Cómo habrían agradecido los millones de habitantes de Bogotá que toda la energía, recursos, trabajo y personas que ha desplegado el alcalde Gustavo Petro para imponer su permanencia en el cargo, los hubiese invertido en una administración eficaz que mejorara la calidad de vida de la capital del país.
Ahora sí que se ve al político Petro en el ambiente en que se siente pletórico: convocando marchas para presionar por la vía expedita de los gritos la anulación de medidas legales que no le gustan; personificando un sentimiento universal de lucha contra la injusticia, ubicándose a la altura de caudillos venerados por las masas; atizando sentimientos primarios mediante una manipulación clarísima de las causas que llevaron a su destitución. En fin, medios de acción proselitista basados en discursos, en proclamas, nunca en ejecuciones de gobierno.
La hábil estrategia de acudir a las probadamente eficaces consignas de la izquierda, de declararse víctima de complots de la derecha que no lo dejan gobernar, le puede reportar aún muchas herramientas a Petro y su movimiento para dilatar su destitución.
En el exterior, principalmente, el aparato de propaganda que asume como propia una “lucha” como la que Petro dice encarnar en bien de la humanidad, cuenta con acceso directo, privilegiado, a instancias de decisión jurídicas y políticas. Las medidas cautelares que el alcalde clama podrán llegar en cualquier momento.
Mientras tanto, en el ámbito interno, un magistrado con un historial más que complicado emite una orden provisional de suspender la sanción disciplinaria, basado en argumentos ya no controversiales, sino flagrantemente contrarios a las normas constitucionales y legales.
Que el procurador no tiene competencia para sancionar alcaldes, dice el magistrado Armenta Fuentes, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa tesis que ha cogido tanta fuerza (pero solo cuando se aplica a un gobernante de izquierda) y que podría servir como objeción teórica en una discusión constitucional, no resiste un análisis somero si se aplica la legalidad vigente.
Está ahí, a la vista de quien no quiera taparse los ojos, la competencia constitucional del Procurador para actuar como lo ha hecho. Y si alguien lo sigue dudando, que busque las declaraciones del entonces senador Gustavo Petro, quien como denunciante (valeroso y frentero, qué duda cabe) de las corruptelas de la administración distrital de Samuel Moreno Rojas, nunca objetó que el procurador, el mismo Alejandro Ordóñez de ahora, hubiera adoptado medidas disciplinarias contra quien dejó convertir a Bogotá en la caja menor de familiares y amigos.
El alcalde Petro no debe renunciar a los medios jurídicos que le ofrece el Estado de derecho para defender lo que cree justo y legal. Pero eso no debe entenderlo como carta abierta para usar el poder del que aún goza como ariete para golpear la institucionalidad, la misma a la que dice haber sido leal y que hace años permitió su desmovilización con todas las garantías.
Bogotá, en tanto, sigue padeciendo de ingobernabilidad. Queda en un período de interinidad y en el peor escenario político y administrativo. Época propicia para que más de uno, aprovechando el vacío de poder, quiera beneficiarse del caos. La capital del país (24,4 % del PIB nacional) merece mejor suerte. Salvo, eso sí, que sus votantes quieran continuar siendo laboratorio ideológico más que ciudad de vanguardia.
NO HAY PARÁLISIS EN LA ADMINISTRACIÓN DE BOGOTÁ. EL ALCALDE SIGUE GOBERNANDO
Carlos Vicente de Roux
Concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas
No cabe duda de que el alcalde Gustavo Petro agotará todos los recursos legales a su alcance para el restablecimiento de sus derechos. Y hay que tener en cuenta que no han sido sólo sus derechos políticos como alcalde los que han sido vulnerados por la Procuraduría, sino los de los ciudadanos (los derechos a elegir). Las acciones constitucionales como las de tutela están en trámite, y ya una de ellas obtuvo una medida provisional favorable. Habrán de resolverse las de muchos ciudadanos (algunos hablan de 800). También hay acciones penales, y como se sabe, si los fiscales tienen evidencia de la comisión de un delito (por los que ya está denunciado el Procurador) pueden pedir a un juez medidas de protección a la víctima, en este caso el alcalde. También acciones como la de nulidad contra el acto de destitución, y ante instancias internacionales, como las medidas cautelares solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Debo decir con toda franqueza que veo a los secretarios trabajando, a la administración distrital en marcha. Atienden sus compromisos y debates en el Concejo. Obvio que el alcalde dedicará unas horas al día a su defensa, pero no se puede decir que haya dejado la alcaldía sin líder. Eso me consta y lo puedo afirmar.
