Más allí de la discusión pública entre el ministro del Interior y de Justicia, Germán vargas Lleras y el vicepresidente Angelino Garzón sobre la Ley 1424, la norma anunciada por el Gobierno para resolver la situación judicial de miles de desmovilizados pretende unos mínimos de verdad histórica para las víctimas.
Conocida como la Ley de los desmovilizados, la norma les otorga beneficios a exintegrantes de las autodefensas y las guerrillas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Esta Ley fue expedida el 29 de diciembre de 2010 y según lo dicta el documento, serán beneficiados solo quienes incurrieron en delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal.
El marco legal se basa en el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación con los desmovilizados que buscan quedar a paz y salvo con la justicia. "Es un instrumento de transición para poner en vigor los principios de verdad, justicia y reparación como complemento a los instrumentos", dice el decreto que contiene la Ley.
Según explicó el Gobierno, este acuerdo será suscrito por el Presidente de la República o un delegado y por el desmovilizado, quien debe estar comprometido con la reintegración a la sociedad y contribución a la justicia. "Esta manifestación deberá hacerse durante el año siguiente a la expedición de esta Ley, la cual fue sancionada el 29 de diciembre de 2010", aclara la Ley.
Si el desmovilizado cumple estos requisitos, la justicia debe suspender la orden de captura "por un periodo equivalente a la mitad de la condena establecida en la sentencia, a fin de lograr su libertad".
La Ley también ordena la creación de un mecanismo no judicial que recolectará y sistematizará la información del desmovilizado, que no podrá ser utilizada como prueba en el proceso judicial en su contra", explicaron fuentes de la Alta Consejería para la Reintegración.
Retos para evitar impunidad
De la Ley 1424 surgen algunos interrogantes: ¿cómo se va a garantizar que no hayan farsantes y que quienes se postulen no hayan cometido delitos de lesa humanidad?
Para Michael Reed Hurtado, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), aplicar esta Ley será un reto para la justicia en Colombia. "La implementación de esta Ley debe tomarse de la manera seria para no repetir errores de Justicia y Paz".
Reed Hurtado indicó que es necesaria una investigación profunda que garantice que no se le está dando beneficio a un desmovilizado que no tiene derecho a él. "Cuando estamos frente a desmovilizados no solo basta la buena voluntad, uno no puede depender de eso y se debe hacer una investigación profunda, independiente, para garantizar que los beneficios que se otorguen sean porque cumplen y no esconden delitos atroces".
El especialista en justicia transicional advirtió que "la mejor evidencia es que hay 1.338 desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz que dijeron que fue un error y que no tienen nada que confesar. Eso evidencia que el ejercicio en Justicia y Paz no fue técnico, no contó con información para saber si los postulados eran o no desmovilizados".
Reed también explicó que para comprobar que los desmovilizados no cometieron delitos atroces, "la Fiscalía tiene que saber a quién le esta otorgando beneficios judiciales, y no basarse solo en la información del desmovilizado".
Según el Gobierno, la Ley beneficiará a cerca de 20.000 desmovilizados, mientras que unos 4.000 que están por fuera de los programas de reinserción deberán n registrarse.
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