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El manual de convivencia con los 46 puntos escritos por las Farc le llegó a la familia Peña bajo la puerta. Junto a este, en una misiva le daban tres horas para salir de El Cedro, en Puerto Guzmán, límites con Caquetá.
La razón fue explicada en la carta: "como ustedes saben y según el reglamento en el punto 45, los padres de familia que tengan hijos activos en la Policía, en el Ejército y demás organismos de seguridad del Estado, deberán vender sus bienes y abandonar el área".
El agente Peña dice que sus padres y sus tres hermanos menores tardaron 45 minutos en empacar. No hubo tiempo de vender, y salieron con tres gallinas, dos bolsas con ropa y sus dos perros.
"Yo me convertí en su dolor de cabeza porque la guerrilla les advirtió que por ser yo Policía no podían seguir. Ahí los tengo, en un cuartico en Bogotá, lejos para que no les hagan daño", cuenta Peña.
Esta situación es parte de una rutina que las Farc convirtieron en ley en el bajo Putumayo, y publicaron en un documento. Si es mayor de 15 años, debe estar inscrito en el libro de socios de las Juntas de Acción Comunal (JAC), para llegar a la región se debe contar con una carta de recomendación de alguien de la zona, el desplazamiento es entre las 5 a.m. y las 8 p.m. y si hay alteración del orden público, será entre las 5 a.m. y las 5:40 p.m.
Joyner es comerciante y para traer su mercancía desde Puerto Asís debe hacer, mínimo, cinco llamadas. Pero hasta el uso del celular fue restringido "y ellos permiten tener solo dos celulares por familia, y eso sí, sin cámara. Los tenemos que registrar en la JAC para su control", explica.
A esta lista de normas expedidas por el frente 32 de las Farc se suman otras que, según el manual, editado en las montañas del Putumayo, "son de convivencia para el buen funcionamiento de las comunidades".
Para comprar carro o moto deben consultar a la guerrilla, en las casas donde haya teléfono público deben llevar un control de las llamadas, las fincas abandonadas o que lleven un año vacías serán confiscadas y entregadas a la JAC para que decidan su uso, además, tienen prohibido hacer parte del programa Familias en Acción y Guarda Bosques "porque es una estrategia del Estado para generar red de cooperantes (sapos) porque lo que se recibe es utilizado para ponerlo en contra de nuestro pueblo al cual pertenecemos todos nosotros".
"Eso se cumple o se cumple, y si no le toca irse para no verse involucrado en líos con ellos", explica Joyner.
Sacaron la iglesia
La primera amenaza le llegó al sacerdote después de la misa que celebró a puerta cerrada. "Al otro día me llamaron la atención y me dijeron que tenía que pedirles permiso", cuenta el presbítero. Pero días después, cuando fue a dar misa en una de las veredas, los guerrilleros no lo dejaron entrar. "Váyase mejor curita que usted es alma de Dios y nosotros no queremos problemas", le sentenciaron.
Las intimidaciones de las Farc llegaron a otros cinco sacerdotes que por razones de seguridad fueron sacados de las zonas ribereñas del río Caquetá conocidas como Mayoyoque, Gallinazo, El Cedro, José Maria y Piñuña Blanco.
"Era imposible dar misa. Muchas veces al iniciar, se sentaban en las sillas de adelante dos o tres milicianos haciéndonos caras a todos", dice uno de los clérigos.
Monseñor Luis Alberto Parra Mora, obispo de la Diócesis de Mocoa-Sibundoy, cuenta que en la región del bajo Putumayo se quedaron sin líderes religiosos, cerraron las parroquias y trasladaron los sacerdotes a las cabeceras municipales. "Las Farc dicen que no pueden celebrar, no pueden predicar y no pueden ejercer su sacerdocio allá. Ante eso tomé la decisión de traerlos y esas comunidades han quedado sin el servicio eclesiástico por las medidas que ellos toman a través de ese manual de convivencia que han presentado para todas las personas que estén en la región", precisa Monseñor Parra.
Según el prelado, la guerrilla no les ha notificado por qué no pueden ir, "pero en parte dicen que es porque entramos y salimos y traemos información del centro de esa región, entonces hay desconfianza. Nosotros -enfatiza- solo queremos evangelizar".
Desconocemos el manual
Las denuncias de las comunidades del bajo Putumayo sobre las normas impuestas por las Farc en un manual de 46 puntos son desconocidas por las autoridades.
Así lo manifiesta Javier Andrés Rosero Pai, secretario de Gobierno de Putumayo, quien asevera que no saben nada del manual. "Incluso tuvimos consejo de seguridad y lo desconocemos. No hemos recibido denuncias".
Respecto de la situación de los sacerdotes, Rosero explica que en un consejo de seguridad abordaron el tema y la posible solución. Además, este diario intentó conocer la versión del gobernador, pero su asesor Diego Armando Vallejo nunca correspondió la llamada. Situación similar ocurrió con el comandante de la Sexta División del Ejército, general Germán Giraldo, quien tras varios intentos de comunicación no respondió al teléfono.
El mayor Johan Mercado, de la Policía de Putumayo, asevera que el comandante del departamento le dijo que no tenían información de Inteligencia sobre el manual.
Familiares de Peña cuentan que no les extrañan las respuestas pues siempre han estado abandonados a su suerte. "No tenemos escuelas, carreteras ni energía" y Joyner concluye que el Ejército no hace presencia en sus tierras: "se encuentran ocupados cuidando las empresas petroleras, que al parecer es lo único que le interesa al gobierno, quien nos abandonó para siempre".