La creación de una comisión técnica por parte del Gobierno Nacional para determinar los tipos de anticipos para las obras públicas fue recibida por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) como un paso importante para llegar a un acuerdo.
De esa manera lo expresó ayer el presidente Ejecutivo de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, al término de la reunión de junta del Capítulo Antioquia donde fue discutido este tema que levantó polémica hace dos semanas.
El ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, anunció el 7 de junio pasado que limitaría los anticipos de obras públicas a un 10 por ciento del valor del contrato, tras los desfalcos en contratos millonarios asignados a empresas del grupo Nule y algunas obras inconclusas detectadas en el país.
Diez días atrás, Cardona añadió que al evaluar las propuestas para asignar los proyectos se dará una mejor calificación a los contratistas que propongan menor porcentaje en el anticipo.
Esto generó la protesta airada de la CCI y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros al considerar que es el "golpe de muerte para las pequeñas y medianas empresas de ingeniería".
Anticipos vigilados
En ese sentido, en un tono más tranquilo, Caicedo Ferrer dijo ayer que después de varias reuniones con el Gobierno se avanza en la voluntad de determinar un mecanismo acorde con las realidades de los proyectos.
"El entendimiento con el Gobierno es que más que ponerle porcentaje o valor equis al anticipo, que no es técnico, hay que tener en cuenta los plazos de los proyectos, el flujo de caja, entre otros aspectos", explicó Ferrer.
Para poner fin a las diferencias con el Gobierno, el líder gremial señala tres condiciones: lo primero, que haya fuentes de financiación y recursos de crédito para la pequeña y mediana empresa que financia su ejecución de obra con los anticipos.
Lo segundo, que el Gobierno pague a tiempo. "Si fuera así, no habría problemas, pero hoy tenemos cuentas represadas en el Invías desde hace cinco meses, señaló Caicedo Ferrer.
Por último, la CCI considera que deben establecerse controles a los anticipos aplicando lo dispuesto en la recientemente aprobada Ley Anticorrupción. La norma establece fideicomisos para los desembolsos de estos pagos por adelantado, así como severas sanciones frente a su incumplimiento.
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