Los crímenes de 26 reclamantes de tierras en el gobierno Santos, la aparición de una organización criminal contra la restitución y las permanentes amenazas contra reclamantes, crean un sombrío panorama para quienes fueron despojados de sus tierras y ahora buscan recupearlas de la mano del Gobierno Nacional, que ha extremado medidas para controlar a los autodenominados "ejercitos" anti restitución.
Los episodios intimidatorios se suceden región tras región. El pasado primero de junio, Juan David Díaz, reconocido integrante del Movice en Sucre e hijo de Eudaldo Díaz , el asesinado alcalde del Roble, Sucre, recibió como amenaza, una carta firmada por el "autodenominado "ejército anti restitución. La misiva le llegó acompañada de 10 velas blancas. Díaz se preocupó pero no retrocedió pues lo suyo es justo.
A Díaz le llamó la atención que en la carta le decían "sabemos quién es y lo tenemos ubicado. Eres uno de los hijueputas que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de los terrenos a los verdaderos propietarios (?) antes de que este gobierno traidor les dé un grano de tierra acabaremos con todos". Al final de la misiva firmó el "ejército anti restitución" que agregó: "llegamos para quedarnos".
"Yo tengo esquema de seguridad pero estoy tomando medidas para que no se repitan los hechos", manifestó Díaz y agregó que "esta es la primera amenaza en Sucre".
¿Dónde están, quiénes son?
La presencia de estos autodenominados ejércitos anti restitución de tierras en zonas donde ahora los campesinos reclaman sus parcelas fue denunciada por el representante a la Cámara Iván Cepeda.
Según Cepeda, "estos ejércitos que están intimidando y amenazando a varios líderes campesinos, y que en el gobierno del presidente Santos, 26 de los que han luchado por la tierra han sido asesinados, y van más de 60 en los últimos 10 años, es una realidad. Consideramos necesario que se proceda con una política integral para erradicarla".
Fuentes de Inteligencia de la Policía revelaron a este diario que las zonas en que según las denuncias han comenzado a operar los llamados "ejércitos" anti restitución son la "costa Atlántica, Urabá antioqueño y chocoano, Catatumbo, Meta, Putumayo y Caquetá".
"Ellos operan con control de todo el territorio. Algunos tienen jerarquías, imparten órdenes a la población, amenazan a líderes sociales y dirigentes campesinos y hasta realizan asesinatos selectivos", precisó la fuente. Sin embargo, aseguró que muchas de estas intimidaciones se dan porque buscan "proteger corredores estratégicos para sacar droga o linderos de fincas que quieren vender a otros".
Las primeras pesquisas del investigador indican que detrás de las intimidaciones hay particulares que les están pagando a estos ejércitos "para quedarse con predios importantes para el narcotráfico y que en muchas de las zonas las bandas criminales han comenzado a oficiar como ejércitos anti restitución".
La teoría fue confirmada por el general David Guzmán , comandante de Policía de la región 6, quien expresó que "hay bandas criminales con amenazas e impidiendo la restitución en algunas zonas".
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño , adujo que se tiene conocimiento que en el departamento "las bandas criminales han amenazado líderes que buscan la restitución. No lo han hecho como un ejército organizado para eso sino como un proceso de intimidación y mantenimiento de rentas ilegales".
Vamos a proteger con toda
El presidente Juan Manuel Santos ha reconocido la existencia de estos ejércitos que se oponen a la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El jueves, luego de la aprobación del Marco Jurídico para la Paz, Santos enfatizó en combatir estas estructuras y advirtió: "que sepan los enemigos de cualquier flanco que vengan de la criminalidad abierta y oculta, vamos a defender la ley con alma, vida y sombrero".
El Jefe de Estado declaró que se protegerán a todos los amenazados y que el gobierno hará "lo que esté en nuestras manos" para sacar adelante la reparación, en cuatro años de su período, de por lo menos 350 mil personas.
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