Cientos de mujeres, que recibieron implantes mamarios defectuosos, se reunieron este miércoles en el sur de Francia para asistir al juicio, por fraude, de cinco ejecutivos, los cuales enfrentan cargos por utilizar silicona industrial barata en decenas de miles de prótesis vendidas en todo el mundo.
Jean-Claude Mas, que fundó y operaba al fabricante de implantes Poly Implant Prothese, se encuentra entre los que están siendo juzgados en la ciudad sureña de Marsella.
La compañía solía afirmar que su fábrica en Francia exportaba a más de 60 países y era una de las líderes mundiales en la fabricación de implantes. Estos, que según las autoridades tienen propensión a sufrir rupturas y fugas, no fueron vendidos en Estados Unidos, pero más de 125.000 mujeres en todo el mundo los recibieron hasta que las ventas llegaron a su fin en marzo de 2010.
De ellas, más de 5.000 participan en el juicio como demandantes, pues dicen que los ejecutivos las engañaron para que creyeran que los implantes eran seguros.
Nathalie Lozano, una abogada colombiana quien dice representar a más de 1.500 mujeres que han tenido problemas con los implantes de PIP, dijo que acudió a Marsella con el fin de buscar justicia para clientes que carecen de los recursos para pagar atención médica tras la colocación del implante.
Lozano se refirió a algunos casos de mujeres que ni siquiera cuentan con los medios para someterse a exámenes y saber en qué estado están sus implantes, si ya se rompieron o no.
De acuerdo con varios cálculos gubernamentales, más de 42.000 mujeres en Gran Bretaña recibieron los implantes, más de 30.000 en Francia, 25.000 en Brasil y 15.000 en Colombia. Venezuela, donde los implantes PIP gozaban de enorme popularidad, ofreció retirar los implantes en forma gratuita para las aproximadamente 16.000 mujeres que los tenían, al igual que Francia.
Los abogados aseguraron que el número de mujeres enlistadas en el caso como víctimas es el más elevado en la historia judicial de Francia y dijeron que el juicio es demasiado difícil de manejar como para que continúe.
La atestada sala de audiencias tenía seis pantallas gigantes de televisión para permitir que todos pudieran ver, incluso los que estaban hasta atrás.
Los acusados enfrentan la posibilidad de pasar cinco años en la cárcel si son declarados culpables.
El fundador de la compañía no quiso hacer comentarios cuando entró al centro de convenciones, transformado en tribunal para que pudieran asistir todos los que participan en el juicio. Ha dicho que nunca pretendió hacer daño y sus abogados indicaron que la desaparición de la empresa lo arruinó financieramente.
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