Es pertinente discutir la conveniencia de sustituir el sistema político presidencialista por otro de índole parlamentario. Este cambio podría servir para que haya gobiernos de duración flexible y reducir el riesgo de enfrentamientos entre las dos ramas políticas del Estado. Sin embargo, nada lograríamos si no tenemos un Congreso de mayor jerarquía, lo cual, a su vez, no es posible sin partidos políticos más robustos.
Tratándose de la reforma del Congreso, muchos se inclinarán por la abolición de la circunscripción nacional para la elección del Senado. Hacerlo sería un error. Ella facilita la representación de los intereses nacionales, mientras los regionales pueden albergarse mejor en la Cámara, dado que sus integrantes se eligen en el ámbito departamental. Pero sí creo conveniente desvincular por completo a los parlamentarios de la administración de su presupuesto de gastos; jamás lo han hecho bien, por decir lo menos. Y con el propósito de evitar las corruptelas que han sido frecuentes, debe disponerse que los congresistas no tengan suplentes, salvo en caso de muerte o invalidez.
Pienso que convendría remover la prohibición a los miembros del Congreso de aceptar empleos en el gobierno, incluidos los cargos de ministro o embajador. En la generalidad de los países los políticos profesionales se mueven con fluidez de la oposición al gobierno, y del parlamento a la administración. Para que tengan mayor jerarquía moral e intelectual, hay que abrirles la posibilidad de una carrera rica y diversa en el servicio público. El parlamentario que pase al gobierno, no tendría por qué perder su condición de tal. La situación actual es ridícula: son sus esposas, hijos y recomendados a quienes se nombra.
Como los partidos son vehículos fundamentales para la movilización ciudadana, hay que devolverles el control pleno de la configuración de las listas de candidatos a cuerpos de representación popular (en lenguaje técnico, se requiere la abolición del voto preferente), paso previo para poderlos sancionar cuando den avales a quienes luego pierdan la investidura por faltas graves. Y, por supuesto, no podemos volver a los "partidos de garaje", lo cual exige que para acceder a fondos estatales sea preciso obtener un número mínimo de votos en las elecciones.
En este contexto, hay que mencionar la posibilidad de que el Estado financie la totalidad de las campañas políticas. Los defensores de esta idea asumen que sería la forma de evitar que se usen dineros sucios. No lo creo. Mientras existan empresas criminales ávidas de ejercer influencia política, sus recursos estarán disponibles. Y como hoy se violan sin problema los límites de gasto, igualmente sencillo sería hacerlo con la prohibición de financiamiento privado. Hay otras alternativas que vale la pena explorar, entre ellas la adopción de una regla estricta de consolidación: no importa quién formalmente haga el gasto, se presume realizado por el partido o candidato al que beneficia. Igualmente, para inducir moderación en las expensas electorales, pueden establecerse porcentajes decrecientes de reembolso por voto una vez se supere cierta cuantía.
Termino diciendo que la democracia implica competencia por el poder entre grupos que tienen intereses divergentes y, con frecuencia, opuestos. La idea de una sociedad sin conflictos es tanto utópica como totalitaria. Pero para que esas confrontaciones pueden resolverse de manera pacífica se requieren reglas de juego que, en parte, se plasman en las constituciones. Su acatamiento depende de que su adopción haya sido producto de un acuerdo amplio entre quienes encarnan las mayorías y aquellos que pretenden serlo en el futuro. Tenerlos en cuenta al diseñar nuevas instituciones no es un acto de generosidad; lo es de responsabilidad. No importa qué grado de popularidad tengan unos y otros.
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