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, señaló que el Gobierno “está dispuesto a liderar un debate serio, prudente y basado en evidencias sobre las mejores prácticas y los mejores modelos de políticas de drogas” para brindar seguridad, bienestar y salud a los ciudadanos.
Áreas protegidas
El informe también advierte que el 5 por ciento de los cultivos está en parques nacionales, el 10 por ciento en resguardos indígenas y el 25 por ciento en comunidades afrodescendientes.
Frente a este panorama, el director de la Policía Antinarcóticos, general Luis Alberto Pérez, explicó que en el caso del Putumayo, no se pueden realizar fumigaciones aéreas debido a un acuerdo con Ecuador. Este convenio, data de 2007 cuando el Gobierno de ese país demandó a Colombia por los daños causados por la aspersión aérea.
En el caso de los cultivos en las comunidades indígenas, Pérez precisó que para adelantar una fumigación o una erradicación es necesario realizar una consulta interna con las autoridades.
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