Una comisión de congresistas opositores prepara una lista de más de cien detenidos y exiliados que será entregada al gobierno para que a través de un posible proceso de amnistía se les permita obtener la libertad a los presos y retornar al país a los exiliados, se informó el viernes.
La oposición espera incluir a alrededor de 87 exiliados, además de 22 de los llamados "presos políticos", en el listado de posibles beneficiarios del proceso de amnistía que se entregará al vicepresidente Nicolás Maduro el 2 de diciembre, dijo a la prensa el diputado opositor Edgar Zambrano, miembro del grupo.
Maduro y la Procuradora General, Cilia Flores, se reunieron el pasado 12 de noviembre con Zambrano en la sede de la Cancillería para evaluar los casos de los detenidos y exiliados, y un posible proceso de amnistía.
Parte de la comisión opositora viajó recientemente a Costa Rica, Panamá y Perú para contactar a 39 exiliados políticos venezolanos, que huyeron del país en la última década, para incluirlos en el listado de posibles beneficiarios del proceso, indicó Zambrano a la AP en una entrevista telefónica.
Entre los exiliados entrevistados está Manuel Rosales, exalcalde de la ciudad occidental de Maracaibo y excandidato presidencial, quien tras ser acusado por hechos de corrupción huyó del país en el 2009 y se fue a Perú donde le otorgaron asilo.
Zambrano expresó que en los próximos ocho días algunos de los miembros de la comisión viajarán a Miami, Madrid y Bogotá para conversar con más de 20 exiliados que viven en esas ciudades.
La comisión opositora está integrada por Zambrano, sus colegas Hernán Alemán, Biaggio Pilieri y Oscar Ronderos, y el secretario de asuntos Internacionales del partido Acción Democrática, Mauricio Poler.
Uno de los exiliados que será contactado próximamente por la comisión es el empresario Pedro Carmona, que asumió el gobierno durante el fallido golpe de abril del 2002, y que vive en Colombia desde ese año tras recibir un asilo.
En la última década decenas de políticos, militares, empresarios, exfuncionarios públicos huyeron del país alegando ser unos perseguidos políticos del gobierno del presidente Hugo Chávez, quien ha rechazado la afirmación asegurando que muchos de los exiliados abandonaron Venezuela para evadir los procesos judiciales pendientes en su contra.
Chávez ha negado que tenga en las cárceles a "presos políticos" como sostiene la oposición. "Aquí se nos acusa que violamos los derechos humanos, que perseguimos a la gente, lo cual es absolutamente falso, y ahí está el reconocimiento que nos ha dado el mundo aprobando, por una mayoría abrumadora, el ingreso de nuestro país al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas", declaró el mandatario el pasado 16 de noviembre durante una reunión con sus ministros.
Sobre la vía que se seguiría para lograr el posible regreso de los exiliados o la liberación de los detenidos opositores, Zambrano dijo que "todos los mecanismos son válidos, ley de amnistía, indulto, beneficio procesal, medidas humanitarias", y agregó que eso de definirá en las conversaciones con el gobierno. "Lo que estamos haciendo es con la validación del presidente de la República", agregó.
Zambrano introdujo este mes en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Amnistía promovido por los familiares y los propios detenidos. La oposición acordó promover un proceso de amnistía atendiendo un llamado al diálogo que realizó Chávez tras lograr una tercera relección para un período de seis años en los comicios del pasado 7 de octubre.
Uno de los casos de los llamados "presos políticos" que ha adquirido relevancia recientemente es el de la jueza María Lourdes Afiuni luego que se divulgó en la víspera parte del texto de un libro de la jurista en el que ella denuncia que fue violada en el penal de mujeres donde fue recluida a finales del 2009.
Una de las abogadas de la jueza, Thelma Fernández, exhortó el viernes a las autoridades a abrir una investigación para establecer los posibles responsables de la violación de Afiuni, hecho que ocurrió a finales del 2009 pero que la magistrada no denunció en su momento debido al trauma que le generó el hecho según reconocieron sus defensores.
La directora de la región centro occidental del Ministerio de Servicio Penitenciario y exdirectora de la cárcel de mujeres donde estuvo recluida la juez, Isabel González, negó el viernes la denuncia de Afiuni y declaró a la prensa que solicitará "un procedimiento penal, civil y administrativo por difamación e injuria".
González señaló en una conferencia de prensa que las acusaciones que hace la jueza en su libro son "falsas", y que durante su permanencia en el centro carcelario estuvo recluida en una habitación sola, en un área de máxima seguridad, donde era custodiada por personal femenino y estaba prohibida la entrada de hombres.
