Continúa la lucha de los poderes públicos en Colombia. Y por tanto el camino a la desinstitucionalización del país si no se le pone punto final a esta miope guerra de confrontaciones y arrogancias. No pasa una semana sin que una de las ramas del poder inculpe a la otra por este o aquel motivo. Las mutuas sindicaciones de supuestas persecuciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional y las acusaciones de varios congresistas por presuntas irregularidades en el trámite de los procesos de la parapolítica, han ocupado gran parte de la agenda nacional.
Las altas dignidades del Estado no pueden perder su rumbo, pues por andar acusándose y defendiéndose pueden llegar a distorsionar las funciones para las cuales fueron nombradas o elegidas. Necesitamos una Rama Judicial sometida sólo al imperio de la ley. Un Congreso consultando la justicia y el bien común. Y un Ejecutivo cumpliendo la Constitución, las leyes y garantizando los derechos y libertades de todos los colombianos. Tal como se los ordena la Carta Magna a todos, sin excepción alguna.
Desde el domingo los colombianos estamos asistiendo a otra preocupante discrepancia entre la Corte Suprema y el Gobierno, por causa de las reuniones de asesores de la Presidencia de la República con delegados del ex paramilitar alias "Don Berna". Según palabras del presidente del Alto Organismo Judicial, "hay una estrategia montada desde un sector del gobierno contra la Corte para deslegitimar sus decisiones, para desacreditar a los magistrados". De acuerdo con el presidente Álvaro Uribe, "el gobierno tiene por norma recibir personas que anuncien traer información importante para el orden público. No se dieron a conocer esas pruebas porque eran irrelevantes y no han terminado de trascribirlas".
Sea quien sea el que tenga la razón, lo cierto es que las dos ramas deben buscar los mecanismos que les permitan encontrar las salidas jurídicas y políticas adecuadas para el bien del país, sin detrimento de la institucionalidad y la gobernabilidad. ¿Se les olvidó que trabajan para el mismo objetivo, el de cumplir con los fines del Estado Social de Derecho? ¿Dónde está su colaboración armónica? ¿Acaso no están buscando las dos la verdad sobre el paramilitarismo y la parapolítica? ¿No tienen pues cada una el interés de conocer la realidad de lo sucedido, hacer justicia e indemnizar a las víctimas? Esos compromisos son los que los ciudadanos esperamos que nos cumplan.
Por eso vemos con beneplácito la presencia de organismos internacionales que, como la Corte Penal Internacional (CPI), ayudan en la lucha trasnacional contra los delitos de lesa humanidad. La visita del Fiscal de la CPI a Colombia, Luis Moreno Ocampo, es una garantía más en el complejo proceso de la Ley de Justicia y Paz, con el fin de que se asegure el juzgamiento de los máximos responsables de dichos crímenes, ahora en Estados Unidos, incluyendo a los dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados.
Los colombianos no queremos la impunidad, y menos la de delitos atroces. Bienvenidas todas las investigaciones que conduzcan a reafirmar nuestro apego a la legalidad. Pero tampoco podemos pecar por ingenuidad. Los enemigos del Estado pueden estar al acecho.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
