Columnas y vigas con dimensiones insuficientes, errores graves en el cálculo de las cargas, elementos estructurales que trabajan muy cerca de sus límites de seguridad y, en general, una estructura que no soporta su propio peso y sin capacidad para resistir las cargas sísmicas. Estas son, según la Alcaldía de Medellín, algunas de las conclusiones del estudio de patología estructural que motivó la orden de evacuación de la unidad residencial Colores de Calasania, construida por Vifasa, otra de las compañías del Grupo CDO.
Acatando la orden de Policía número 20 de abril 26 de 2014, los residentes de los 377 apartamentos del conjunto residencial continuaron la evacuación que algunos de ellos ya habían iniciado el viernes, de forma voluntaria, antes de que se conocieran las dimensiones del problema estructural de los edificios y el nivel de riesgo que representa habitarlos. Lo hicieron con autorización solo para retirar elementos de primera necesidad y sin información precisa sobre el momento en que podrán regresar a sus apartamentos para retirar el resto de sus enseres.
Esa posibilidad depende de un cronograma que tendrá que presentar la firma constructora en los próximos días y que, según dijo Carlos Alberto Gil, director del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), seguirá un protocolo que debe iniciar en los pisos superiores, tal y como ocurrió en la unidad residencial Space tras el colapso de una de sus torres el 12 de octubre de 2013.
"Es una decisión difícil", dijo el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, en la rueda de prensa citada para dar a conocer las conclusiones del estudio y las determinaciones que tomó el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo en una reunión que se inició el sábado en la mañana con la participación del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, y funcionarios de diferentes dependencias municipales.
"Afecta a muchos ciudadanos, estas edificaciones tienen 377 viviendas, no todas están siendo habitadas, pero sí una buena mayoría. Por eso a estos ciudadanos queremos enviarles un mensaje de solidaridad y de acompañamiento", dijo Gaviria, quien anunció de forma pública la medida minutos después de que se iniciara el proceso de evacuación en la unidad residencial ubicada en la calle 54 número 86 A 35.
El alcalde agregó que la constructora CDO tendrá un plazo de tres meses para presentar a las autoridades un estudio que demuestre la viabilidad de una repotenciación de la estructura con el propósito de que cumpla la normatividad de sismo resistencia, también dijo que durante el tiempo que dure la contingencia en Colores de Calasania la empresa tendrá que asumir los costos de las soluciones de vivienda para los afectados. Por su parte, la administración municipal iniciará los trámites para congelar el cobro de servicios público.
Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, dijo que esa cartera respalda las determinaciones de las autoridades locales e insistió en que la responsabilidad recae sobre la empresa constructora.
"Tienen la obligación de responderle a las familias no solamente en este proceso transitorio de arrendamiento, también en el desenlace final que den los estudios sobre el edificio, esa es una responsabilidad del constructores", dijo el ministro.
"Quiero llamar a la calma bajo la óptica de que este caso obedece al mismo constructor y al mismo diseñador, sigue siendo un caso identificado y excepcional en el sector de la construcción", agregó Henao en referencia a los casos de Space, Asensi y Continental Towers, proyectos del grupo CDO desarrollados con los diseños estructurales del ingeniero Jorge Aristizábal Ochoa.
Medidas cautelares de la Superindustria
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, dijo que esa entidad permanecerá atenta al caso para que la constructora cumpla lo estipulado en el estatuto del consumidor.
"La Superintendencia de Industria y Comercio decretó medida cautelar contra la constructora Vifasa CDO que debe asumir con su patrimonio el traslado de los habitantes de ese conjunto residencial a otras alternativas de vivienda o, en su defecto, suministrarles un subsidio de arrendamiento mensual mientras se decide el futuro de ese conjunto residencial", dijo Robledo.
"Es una medida de obligatorio e inmediato cumplimiento, no tiene recurso alguno y su incumplimiento puede dar multas de hasta 1.000 salario mínimos legales sucesivos". El superintendente aclaró, sin embargo que "en el pasado empresas de este mismo grupo económico han venido suministrando subsidios sin que haya mediado una orden".
Aunque la Alcaldía de Medellín informó que en horas de la tarde del sábado se hicieron presentes representantes de la compañía constructora en Colores de Calasania, por el momento no se conoce un pronunciamiento oficial sobre el caso.
